Sobre derechos humanos y libertades públicas
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Sobre derechos humanos y libertades públicas.
La tradicional celebración del día del periodista en El Salvador tiene
lugar el 31 de julio de cada año. Esa fecha parece servir, de un
tiempo a esta parte, para que las "cabezas visibles" del quehacer
mediático salgan de sus oficinas y salas de grabación para brindar a
la sociedad un análisis crítico sobre la situación en que se encuentra
el gremio actualmente. Con motivo de tal festejo, un día antes se
realizó un evento que a la sazón prometía mucho; sobre todo, por el
renombre de los panelistas. En efecto, el martes 30 de julio los
representantes de dos medios escritos y uno televisivo junto a los
presidentes de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y de
la Asociación Salvadoreña de Radiodifusoras (ASDER) se sentaron frente
a las cámaras del Canal 21 para hablar —sin mayores inhibiciones y
desde sus particulares puntos de vista— sobre los problemas de la
prensa en el país y, por extensión, sobre las libertades de
información, expresión y de comunicación.
Como se pudo comprobar durante la realización del evento, lo ocurrido
durante el mismo no defraudó las expectativas generadas; entre otras
cosas, lo más notable es que ahí se revelaron —de nuevo y dentro de
las características propias de un ámbito como el señalado— la
polarización y la intolerancia que prevalecen en nuestro país. Pero no
nos vamos a ocupar de eso ahora, como tampoco nos detendremos a
comentar el furibundo editorial que uno de los panelistas asistentes
al referido foro leyó, ese mismo día, en el noticiero de televisión
que él mismo dirige. Quizás lo hagamos en otra ocasión.
En esta oportunidad, consideramos más importante centrarnos en los
derechos a la información, a la libre expresión y a la comunicación
para analizar los niveles de su realización concreta en un país como
el nuestro, dejando de lado el limbo de las generalidades. No
obstante, siempre resulta necesario y útil hacer algunas
consideraciones conceptuales previas. Así, podemos detallar en forma
muy puntual que la información es unidireccional, vertical, cerrada,
jerarquizada, irreversible y no siempre susceptible a ser respondida.
La comunicación, en cambio, es "poner en común"; es diálogo; es
abierta, libre, circular y dinámica. Es inherente a todos los seres
humanos, forma parte de la propia condición de las personas y —por
tanto—- es inalienable por naturaleza.
Al respecto, el mexicano José Alvear García sostiene: "Como todos los
bienes que sirven para la subsistencia humana, la información tiene
que contemplar —de manera en muchos casos vital— un control de calidad
estricto y riguroso. La veracidad en la información es la esencia, no
sólo de la tarea de difusión sino de la información misma. Pero
mientras no haya un apego estricto a la realidad por parte de quien
informa, se provoca irremediablemente un fenómeno de contaminación de
la comunicación misma… La información es la primera instancia de la
comunicación. Es, quizás, la materia prima de este proceso en la
medida en que la información sea falsificada, la comunicación por ende
no será más que una caricatura de la realidad y, en el peor de los
casos, un sistema de falsos entendimientos que está al servicio de
quien tiene el poder de difundirlos. Si entendemos a la comunicación,
pues, como un proceso de acuerdo entre los seres humanos y a la
información como a la materia prima para que se lleve a cabo, es
indispensable incluir la veracidad de la información como uno de los
requisitos para la realización de los derechos humanos".
La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también
contribuye a iluminar el panorama. "En su dimensión individual —señala
la Corte—, la libertad de opinión no se agota en el reconocimiento
teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además,
inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para
difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de
destinatarios. Cuando la Convención Americana sobre Derechos Humanos
proclama que la libertad de pensamiento y de expresión comprende el
derecho a difundir informaciones e ideas por cualquier procedimiento,
está subrayando que la expresión y la difusión del pensamiento y de la
información son indivisibles, de modo que una restricción a las
posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma
medida, un límite al derecho a expresarse libremente".
Y continúa diciendo que "si en principio la libertad de expresión
requiere que los medios (...) estén abiertos a todos sin
discriminación o, más exactamente, que no haya individuos o grupos
que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige
igualmente ciertas condiciones con respecto a éstos, de manera que, en
la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no
vehículos para restringirla". Dichos medios —afirma la Corte— "sirven
para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de modo
que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los
requerimientos de esa libertad". "Para el logro de los fines
mencionados" —señala el alto tribunal interamericano— "los medios de
información deben estar libres de todo género de presión e imposición,
y quienes utilizan los medios de información asumen una gran
responsabilidad ante la opinión pública y deben, por tanto, ser fieles
a la verdad de los hechos"
Así las cosas, el derecho a una información veraz y oportuna así como
los derechos a la libre expresión del pensamiento y a la comunicación
se encuentran vinculados —de manera indisoluble— a dos temas
fundamentales: el de la verdad, por un lado, y el de la real
participación de la población en los asuntos trascendentales
relacionados con su calidad de vida, por el otro. Así se construyen
sociedades verdaderamente democráticas. Desde esa perspectiva, al
observar el panorama nacional afirmamos —con sobradas razones— que no
estamos nada bien en la materia.
