El diario cumplió un rol dentro del plan criminal, III

[Hegel]

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-211755-2013-01-13.html

“El diario cumplió un rol dentro del plan criminal”

El diario bahiense como legitimador social de los crímenes de la
última dictadura. Su participación en la “construcción del enemigo”.
El uso de material secreto de inteligencia militar. En fin, lo que los
represores llamaban un “valioso auxiliar de la conducción militar”.



Por Alejandra Dandan
El juicio de lesa humanidad que terminó el año pasado en Bahía Blanca
reunió pruebas sobre el rol del diario La Nueva Provincia durante la
última dictadura. Cuando finalizaron las audiencias, la fiscalía
impulsó un pedido de investigación confirmado más tarde por la
sentencia del Tribunal Oral. Abel Córdoba fue el fiscal que encabezó
la acusación. En diálogo con Página/12 explica por qué el tribunal
habló de “propaganda negra” y comparó al diario de los Massot con el
“manual de guerra de baja intensidad”. También habla del “rol” de la
La Nueva Provincia y su lugar como pata “auxiliar” en la legitimación
social del plan criminal del terrorismo de Estado.

“Hay una relación y un accionar conjunto, una consustanciación y, como
dijo el Tribunal, de lo que se trata es de una diferencia de ‘roles’
dentro de lo que es ya un procedimiento delictivo: el procedimiento
delictivo abarcaba el secuestro, mantener en cautiverio a las
víctimas, fusilarlas y luego presentarlos (los cadáveres) como un
producto de un combate militar: en esa etapa es donde las fuerzas
armadas no están solas sino que el diario cumplía alguna de estas
funciones. Había fuerzas armadas y sectores civiles que llevaron
adelante el plan criminal y se dividieron funciones, por eso es
importante distinguir en ese plano la actividad que no se reduce a la
publicación de la noticia que tuvo como fuente una fuente militar, eso
ya era parte de una división de funciones dentro de un plan criminal
que estaban ejecutando”, señala.

–¿Cómo empiezan a entender al diario La Nueva Provincia como “tema” de
investigación?

–Lo que hay que entender es el terrorismo de Estado: cómo hicieron las
fuerzas represivas, tanto las armadas como los sectores civiles, para
arrasar con la sociedad bahiense, igual que pasó en todo el país. La
cuestión central está basada en la “construcción de un enemigo” que
iba a ser el blanco del poder punitivo: no fue una represión
indiscriminada, sino que tuvo un direccionamiento muy claro, el propio
poder configuró a un enemigo, identificó a las víctimas y luego las
agencias de inteligencia profesionales de las fuerzas armadas
integradas por civiles legitimaron las muertes, desapariciones y
también las torturas. Ese enemigo se lo suponía como lesivo en
términos sociales, se hablaba en términos biologisistas sobre qué era
lo que “infectaba” a la sociedad y a partir de allí se instaló la
necesidad de extirparlos del cuerpo social.

–¿Piensan el diario como una “agencia” del terrosimo de Estado?

–El tribunal señaló que el diario colaboró en la legitimación
discursiva y la construcción del “enemigo”. A tal punto que el
Tribunal tomó los propios conceptos de (el general Acdel) Vilas,
cuando indicó que el diario abasteció necesidades “operacionales
psicológicas” que necesitaban las fuerzas armadas para legitimar
socialmente su accionar criminal. Lo calificaba como un “valioso
auxiliar de la conducción militar”, es decir: esto deja al diario al
margen de una función periodística, e incluso lícita, y pasa a formar
parte del plano delictivo en cooperación con el Ejército y la Armada
en tareas psicológicas contra la población. Ahí hay un concepto que
hay que revisar que es “la acción psicológica”.

–¿En qué sentido?

–El Ejército –en este caso auxiliado y en cooperación militar con la
Nueva Provincia– necesitaba infundir miedo en la población y a la vez
captar la adhesión. El terror se infundía a la población desde La
Nueva Provincia, con lo que el tribunal llama la “propaganda negra”:
algunas páginas del diario de esos años tienen como trasfondo la
tortura directamente. Los datos que publicaba eran un complemento de
Inteligencia en numerosos hechos que estamos juzgando e investigando:
era información arrancada en tortura y luego publicitada en el diario,
y así pasaba a ser parte de ese eje rector represivo en Bahía Blanca.

–¿Podrían alegar que era información provista por las “fuentes”?

