LAGO AGRIO UN SITIO DONDE LOS VAMPIROS HCIERON SU AGOSTO

[Vlado de Valaquia]

EL ESPECTADOR
Viaje por la ruta que llevó el conflicto armado colombiano al
Ecuador
El lado agrio de la frontera

El Espectador recorrió desde Mocoa hasta Lago Agrio, en la provincia
de Sucumbíos, donde la guerra hace transitar a la gente por insólitos
caminos y los campesinos están dejando el negocio de la base de coca
para convertirse en 'inversionistas'.
Enrique Rivas G./ Enviado especial al Putumayo y Lago Agrio, Ecuador





sábado, 08 de diciembre de 2007

El hecho de ser teatro esencial de operaciones militares contra las
Farc, territorio experimental del Plan Colombia contra el narcotráfico
y el departamento donde han ocurrido los más espantosos crímenes
contra civiles, mantienen al Putumayo en una interminable crisis
social. Una situación que sin ser un propósito, también debilita la
frágil frontera social y política con Ecuador, desde donde siguen
creciendo los reclamos por la exportación del conflicto armado
colombiano a su territorio.

Tras un extenuante recorrido a través de accidentadas carreteras desde
la ciudad de Mocoa, El Espectador llegó hasta el casco urbano de La
Dorada (Putumayo), cabecera municipal de la región de San Miguel,
donde la lucha contrainsurgente y la ofensiva del Gobierno para
erradicar los cultivos de coca se mantienen al rojo vivo, empujando
día a día sus efectos hasta el cantón de Lago Agrio, región ubicada en
la provincia de Sucumbíos, al norte de Ecuador.

Luego de atravesar una decena de poblados con viviendas de tabla y
zinc enmohecido, que abrazan con su pobreza las polvorientas
carreteras que bordean la selva amazónica, la penúltima estación del
viaje es La Hormiga. Un municipio sobre el Valle de río Guamuez donde
indígenas, mercaderes, contrabandistas o guerreros esperan impacientes
la salida de camionetas y taxis para dirigirse a La Dorada, último
tramo del trayecto hacia el Puente Internacional de San Miguel, donde
una línea imaginaria divide la frontera viva entre Ecuador y Colombia.

Llegar a La Dorada es estrellarse con una realidad social crítica y un
pasado truculento, en el que guerrilleros, paramilitares y
narcotraficantes terminaron por crear un territorio sin Dios ni ley.
Una zozobra a la que 4.956 habitantes del casco urbano han estado
sometidos a diario desde 1999. Desasosiego que, además, impuso una
absurda lógica: el fusil que más duro suene es el que define los
destinos de esta población en el Putumayo.

Un clima de angustia con una historia que apenas se empieza a
reconstruir porque los extensos cultivos de coca que se encontraban a
lo largo y ancho de la vía que de Puerto Asís conduce a La Dorada, y
que en 2000 llegaron a alcanzar 66.000 hectáreas en todo el Putumayo
(un 40% de la producción nacional en ese momento), hoy ya no están.
Como tampoco existen los retenes que servían de parapeto para cobrar
los 'impuestos' a los cocaleros con el fin de controlar buena parte de
los 13 municipios del departamento.

Hoy, en la misma vía sólo se encuentran casas abandonadas y veredas
con puñados de familias esperando qué hacer. En La Dorada, por
ejemplo, la 'fumiga', como le dicen a la aspersión de glifosato sobre
las matas de coca y productos de pan coger, acabó el negocio de los
cultivos ilícitos. Únicamente queda un turbulento pasado en el que la
confrontación armada dejó más de 3.000 civiles muertos y, según cifras
extraoficiales, 80.000 desplazados, muchos de los cuales terminaron
pidiendo refugio o asilo político en Lago Agrio, Ecuador.

Fueron años en los que el flujo del producido de la base de coca
impuso una dinámica económica que arrastró hasta las calles de La
Dorada un verdadero contingente de prostitutas, raspachines,
malandrines y oportunistas de Colombia y Ecuador. Hoy ya nadie quiere
saber de siembras de coca, pero tampoco de improvisados planes de
sustitución de cultivos ilícitos, así como de plantas de producción de
palmitos, granjas porcícolas o proyectos de seguridad alimentaria.
Todos terminaron en el abandono.

