Ley de Medios
Domingo 18 de noviembre de 2012 
La presidenta les respondió a las cacerolas Por Joaquín Morales
Solá  
LA NACION
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Nunca había sucedido antes. Un fuero entero de la Justicia, el Federal
Civil y Comercial, fue eliminado. Jueces renunciados, excusados,
recusados o de licencia. Una sola camarista, María Najurieta, podría
tomar decisiones, pero en esa instancia se necesitan dos votos al menos.
El Gobierno entró a sangre y fuego en un fuero que no sólo tiene en
sus manos la cautelar que protege las propiedades del Grupo Clarín;
también es el lugar de la Justicia donde se preserva el derecho
constitucional a la propiedad. Jueces honestos, pero con miedo,
eligieron evadirse o postergaron decisiones hasta que el kirchnerismo
los fulminó. Ofensivas campañas mediáticas. Inconsistentes
denuncias penales. Todo eso terminó con magistrados asustados que se
fueron o los fueron.
La Presidenta dobló la apuesta después del 8-N. El 7-D será de
ella por las buenas o por las malas. El cristinismo es así: aparece
por la puerta menos prevista. Fanatizar aún más a los propios;
profundizar el rencor de los otros. No habrá distensión. ésa es la
línea política que prevaleció tras la sublevación de la clase
media. Las alusiones presidenciales a ese día de diciembre son otra
presión a la Justicia. ¿Quién se animaría a decirle a ella que
no habrá fiesta después de todos los preparativos que hizo para la
fiesta? La cabeza de Clarín es una victoria que dice necesitar
después de la derrota en las calles. Cada ministerio recibió
órdenes de hacer algo para el 7 de diciembre o para el lunes 10. Las
renuncias voluntarias de dos jueces de la Cámara Civil y Comercial,
Martín Farrel y Santiago Kiernan, tuvieron un efecto dominó. Se
cayó luego todo el fuero. Esos magistrados temieron que sus
jubilaciones fueran bloqueadas. Se reunieron con el ministro de
Justicia, Julio Alak, y acordaron dimisiones pacíficas. Jubilaciones
resguardadas. Denuncias penales archivadas. Sucedió, con todo, un
problema. Una versión indicó que el presidente de la Corte Suprema,
Ricardo Lorenzetti, les había pedido la renuncia. No fue cierto. El
malestar de la Corte alcanzó una cima nunca vista. Farrel y Kiernan
debieron soportar, frente a dos miembros de la Corte Suprema, la
reunión más tensa y violenta de sus carreras judiciales. Casi no
pudieron hablar. Se fueron de la Justicia con la cabeza baja. Otro juez
de esa Cámara, Francisco de las Carreras, ya había sido recusado por
haber viajado a Miami a un congreso de jueces latinoamericanos. Dicen
los que saben que existía un borrador de resolución rechazando sin
vueltas la recusacion a De las Carreras. Este juez podria haber tomado
decisiones luego de esa eventual decision. La resolucion que habilitaria
a De las Carreras debian firmarla los jueces Najurieta y Guillermo
Antelo. Pero desaparecio Antelo. De la noche a la mañana. Se excusó.
De las Carreras y Najurieta debían decidir luego sobre el pedido de
Clarín para ampliar la cautelar más allá del 7 de diciembre. Ahora
queda sólo Najurieta. No es suficiente.
Presuroso e insolente, Alak le envió un ultimátum a esa Cámara: en
adelante deberá decidir la Cámara en lo Contencioso Administrativo,
que es un fuero diferente con enorme influencia del kirchnerismo. El
operador judicial del gobierno en la Justicia, Javier Fernández, se
mueve ahí como dueño de casa. Su hermano, Sergio Fernández, es
camarista de ese fuero.
Alak se olvidó hasta del pudor. Su carta les ordena directamente a los
jueces lo que deben hacer en caso de vacancia absoluta de un fuero. Son
tareas propias de la Corte Suprema de Justicia. La pasó por encima. La
opción que les queda, les aclaró Alak, es llamar a los conjueces
nombrados recientemente. Todos kirchneristas o filokirchneristas. Las
alternativas oscilan entre lo malo y lo peor. El principio de la
división de poderes es una noción ya perdida en la Argentina de
Cristina.