–Lo que hay que distinguir es la actividad lícita que es el periodismo
como actividad en sí misma, de esta otra situación en la cual la
estrecha vinculación entre el Ejército, la Armada y el diario tornan a
la actividad periodística gráfica en uno de los instrumentos de los
crímenes que no es lícito del periodismo ni de ninguna actividad. La
finalidad no era la información u opinar, sino que estaba en un
accionar operativo junto con lo órganos de inteligencia y las fuerzas
represivas. Esto excede el vínculo que puede haber entre una “fuente”
y el “medio”. Una cosa es publicar y otra cosa es estar
consustanciado, tener reuniones, ser auxiliar operativo de ese grupo
criminal y tu rol es contribuir primero a señalar a las víctimas,
demonizarlas, evitar cualquier reacción social contra ese grupo y
seguir avanzando hasta presentar el resultado como algo que no fue. La
Nueva Provincia puso al servicio la credibilidad que tenía socialmente
para consumar el plan criminal: a criterio de la fiscalía, hay
sobradados elementos para avanzar en una investigación por crímenes de
lesa humanidad sobre los directivos de esa empresa.

–¿Puede dar algunos ejemplos?

–Por un lado, los más notorios: hay situaciones donde se difunden las
declaraciones o confesiones bajo tortura, arrancadas en la
clandestinidad de los cautivos que aparecen en la páginas de La Nueva
Provincia.

–¿No dan cuenta de la tortura, ni menciona fuentes?

–Obviamente no. Ahora que pudimos tener acceso a parte de la
documentación secreta de inteligencia de los archivos que maneja la
Comisión provincial por la Memoria, vemos que algunas noticias son el
parte de inteligencia que circulaba en los canales secretos. Otro caso
es que personas secuestradas en Bahía Blanca eran llevadas a un patio,
fotografiadas por personas que ellos desconocían y al otro día
aparecían en las páginas de La Nueva Provincia como parte de una
noticia “montada” sobre el desmantelamiento de una célula extremista,
que en realidad eran personas que estaban secuestradas y continuaban
ilegalmente detenidas.

–¿Las editoriales?

–En otro plano, la prédica editorial no es sólo producto de esos días
sino que en algunos casos continúa hasta hoy. En este caso, es
importante catalogar a La Nueva Provincia como la “usina ideológica”
del terrorismo de Estado. Eso y la apología constante hacia lo que se
puede llamar “lógica sacrificial”: en su prédica el diario dijo
constantemente que había que refundar la República y que iba ser
posible sobre la sangre de las víctimas, la muerte como un sacrificio
necesario.

–El Tribunal lo compara con el manual de guerra de baja intensidad.
¿Coincide?

–Sí. Para nosotros hubo una combinación de accionar sobre las
víctimas: por un lado, fue desde el accionar en el centro clandestino
con el sentido centrado en la escena de la tortura; y por el otro
lado, el plan criminal tenía otro plano que era el de la “baja
intensidad”, pero que estaba dado por la difusión pública y la
difusión de determinada situación que legitimó y produjo los crímenes.
No se trata ya de un relato neutral de lo que ocurría, o siquiera
interesado, sino de conductas que eran la implementación del plan
criminal y, por eso, la función de infundir terror y de paralizar
cualquier reacción social ante eso. Y esto, más allá de lo que se
pueda llegar a avanzar con la investigación de los crímenes de los dos
talleristas empleados de La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel
Loyola (ver aparte).

–En el alegato ustedes dijeron que los medios fueron acríticos y
reverentes con la dictadura. Plantearon a La Nueva Provincia como caso
extremo. Pero es inevitable pensar en posiciones asumidas por otros
diarios.

–Lo que hay que distinguir cuando se investigan estos hechos es un
plano, que puede ser reprochable en términos sociales, académicos,
periodísticos, de una responsabilidad social que pueda llegar a haber
de algunos medios de lo que ha sido el aval acrítico o implícito a los
crímenes durante la dictadura. Eso puede ser un plano. Acá estamos
hablando –habrá que ver si hay otro caso– de un eje en el que la
actividad de prensa era parte de una operatoria criminal. No descarto
que haya otros medios que hayan tenido una actividad de aval o
silenciamiento de lo que fue ocurriendo. Ahora, en este caso, la
bisagra deja de ser algo opinable y pasa al plano de lo ilícito.

–Así como las causas avanzaron en analizar distintos tipos de
responsabilidades: militares, los jueces, las empresas, ¿cree que este
es un camino que la Justicia empezará a mirar?

–El juzgamiento de estos hechos tuvo en su primera etapa al sector
militar. Ahora, a medida que se avanza, empiezan a aparecer
responsabilidades civiles. En principio, dentro el propio Poder
Judicial, luego dentro de los cuadros dirigenciales, como sucedió con
(Jaime) Smart, que asumieron la función represiva, y también el sector
empresario. Vilas contaba que en Bahía Blanca habilitaron una línea
telefónica para recibir denuncias, y que tuvieron que comenzar a
filtrar por la cantidad de empresarios que llamaban para pedir sacarse
de encima a los empleados. Creo que, en parte, el límite de estos
juzgamientos es simplemente de prueba. No tiene que haber otro límite
que no sea el cúmulo de prueba que se pueda juntar. Y a partir de
allí, avanzar en las imputaciones religiosas, empresarias o militares.
El Estado nacional tiene el deber de juzgar y no acotar responsables,
como fue la intención inicial.