¿Por qué? Pues porque —debido a causas elementalmente vitales— son
otras las prioridades de las mayorías populares; porque existen
limitaciones estructurales para que la gente se involucre y/o porque,
sencillamente, sus realidades esenciales no son asuntos de interés
para quienes detentan los poderes. Son esas mayorías golpeadas por la
violencia física y económica en el pasado y el presente, las que
tienen hambre y padecen enfermedades; las que no van a la escuela
nunca o dejan de ir muy pronto; las que no encuentran trabajo; las que
sufrieron un enorme desencanto en este El Salvador de los últimos diez
años, sin guerra pero también sin una verdadera paz; las que sienten
una enorme desconfianza; las que, a estas alturas, no perciben señales
que las animen a creer en los promocionados cambios y las que salen a
la calle a buscar —de cualquier forma— el sustento diario.
Son, pues, todas aquellas personas que actualmente sólo tienen dos
preocupaciones básicas en su horizonte: vivir y sobrevivir; dicho en
otras palabras: no morir violentamente y tener qué comer. Fuera de eso
que por ahora es lo más importante, probablemente no hay espacio para
otra cosa. Son esas mayorías las que, además, cuando han buscado
expresarse libremente y establecer una comunicación real para resolver
sus conflictos más apremiantes, han visto cerrarse los pocos espacios
para ello sin poder hacer nada por impedirlo.
A lo anterior se debe agregar que la inmensa mayoría de los medios
masivos de difusión en el país han estado —antes, durante y después de
la guerra— en manos de familias con mucho poder económico y ligadas
estrechamente al poder político. Eso explica muchas de las
conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre la prensa nacional, de
las cuales transcribimos tres:
— Nunca se habla de las causas posibles del conflicto armado, no tiene
origen en la realidad salvadoreña; su origen, de existir, sería
externo.
— Se presenta lo que denominaremos la paradoja salvadoreña, ya que se
habla de paz y muy poco de guerra, lo cual conlleva a negar el por qué
de la guerra, pero al mismo tiempo el por qué de la paz.
— El silencio informativo, la desinformación y la impunidad ante el
crimen forman parte de una realidad que la prensa escrita contribuyó a
forjar.
Habrá quien diga, con malicia o sin ella, que eso ya no ocurre más en
el país; que es cosa del pasado y que la realidad actual es muy
distinta. No nos engañemos. Para muestra, un botón: el caso reciente
del hijo de Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño ejecutado
impunemente por la versión más intolerante y sanguinaria de la
guerrilla salvadoreña en mayo de 1975. Los siguientes son algunos
fragmentos del comunicado sobre este grave incidente que fue enviado
por PROBIDAD, organización social que lucha contra la corrupción en el
país.
"La Prensa Gráfica —dice el texto—, el periódico matutino de mayor
circulación en El Salvador, canceló a partir del 1ro. de agosto de
2002 la columna editorial del periodista Juan José Dalton, que se
publicaba semanalmente, por diferir con la línea editorial de dicho
medio, según la notificación que recibió de la dirección del mismo. En
su columna del domingo 28 de julio, titulada ‘Torturadores chillan',
el periodista Dalton criticó la posición asumida por La Prensa Gráfica
en relación a una reciente condena dictada en el estado de Florida
(Estados Unidos) contra ex-militares de alto rango implicados en
torturas y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el
conflicto armado que sufrió este país en la década de los ochenta. La
Prensa Gráfica es de la posición que los crímenes del pasado deben ser
olvidados…"
Y continúa dicho comunicado: "Los espacios editoriales de los medios
de comunicación son vitrinas de la democracia, a través de ellos se
puede medir la pluralidad, tolerancia y madurez política que han
alcanzado las sociedades. La cancelación de la columna editorial del
periodista Dalton es una clara y grave evidencia de la inercia
histórica de la mayoría de medios de comunicación salvadoreños, que
siguen abrazando resabios ideológicos del pasado y que no dudan en
sacrificar su independencia cuando de defender intereses de grupos
económicos o políticos se trata, tanto aquellos que se identifican con
la derecha política (y que son los principales del país), así como
aquellos que lo hacen con la izquierda… Y en un escenario de esas
características, el desprecio por el estado de derecho, la alta
incidencia de la corrupción y la impunidad, y las profundas
desigualdades económicas y sociales seguirán prevaleciendo en este
país."
Sin duda, es tiempo que nuestra gente empiece a conocer y reconocer lo
que sucedió en el pasado y nos llevó a la guerra, así como lo que
sucede ahora junto a lo que puede ocurrir más adelante, de no asumir
con responsabilidad las tareas urgentes que se imponen para la
construcción de una sociedad distinta, donde la calidad de la
democracia se pueda medir por los niveles de respeto a todos los
derechos humanos sin distinción alguna. Y es que ahí donde la gente no
puede expresar su opinión, donde no recibe a tiempo información
objetiva y donde no cuenta con las posibilidades reales de comunicarse
libremente —sostiene Enrique Pedro Haba— "tampoco está seguro ningún
otro derecho, pues tienen cercenado el camino para conocer los abusos
y hacer causa común contra éstos".