La Presidenta quiere jueces propios resolviendo sobre el caso Clarín
para que no resuelvan nada. Hace poco asumió Horacio Alfonso como juez
de primera instancia en la causa sobre la constitucionalidad de la ley
de medios, después de otra carnicería de jueces. Alfonso, nombrado
como juez por el kirchnerismo, acaba de dictar una resolución
pintoresca: no tomará ninguna decisión sobre esa causa hasta que la
Cámara no se pronuncie sobre otros hechos. Resulta, sin embargo, que
la Cámara no tiene jueces.
Siempre quedará, es cierto, la Corte Suprema de Justicia. Pero no se
llega a ella fácilmente. Todos los expedientes que acceden a ese
tribunal deben contar con resoluciones de las dos instancias inferiores.
La constitucionalidad de la ley de medios, en manos de Alfonso, carece
de resolución en primera instancia. La cautelar que protege los bienes
mientras se decide la constitucionalidad está en poder de la Cámara,
pero casi todos sus jueces desertaron. El per saltum , que le permite a
la Corte saltar por encima de las instancias inferiores, es una
decisión odiada por los máximos jueces del país. Cada vez que la
Corte hizo un per saltum , en otros tiempos y con otros jueces,
terminó incinerada ante la opinión pública. El Gobierno se lo
impuso no más por una ley que acaba de aprobar el Congreso. El per
saltum es el reaseguro del oficialismo. Los jueces supremos del país
deberían ensuciarse con el polvo de la guerra si fuera necesario. La
Corte tendrá siempre la última palabra, por más ley que exista,
sobre si acepta o no un caso por la vía del per saltum . Será
difícil que acepte algo. Todo el embrollo, que ya cuestiona la plena
vigencia del Estado de Derecho en el país, termina en un claro caso de
denegación de justicia. El acceso a la justicia es un derecho humano
elemental. Pero las puertas de la Justicia están cerradas aquí.
Ningún juez puede o quiere decir quién tiene la razón. La propia
Corte Suprema había contemplado en su fallo sobre el 7-D que la
cautelar podría ampliarse si existieran hechos nuevos. Existen hechos
nuevos, pero no hay jueces para interpretarlos. Los que vienen,
impulsados por el Gobierno, tienen la misión de no hacer nada. Que el
7-D quede sometido a la libre interpretación de la Presidenta. Nadie
podría negar que, ante una nación política pasmada, el Gobierno
está logrando su propósito. La calle pidió una justicia
independiente; Cristina le respondió echando a todos los jueces de un
fuero que no le era propio.
El tamaño del conflicto es mucho más grande que el que abarca sólo
al multimedio audiovisual de Clarín. Si lograra desguazarlo, ¿por
qué la Presidenta se resignaría luego a leer un periodismo gráfico
independiente y crítico, el poco que queda? Nunca se olviden de algo:
a ella le importa más lo que lee que lo que ve , dice un funcionario
que la conoce desde hace muchos años. Ejemplos de esa aseveración
son el diario y las revistas de Jorge Fontevecchia. No reciben
publicidad oficial a pesar de una orden de la Corte Suprema. Nada.
Cristina detesta el periodismo de Fontevecchia. LA NACION sólo recibe
una porción testimonial, por no decir ridícula, de pautas
publicitarias del Estado. Tampoco le gusta el periodismo de LA NACION.
Ni justicia, entonces.
La única fábrica de papel para diarios, propiedad de LA NACION y
Clarín, está al alcance de la mano presidencial. Cerca de las
oficinas de Cristina dicen que hay un viejo proyecto para intervenir
Papel Prensa. Se pondría en marcha después del eventual éxito del
7-D. Suficiente. El Estado se asignaría el derecho de repartir cuotas
de papel de acuerdo con los amigos y con los enemigos de la Presidenta.
¿Y la importación de papel ahora abierta? La importación la
podría cerrar Guillermo Moreno con el argumento de que no hay
dólares. ¿No ha vuelto, acaso, a cerrar la compra personal de libros
en el exterior, desoyendo hasta una orden presidencial? Un país sin
jueces es el principio de un país sin libertades..
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