Desde comienzos de la república las comunidades afrocolombianas e
indígenas vienen siendo violentadas por la voracidad de grandes
compañías nacionales y extranjeras, con el beneplácito de los
diferentes gobiernos nacionales y regionales. Un ejemplo de ello fue la
Compañía Minera Chocó Pacifico S.A., filial de la International Mining
Corporation de New York, la cual a su vez adquirió derechos y activos
de otras compañías inglesas, belgas y francesas que venían operando en
la región desde 1.880.
Por más de 70 años desarrolló actividades mineras de saqueo del oro, el
platino, uranio, Iridium, paladium y otros minerales estratégicos en el
Chocó, sur del pacifico, Frontino y Bajo Cauca Antioqueño. Y en sus
actividades de saqueo destruyó las economías autóctonas que venían
desarrollando las comunidades, causó graves daños a las culturas
ancestrales, devastó ecosistemas, especies maderables y acuáticas.
Esta compañía, después de agotar los recursos alcanzables con las
tecnologías de que disponía, a nivel de alta rentabilidad, para
marcharse en 1974, burlándose de compromisos con sus trabajadores y
jubilados, con las comunidades y con la nación, se asoció en patrañoso
negociado con la empresa Mineros de Antioquia, de la cual es accionista
mayoritaria la familia del presidente Álvaro Uribe Vélez, que se quedó
con los mejores activos que la empresa yanqui debió haber revertido a
la Nación Colombiana por vencimiento de concesión, para lo cual usaron
como fachada la razón social "Mineros Colombianos S.A.". Dejando
finalmente una dramática situación social de pobreza, miseria, atraso y
desesperanza.
Para el desarrollo de sus actividades la Chocó Pacifico se soportaba
en concesiones expedidas por los gobiernos nacionales, en el respaldo
de la fuerza pública y de autoridades judiciales. Hoy las comunidades
indígenas y afrocolombianas del Chocó están viviendo una situación
similar, con la presencia de las empresas cultivadoras de palma
aceitera para los biocombustibles, ligadas a capitales transnacionales,
compañías petroleras extranjeras y en particular, con la presencia de
la empresa estadounidense Muriel Mining Co, respaldada por la fuerza
pública - y quizás también por paramilitares como ha ocurrido con las
empresas bananeras gringas asociadas con empresarios nacionales, que
han promovido y financiado las peores masacres y crímenes de lesa
humanidad en la región de Urabá - con el propósito de saquear depósitos
naturales de oro, cobre y molibdeno en Jiguamiandó y el Cerro
Careperro.
Para lo cual se ampara en una concesión expedida por el actual
Gobierno Nacional sobre un territorio de 16.000 hectáreas
aproximadamente, sin contar con los respectivos acuerdos previos
concertados con las comunidades indígenas y afrocolombianas pobladoras
ancestrales de estos territorios y portadoras de títulos colectivos
sobre los mismos, como ordenan nuestra Constitución Nacional, leyes
nacionales y convenios internacionales. Coincidencialmente esta
compañía se estableció en Medellín desde mediados de los años de 1.990,
compartiendo negocios con Mineros de Antioquia, cuando era gobernador
de este departamento Álvaro Uribe Vélez.
Precisamente, para evitar la continuidad de los abusos y la
acelerada destrucción de los ecosistemas de parte de compañías
nacionales y extranjeras, y de particulares, los representantes de las
comunidades afrocolombianas lograron introducir en la Ley 70 de 1.993,
la titulación colectiva de los territorios ancestrales y la consulta
previa con las mismas para la realización de cualquier tipo de proyecto
u obra dentro de estos, o que las afecten. De allí que los/as
afrocolombianas/os en cabeza de sus organizaciones de base y de los
espacios autónomos de las comisiones consultivas departamentales y
nacional debemos respaldar las luchas de las comunidades
afrocolombianas e indígenas de Jiguamiandó-Cerro Careperro, al tiempo
que exigimos al Gobierno Nacional el cumplimiento de la constitución y
las leyes en relación con el respeto y protección de sus derechos.
Asimismo, consideramos que la Comisión Consultiva Nacional, desde su
Espacio Autónomo, está en mora de denunciar estos hechos violatorios de
los derechos humanos, colectivos y civiles ante los organismos
internacionales correspondientes y ante la opinión pública. Hay que
dejar tanto gobiernismo y no perder de vista que los consultivos
representan intereses comunitarios que deben defender a como de lugar,
y en consecuencia, deben mantener una actitud vigilante, propositiva y
crítica. Sobre todo hay que dejarse de lambonerias con un gobierno como
el actual que solo ha sido hipócrita, inconsecuente y represivo con
nuestras comunidades.
Por otra parte, compartimos la preocupación del Colectivo de
Estudiantes Universitarios Afrocolombianos, CEUNA, en relación con la
actitud indiferente y hasta de silencio cómplice de la Comisión
Consultiva Nacional de Comunidades Afrocolombianas, Espacio Autónomo,
frente al TLC entre nuestro país y USA, ya que este tratado no se
limita solo a acuerdos comerciales, sino que incluye disposiciones
dañinas sobre múltiples aspectos socioeconómicos, culturales,
ambientales y judiciales.
Tales como:
1. Privilegia la operación del capital norteamericano, lo cual va en
detrimento del desarrollo nacional y sobre todo, de la generación de
oportunidades de empleos e ingresos.
