Los cientos de personas estafadas por los propietarios y administradores de la extinta corredora de bolsa OBC, se mantienen pendientes de lo que sucederá este próximo 12 de septiembre, con la audiencia programada para esa fecha en la que se espera comparezca el principal imputado de la estafa, Julio Eduardo Villatoro, ante un Juez de Miami que tiene el caso en sus manos. La audiencia se ha suspendido ya antes, pero el imputado ha sido favorecido con la libertad tras pagar una fianza de 200 mil dólares que le impuso el juez, quien ordenó ponerle un brazalete G.P.S. para controlar sus movimientos y evitar que vuelva a desaparecerse como ya lo había hecho al principio y se frustre una vez más impartir justicia.

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Carlos Girón S.

Los cientos de personas estafadas por los propietarios y
administradores de la extinta corredora de bolsa OBC, se mantienen
pendientes de lo que sucederá este próximo 12 de septiembre, con la
audiencia programada para esa fecha en la que se espera comparezca el
principal imputado de la estafa, Julio Eduardo Villatoro, ante un Juez
de Miami que tiene el caso en sus manos. La audiencia se ha suspendido
ya antes, pero el imputado ha sido favorecido con la libertad tras
pagar una fianza de 200 mil dólares que le impuso el juez, quien
ordenó ponerle un brazalete G.P.S. para controlar sus movimientos y
evitar que vuelva a desaparecerse como ya lo había hecho al principio
y se frustre una vez más impartir justicia.

Los afectados llevan más de cuatro años, desde julio de 2004,
aguardando que se juzgue y condene a Villatoro Monteagudo y se le
obligue a reembolsar lo estafado a los ahorrantes de la OBC, cuyo
monto se estima en casi los 9 millones de dólares (8.9 millones
exactamente), una buena tajada de cuya suma logró sacar del país el
estafador Villatoro bajo las narices de las autoridades de la
Superintendencia de Valores, que luego tranquilamente se ha lavado las
manos.

La Fiscalía General de la República pareciera querer hacer lo mismo y
dejar que transcurra el tiempo para que los afectados se conformen y
olviden de su problema. Éstos han querido mover cielo y tierra,
poniendo el grito aquí y allá, esperando ser oídos por alguna
autoridad competente, por alguno de los Órganos del Estado, para que
se traiga sobre el tapete el caso y se le dé solución.

Esto sería oportuno en estos momentos de tantas promesas vacías y
falsas de los candidatos presidenciales, que ofrecen también el cielo
y la tierra, queriendo embobar a la gente para ganar su voto. Esta es
una oportunidad de demostrar que de veras quieren ayudarle al pueblo a
resolver sus problemas, porque el de los perdidosos de la OBC es un
problema real y concreto, que tiene solución. La estafa que han
sufrido es la de sus ahorros de años de privaciones, en muchos de los
casos fruto de sus jubilaciones, que depositaron en la OBC para tener
algo con qué contar en sus años de retiro.

Lo que les han estafado es parte de sus bienes, de sus vidas, de sus
derechos humanos y tienen por lo mismo derecho a reclamar y tener
confianza en las instituciones gubernamentales que les representan.
Pero, ¿qué ha sucedido? Que en varias oportunidades han sido burlados
en audiencias a las que han sido convocados y no han asistido los
representantes de la Fiscalía, por ejemplo. En la Asamblea Legislativa
se formó una comisión ad hoc para atender y darle seguimiento al caso,
pero todo quedó en nada.

Los perdidosos no comprenden cómo a ellos, que lo necesitan, el
Gobierno no les escucha, no les tiende la mano para ayudarles a
recuperar sus ahorros, mientras por otro lado, a quienes no lo
necesitan por tener en abundancia y hasta de sobra, como son los
dueños de algunos bancos (Cuscatlán, Agrícola, Credomatic), les
condona millones de dólares que debían como impuestos que de ser
pagados como la ley manda, podrían servir para cubrir tantas y tantas
necesidades de la población.

Para evitar que la estafa de Villatoro quede en la impunidad, el
Gobierno (la Fiscalía) debería mandar otra vez a sus representantes y
poner todo el empeño en conseguir que dicho sujeto sea extraditado de
los Estados Unidos y traído a El Salvador para ser juzgado, condenado
y obligado a resarcir sus ahorros a los afectados, quienes consideran
que también debería llevarse ante la justicia a los anteriores
propietarios de la OBC, dado que desde su época venían cometiéndose
ilegalidades al captar fondos fraudulentamente. También a ellos
debería responsabilizárseles y obligarlos a reintegrar sus fondos a
los perjudicados.

Por otro lado, se sabe que hay una pequeña, pero valiosa cantidad
recuperada del orden de los 600 mil dólares, que es poca cosa
comparada con los 9 millones de lo estafado. Esa cantidad está
depositada en una cuenta de ahorros a nombre de la Superintendencia de
Valores, pero congelada por el Juez Séptimo de Instrucción.

Esta es hora que ya se hubiera descongelado la cuenta para comenzar a
hacer devoluciones entre los damnificados, aunque haría falta una
sabiduría salomónica para acertar a quiénes favorecer, si a los que
tenían menos ahorrado o a los que tenían más.

Lo que importa es que se comience a hacer justicia a todas esas
personas que mantienen la esperanza de que podrán seguir confiando en
que tienen algo para vivir en sus próximos años, pero sobre todo,
confiar en que El Salvador es un país donde se imparte justicia.