

MÉXICO, D.F. (apro).- Ante la inminente declaratoria de quiebra de Mexicana, la empresa de aviación que cancelaría de plano 8 mil 500 empleos directos y unos 100 mil indirectos, es preciso vencer la amnesia que pretende Felipe Calderón y a la que también apuesta Josefina Vázquez Mota.
Hace seis años, el candidato Calderón, de cuya campaña era coordinadora Vázquez Mota, prometió fortalecer la industria aeronáutica y poner “especial atención” en el personal de aviación, sobre todo en los sobrecargos, compromisos que no pueden ignorarse no sólo para juzgar este gobierno, sino para elegir al que lo sustituirá.
El 19 de junio de 2006 –dos semanas antes de las elecciones–, Calderón envió una carta a los “estimados sobrecargos de aviación”, firmada por él, en la que se comprometía a impulsar de manera real y comprometida mecanismos, programas y políticas que permitan una calidad de vida digna y segura.
“Yo he expresado y ahora lo reitero que promoveré una industria aeronáutica nacional en la que las empresas cuenten con certidumbre a mediano y largo plazo, a fin de que sus trabajadores puedan tener un empleo justamente remunerado, un hogar seguro y un país al que puedan representar siempre con orgullo. Mi compromiso con la comunidad aeronáutica es impulsar y velar porque esto sea una realidad.”
Enseguida, con un lenguaje meloso, Calderón pedía a los sobrecargos que, “así como cumplen el importante papel de representar nacional e internacionalmente a nuestra cultura”, le dieran su voto, pero también que “infundamos a nuestra familias el valor de ejercer el derecho a elegir y a que no elijan otros por nosotros”.
La carta concluye con un agradecimiento a los sobrecargos “por todas las atenciones que siempre han tenido conmigo como pasajero”, y firma el documento con los dos lemas de su campaña: “Presidente del empleo” y “Para que vivas mejor”.
Seis años después, luego de que en agosto de 2010 Mexicana dejó de prestar servicio, qué trabajador de la industria aeronáutica podrá volver a creer, ya no en Calderón –que hasta de México planea irse–, sino en Vázquez Mota, quien es candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a sucederlo y quien fue algo más que la coordinadora de campaña.
En efecto, Vázquez Mota –quien ha guardado silencio sobre el tema, como en muchos otros– fue clave para establecer contubernios con personajes de la industria aeronáutica y en el sector privado en general, que ahora ha reactivado para su propio proyecto y que están involucrados con la inminente declaratoria de quiebra de Mexicana.
No está de más recordarlo: Gastón Azcárraga, el que exprimió a Mexicana, fue uno de los principales financieros de Calderón y la principal empresa aeronáutica beneficiaria, Aeromexico, es dirigida por otro personaje clave en el entramado de intereses que lo impuso en 2006: José Luis Barraza.
Barraza, en 2006, era presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo que agrupa a las cúpulas del sector privado, y fue el que gastó más de 100 millones de pesos en promocionales de radio y televisión que, junto con los que pagaron membretes de El Yunque, infundieron miedo a la población.
Otro personaje clave para evitar la reactivación de Mexicana es Héctor Rangel Domene, director general de Nacional Financiera (Nafin) y Banco de Comercio Exterior (Banxico), que negó los 300 millones de pesos para reactivar la empresa. Este sujeto fue uno de los propagandistas de Calderón y ahora será senador por el PAN.
Y Rangel Domene como Barraza son los impulsores de Vázquez Mota, lo mismo que Mario Sánchez Ruiz, quien recién renunció al CCE para ser diputado del PAN. Por eso no hay que perder la memoria…
Apuntes
Efectivamente, Vázquez Mota es, también, la candidata de El Yunque, la organización extremista de derecha a la que pertenece aún Juan Manuel Oliva, uno de los gobernadores que traicionaron a Ernesto Cordero. Josefina es amiga íntima de Guillermo Velasco Arzac, cuyo seudónimo es “Jenofonte”, jefe general de El Yunque, una de cuyas fachadas es la Coordinadora Ciudadana, en la que ella presidió la Comisión de la Mujer…
Comentarios: del...@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ahora que las tres principales fuerzas políticas han definido sus candidatos presidenciales, habría que preguntarnos si vale la pena votar por alguno de ellos o mejor abstenerse o anular nuestra boleta el próximo 1 de julio. Resulta evidente que ninguno de los tres candidatos podrá por sí solo salvarnos del naufragio nacional. El poder del Estado nunca fue lo que algunos imaginaban que era, y hoy, después de 30 años de entreguistas políticas neoliberales, se encuentra más debilitado y vulnerable que nunca. Independientemente de quién sea el próximo mandatario, difícilmente podrá hacer grandes cambios por pura fuerza de voluntad.