Un desencanto que llevó a organizaciones sociales como la Mesa
Departamental del Putumayo o la Mesa Municipal de Organizaciones
Campesinas a plantearles a los gobiernos nacional y departamental un
Plan de Desarrollo con el que se pretende buscar alternativas de
producción agrícola y manejo de recursos locales sin la sombra de los
cultivos de hoja coca. Sin embargo, mientras estos planes se
materializan, los campesinos protagonizan una insólita forma de
ganarse la vida.

Ahora imperan las pequeñas oficinas llamadas 'grupos de inversión',
donde cada persona deposita $130.000 o más y al cabo de un mes recibe
una cifra igual en ganancias. Hay sitios en los que se ofrecen
intereses hasta del 250% anual, de ahí que los campesinos estén
acuñando una frase que hoy recorre los 24.885 kilómetros cuadrados del
Putumayo: "Pasamos del negocio de la hoja de coca a las ganancias de
las hojas de papel". Una economía que se intenta reacomodar con
sorprendentes negocios de papel en La Dorada y La Hormiga.

Del inmediato pasado sólo queda el componente militar del Plan
Colombia que pretende --de la mano de los Estados Unidos--, seguir
erradicando cultivos de coca y aniquilando la presencia de las Farc.
Un componente que el 3 de noviembre pasado llegó hasta Santa Rosa de
Sucumbíos (Ecuador), donde el Ejército y las Farc terminaron
enfrentándose. Una confrontación que llevó al ministro de Defensa
ecuatoriano Wellington Sandoval, a afirmar que su país limitaba por el
norte con las Farc y el Eln, referenciando así la falta de control
militar en 600 kilómetros de frontera.

La afirmación del ministro se dio después de varias acciones militares
que terminaron en territorio ecuatoriano. En marzo 22, una granada
impactó una casa ubicada en el sector de La Bocana; en julio 7, las
Farc lanzaron cilindros explosivos desde Ecuador hasta el
corregimiento de Teteyé, y los días 13 y 14 de este mismo año, dos
granadas de mortero explotaron en una casa de Pueblo Nuevo.

Donde más se siente el conflicto es en Lago Agrio, población a la que
diariamente llegan desplazados, prostitutas, delincuentes,
paramilitares y guerrilleros. Según Pastoral Social, hasta junio de
este año, producto de combates y ' fumiga' en territorio colombiano,
1.000 personas solicitaron refugio. Una crisis social que tiene a 80
familias en este mismo cantón de la Provincia de Sucumbíos, generando
desempleo y actos delincuenciales en los que siempre están
involucrados colombianos.

Una crisis que desgasta e inquieta al gobierno ecuatoriano, pues ha
tenido que generar, desde 2000, recursos económicos y humanos para
atender las consecuencias del conflicto armado que se trasladó hasta
su patio. A tal punto que paramilitares y guerrilleros libran una
lucha a sangre y fuego en las propias calles de Lago Agrio. Según
estadísticas del área de movilidad humana de la Iglesia Católica, en
este poblado ecuatoriano, en 2005, se produjeron hasta 8 muertes
diarias, todas atribuidas al traslado de la confrontación armada de
Colombia.

Un fenómeno que genera reacciones de odio hacia los colombianos y que
aumentó desde el pasado 21 de julio con el asesinato de la intendente
de Policía Irene Guerrón, quien había expresado públicamente su
descontento por el continuo ingreso de compatriotas a la región. Por
eso, buena parte de los habitantes de Lago Agrio no son solidarios con
los refugiados. Todo lo contrario, para ellos, una cosa es la frontera
política que se maneja desde Bogotá y Quito y otra es la frontera viva
que subsiste del comercio, del tráfico de armas, de comprar gasolina y
gas doméstico y de la confrontación armada que llega de Colombia.

