Los generales masacradores hablan sandeces
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gobierno un "plan de seguridad", al tiempo de advertir que la
“carencia de planes” desprestigia a la Fuerza Armada de El Salvador.
El cinismo ahora tiene nombre y apellido, no es posible encontrar
honor, dignidad y decoro en los militares, en los instrumentos de
dominación y represión por largos años de la oligarquía, los
responsables directos de masacres, torturas, crímenes, secuestros y
desapariciones forzosas de miles de salvadoreños. Hechos brutales
cometidos como “agentes del Estado” por los cuales el presidente de la
república, Mauricio Funes, acaba de “pedir perdón” al pueblo en
ocasión de celebrarse 18 años de la firma del Acuerdo de Paz.
Cuál es la autoridad o el respaldo moral que respalda a los generales
Mauricio Vargas, Humberto Corado y René Emilio Ponce, para
“recomendarle” al gobierno planes más efectivos para combatir la
criminalidad? Como jefes de unidades militares o “comandantes” del
Estado Mayor, firmaron y ordenaron masacres contra la población
salvadoreña, antes y durante el conflicto armado; reprimieron
manifestaciones de estudiantes, campesinos y obreros en las calles de
San Salvador; llenaron de presos políticos las cárceles, donde
torturaron y asesinaron a miles de civiles, la mayoría de ellos
inocentes y sin haber sido remitidos a los juzgados correspondientes
como lo señala la Constitución y las leyes secundarias. Nunca les
importaron las leyes ni el marco jurídico y constitucional del país.
Fueron artífices y señores de la muerte, de la tortura y del
asesinato; responsables de todo y de nada, facultados para decretar el
derecho a la vida o la muerte.
Ahora, cuando la delincuencia y la criminalidad por ellos creada y
heredada a esta sociedad y gobierno, se ha convertido en una “fuerza
despiadada”, se atreven a afirmar que el involucrar a la fuerza armada
en los planes de represión contra la delincuencia, “podría acarrear
costos a la fuerza armada, pues está arriesgando a sus soldados y su
prestigio de forma aislada y sin contar con un plan integral que venga
de las autoridades a quienes les compete hacerlo”. Lo dicho: mayor
cinismo e hipocresía imposible de encontrarlos en otro lugar y
espacio; los reyes de la página roja, los represores e inventores de
las torturas y asesinados mas sofisticados se atreven ahora a dictar
reglas, a impartir “sanos consejos”, a rasgarse las vestiduras.
Ustedes, generales, deberían de estar en el banquillo de los acusados,
ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, por violar reiteradamente
la Constitución, por alterar el orden y la legalidad en esta sociedad,
responsabilidad que cínicamente atribuyeron a los patriotas
salvadoreños que con valentía y coraje desafiaron el supuesto orden
institucional.
La misión de la fuerza armada está claramente delimitada en la
Constitución, que le ordena velar por la soberanía e integridad del
territorio nacional. La facultad de salir a la calle para colaborar
con la Policía Nacional Civil, aprobada por la Asamblea Legislativa,
es y debe ser provisional y por un período corto, pues se corre el
peligro de retornar a tiempos pasados y peligrosamente convertirla en
un auxiliar necesario e indispensable, como ciertamente lo están
viendo sectores de la población.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública debe analizar
detenidamente el papel y la misión asignado por la Constitución y
proceder con planes y acciones creativas para prevenir y combatir el
delito. Puede ser que el estado de emergencia y el accionar de las
pandillas, la delincuencia y el crimen organizado haya superado sus
capacidades tanto en hombres, equipos y recursos móviles y
estacionarios y que tal situación obligó al presidente de la república
a acudir a los efectivos militares; pero no puede ser la regla y el
expediente de siempre. Se debe tomar la experiencia de otros países y
actuar con imaginación y mucha creatividad. No es posible que a un
problema con profundas raíces sociológicas y humanas -estructural,
pues- únicamente se le dé una salida policíaca.
Los generales tiene la visión militarista y sus escasas "entendederas"
no les permite analizar con propiedad el fenómeno. Es más, se atreven
a sugerir y hablar tonterías como eso de que “El Salvador está como un
semáforo en amarillo mientras el gabinete se centra en la dialéctica”,
literalmente expresado por el general Mauricio Ernesto Vargas. O las
mentiras dichas por el general René Emilio Ponce de que “antes de que
los soldados salieran a las calles, la Procuraduría de los Derechos
Humanos no había recibido ninguna queja por violación a los derechos
humanos (…)”. Las noticias de los medios de difusión constantemente
hablan de violaciones sexuales o asesinatos cometidos por soldados,
clases y oficiales. Pero para este general estos únicamente han
ocurrido en cuanto “salieron a patrullar”. Mayor cinismo e hipocresía,
¡imposible!
Los grandes y graves problemas heredados por los regímenes areneros
que padece el país, serán muy difíciles de atacar y resolver en cinco
años; pero es necesario crear planes concretos en lo económico, social
y político para garantizar fuentes de empleo, un mejor sistema
sanitario y asistencia a la población más vulnerable, educación
gratuita en todos los niveles, mejores centros de instrucción desde la
parvularia a la universitaria, leyes más fuertes y apropiadas al
momento en que estamos viviendo y, por supuesto, pensando en el
futuro, así como instituciones bien constituidas que brinden seguridad
y garantías a todos los salvadoreños, nos referimos concretamente al
Tribunal Supremo Electoral, a la Fiscalía General de la República, a
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la
Procuraduría General de la República y a la Corte de Cuentas.