2. Privilegia los derechos de propiedad intelectual a favor de las
transnacionales, lo cual constituye un peligroso riesgo de usurpación
para los saberes ancestrales, para los/as intelectuales,
investigadores/as y científicos/as nacionales.
3. Traslado de importantes potestades de nuestros tribunales de
justicia a órganos supranacionales, en materias laborales y de medio
ambiente.
4. Liberalización de los servicios públicos y privados, que
conllevaría a un peligroso control de compañías norteamericanas sobre
resortes claves de nuestras economía y vida social, a través de lo cual
se daría continuidad a la permanente descapitalización de nuestro país
y al envilecimiento de la mayoría de las familias colombianas que se
encontrarían con grandes dificultades para cancelar las costosas
facturaciones, como ya viene ocurriendo con el sistema bancario y las
telecomunicaciones.
5. La educación media, técnica, tecnológica y universitaria, quedan
dentro de la posibilidad de ser totalmente privatizadas y en buena
parte manejadas por negociantes extranjeros, que la convertirían en uno
de sus jugosos negocios, lo cual limitaría al extremo las posibilidades
de acceso y permanencia a los hijos de los trabajadores, campesinos y
familias de bajos ingresos, además de fortalecer las condiciones para
la continuidad de modelos y procesos educativos favorables a los
intereses colonialistas, descontextualizados de nuestras realidades
nacionales y de las aspiraciones de bienestar y progreso socioeconómico
de nuestras comunidades.
6. Obliga a patentar vegetales vivos a las transnacionales, con lo
cual se pondrá en riesgo el conocimiento y prácticas culturales
ancestrales y nuestra seguridad alimentaria.
7. No obliga a cumplir los convenios y tratados internacionales
sobre biodiversidad y medio ambiente, ya que Estados Unidos se ha
negado a firmarlos, ni es miembro de los mismos, lo cual podría traer
una acelerada destrucción de nuestros ecosistemas y del equilibrio
ambiental en general por la voracidad de las compañías transnacionales.
8. Nuestros campesinos y demás productores nacionales quedarían en
desventajas frente a los estadounidenses, por los altos subsidios
estatales que reciben estos últimos y por las tecnologías mucho más
avanzadas de que disponen, lo cual pondría en peligro nuestra seguridad
alimentaria y traería la quiebra masiva de las empresas nacionales y su
absorción por las norteamericanas, las cuales por su alta concentración
tecnológica y su orientación colonialista reducen a la más mínima
expresión las oportunidades de empleo.
9. Todo es considerado mercancía, objeto de negocio y de
sometimiento al mercado, incluida el agua, la cual queda dentro de la
posibilidad de ser privatizada y de entregar el manejo de nuestras
fuentes hídricas a compañías transnacionales, que también la
convertirían en un jugoso negocio más, lo cual constituye un inminente
peligro para la vida misma.
10. Las comunidades afrocolombianas e indígenas, y sus organizaciones,
con sus acuerdos previos y su defensa del medioambiente, del equilibrio
ecológico, se convierten en obstáculos para la implementación del TLC,
y pueden ser acusadas de violadoras del mismo, terminando muchos/as de
nuestros/as dirigentes, y nuestro propio país, juzgados/as en
tribunales internacionales. Por tanto, no deben sorprendernos los
comportamientos arrogantes de la Muriel Mining Co; a lo mejor su
dirigencia sueña con el TLC como un hecho.
No podemos perder de vista que la superación definitiva del pueblo
afrocolombiano está ligada a cambios estructurales en la sociedad
colombiana, lo cual obliga a conocer y mostrar preocupación por los
grandes problemas nacionales, a contextualizarnos con las situaciones
mas relevantes del país y del mundo, a marchar cogidos de las manos con
el resto del movimiento popular, democrático y progresista; al tiempo
que ponemos en escena nuestras reivindicaciones particulares.
Creemos que es esta la más grande lección que entrega a los demás
movimientos afros y populares del mundo, el Movimiento Social
Afroestadounidense, con sus máximas conquistas representadas en la
mejora del reconocimiento social y de las condiciones de vida de
amplios sectores del pueblo afroestadounidense, el logro de una gran
bancada parlamentaria y el ascenso a la presidencia de Obama.
Por todo lo dicho, nuestra dirigencia, representada en
organizaciones de base y especialmente en los espacios autónomos de
nuestras consultivas, deben manifestarse en contra del TLC entre
Colombia y los Estados Unidos por ser lesivo a los intereses de
nuestras comunidades y de nuestro país, y exigir su revocatoria porque
para su firma no se tuvo en cuenta claros mandatos constitucionales y
legales, y de tratados y convenios internacionales, como son el acuerdo
previo, la participación de nuestras comunidades en la toma de
decisiones en los asuntos que las afecten y el respeto a sus
territorios.
El Estado Colombiano aun tiene una gruesa e histórica deuda con el
pueblo colombiano y en particular con nuestras comunidades
afrocolombianas e indígenas, para que a estas alturas, con altas dosis
de cinismo e irresponsabilidad, pretenda el gobierno actual ponernos en
manos de unos comerciantes colonialistas, a quienes solo les interesa
maximizar sus utilidades económicas y financieras. Tenemos que
propender porque nuestro país establezca y mantenga relaciones de todos
los tipos éticamente posibles y mutuamente provechosas, con todos los
países del mundo, en la medida que contribuyan a nuestro desarrollo
autóctono y a la generación de bienestar social. www.ecoportal.net
El Mercurio Digital http://elmercuriodigital.es