Las fosas comunes que cuentan la historia

Sobre el mediodía del domingo 25 de noviembre, un cortejo fúnebre que
recorrió a paso lento las principales calles de La Dorada (Putumayo)
llenó de rabia y melancolía a sus habitantes. La ceremonia, encabezada
por un joven que llevaba un pequeño féretro de madera café en sus
manos, terminó en el cementerio del pueblo, destino final del
descuartizado cuerpo de Libardo Guerrero, quien había desaparecido
hacía siete años.

Los restos de Libardo fueron entregados a sus deudos junto con otros
16 cuerpos el día anterior en La Hormiga, la principal población del
Valle del Guamuez, que colinda con el municipio de San Miguel --La
Dorada--, regiones fronterizas con Ecuador, donde se han encontrado,
entre junio de 2006 y este año, 228 víctimas del paramilitarismo en
cerca de 70 fosas comunes. Los cementerios clandestinos han sido
hallados en las veredas El Tanque, La Balastrera, La Marranera, El
Placer, El Paraíso, El Arco, La Bocatoma y Las Calaveras, sitios en
los que según la Fiscalía, podría haber unos 3.000 muertos, entre
ellos 500 ecuatorianos.

La escena de ese domingo fue bastante especial para los habitantes,
porque el cuerpo de Libardo Guerrero no sólo les recordó cerca de una
década de horror, sino que inmediatamente les trajo a la memoria la
muerte de Ligia Meneses hace tres semanas, en la plaza de mercado. La
víctima fue una de las personas que denunciaron recientemente ante la
Fiscalía el aniquilamiento de su familia.

El entierro de Guerrero los trasladó también al 9 de enero de 1999,
día en el que las autodefensas del Frente Sur del Putumayo entraron a
sangre y fuego a la inspección de El Tigre -- jurisdicción de La Hormiga
--, y asesinaron a 26 campesinos, muchos de los cuales fueron
degollados y lanzados a las aguas del río Guamuez.

Fueron a la vez tiempos en los que la forma de sacrificar a las
personas no tuvo fronteras. Cuentan los habitantes, en voz baja, que
luego del ingreso de las Auc a La Dorada en 2000, se implantaron
normas de comportamiento individual y colectivo, se fijaron horarios a
los bares y discotecas, impusieron 'vacunas' y ejecutaron a los que
ellos consideraban miembros de las Milicias Bolivarianas. Según los
pobladores, la situación llegó al punto de que todo el mundo era
sospechoso, hecho que generó el abandono de buena parte del municipio,
de ahí que La Dorada pasó de 25.000 habitantes a tan sólo 14.480.

También eran tiempos en los que guerrilleros que cambiaron de bando
terminaron señalando a quienes fueron sus colaboradores. Una sentencia
a muerte que comenzaba con la sacada de las víctimas de sus casas para
ser llevadas al campo, donde las obligaban a cavar tumbas y, luego de
un tiro de gracia, las descuartizaban o, en algunos casos, los
verdugos terminaban practicando el canibalismo.

Había días en los que la guerrilla corría del pueblo a las
autodefensas a punta de plomo, y en otros, los 'paras' haciendo lo
mismo con las Farc. Una confrontación que en los últimos nueve años
provocó el desplazamiento de 12.762 familias, muchas de las cuales
salieron en estampida hacia Lago Agrio (Ecuador).

Pero la rabia que produjo el cortejo fúnebre ese domingo no fue
únicamente por los crímenes que día a día se sucedían en el pueblo. Lo
era también por tantos años de impunidad, en que la función de la
justicia fue apenas un saludo a la bandera.

La insólita historia de la injusticia provocó reacciones como la del
comerciante José Hurtado, quien organizó el 28 de enero de 2005 una
marcha para señalarles a las autoridades las casas donde vivían los
paramilitares. Aún así, los violentos no perdonaron la acción, Hurtado
fue asesinado el mismo día y 40 comerciantes que lo acompañaron en su
protesta debieron abandonar La Dorada. Pero ni la barbarie ni los
desplazamientos fueron suficientes para callar a los habitantes, a
pesar de que la muerte sigue en las calles del pueblo. Una inocultable
violencia que si bien hoy se da en menos porcentaje que antes, sigue
latente como quedó demostrado con el crimen de la señora Meneses.