El impulso para el cambio social tendrá que venir de otra parte. Tal y como ha sido a lo largo de la historia, los ciudadanos, y no los políticos, enseñarán el camino. A principios del siglo XX, fueron Emiliano Zapata y Pancho Villa, no Francisco I. Madero, los principales responsables de que la Revolución Mexicana hubiera desembocado en una de las Constituciones más avanzadas de su época en materia de derechos sociales. Durante la “transición” actual, por más que sus panegiristas quieran vestir a Ernesto Zedillo, Vicente Fox o José Woldenberg como los arquitectos del cambio político, en realidad han sido los combativos movimientos estudiantiles, campesinos, obreros e indígenas los que han obligado al sistema a transformarse.
Dicen que la historia la escriben los vencedores, y la nuestra no es ninguna excepción. Los pocos avances que tenemos hoy en materia democrática se nos presentan como si fueran el resultado de la visión ilustrada de los hombres y mujeres del poder. Mientras, los verdaderos héroes que ofrendaron sus vidas, sudor e inteligencia son enviados al basurero de la historia.
Aun cuando algunos de los actuales candidatos cuentan con perfiles “ciudadanos”, como Isabel Miranda de Wallace, Juan Manuel Márquez o Purificación Carpinteyro, en el momento en que aceptan ser candidatos para algún cargo de elección popular automáticamente tienen que jugar con las reglas de la política. Y si llegan a conquistar el poder, deben devolver el favor no solamente a sus electores, sino también a sus respectivos padrinos.
Ante esta situación, la salida más fácil y cómoda es simplemente mandar al diablo las elecciones en un acto de supuesta pureza ciudadana para no ensuciarse las manos con los juegos del poder. “Anulemos el voto para enviar un mensaje de repudio a la clase política nacional”, dicen algunos; “ni siquiera vale la pena salir a votar”, dicen otros.
El detalle es que, independientemente de lo que cualquiera de nosotros decida hacer en el terreno electoral el próximo 1 de julio, el gobierno seguirá existiendo, como bien lo ha señalado Octavio Rodríguez Araujo. Y mientras haya gobierno, siempre existirá el enorme riesgo de que se abuse del poder estatal para reprimir a la población, enriquecer a los funcionarios públicos y consolidar el control de los monopolios, el imperialismo y los poderes fácticos sobre la economía nacional.
La orientación y los compromisos del gobierno federal en estas materias tienen una gran relevancia para los movimientos sociales que nos tendrán que guiar durante el próximo sexenio. Tenemos la obligación de preguntarnos cuál de los tres candidatos presidenciables estará más dispuesto a tomar en cuenta y escuchar las demandas ciudadanas o, en su caso, simplemente será utilizado para reprimir a los inconformes, como en Atenco, en Ciudad Juárez o en Chilpancingo. Para esta evaluación habría que tomar en cuenta tanto el talante autoritario y las trayectorias de cada candidato como los compromisos políticos que pesarán a la hora de tomar decisiones clave.
La gran pregunta no es entonces cuál de los tres candidatos es “mejor”, ni siquiera cuál es el “menos peor”, sino cuál encabezará un gobierno más propicio para el florecimiento de una sociedad combativa y exigente. La mayor parte de los que anularán su voto, o simplemente se abstendrán de participar en los comicios como acto de protesta, implícitamente mantienen la tesis de que las cosas tienen que empeorar antes de que mejoren, de que lo mejor para el país sería seguir por el mismo camino de la ignominia neoliberal con el fin de que eventualmente detone un violento estallido social.
Otros “anulistas” más bien parecen ser derechistas “de clóset”. No se atreven a confesarlo públicamente, pero al final de cuentas prefieren la continuidad del PRIAN a la llegada del “populismo” de izquierda. Llama la atención, por ejemplo, que muchos de los que promovían el voto nulo en las elecciones intermedias de 2009 eran los mismos que defendían el “voto útil” a favor de Fox en el año 2000 bajo el argumento de que la alternancia podría ayudar a dinamizar el sistema político nacional.
¿Acaso no es tan importante hoy echar al PRIAN de Los Pinos como lo fue echar al PRI hace 12 años? Si la respuesta es negativa, entonces se evidenciaría un claro sesgo que, inspirado en una sentencia atribuida a Benito Juárez, daría pie a un nuevo dicho: “Para mis amigos, gracia y ‘voto útil’; para mis enemigos, ‘voto nulo’ a secas”.
Todavía existe una última oportunidad para enderezar el camino de nuestra fallida transición democrática. No se trata de elegir a un nuevo salvador de la patria, sino simplemente de dar una oportunidad a la izquierda política para que pruebe su suerte al mando del país. Tanto la historia del PRD como la trayectoria personal de Andrés Manuel López Obrador revelan una gran apertura hacia las más diversas expresiones sociales. En contraste, los perfiles de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, así como la experiencia con el PAN y el PRI durante los últimos 30 años, garantizan una total continuidad de las políticas actuales.
Las elecciones presidenciales no son para escoger dioses ni emitir cheques en blanco, sino únicamente para decidir quién gobernará durante los próximos seis años. En lugar de anular nuestra ciudadanía deberíamos participar activamente en esta decisión, así como, simultáneamente, exigir a cada paso y en cada momento el cumplimiento de una agenda social de avanzada por el nuevo gobierno federal.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Primero fue su alegato en contra de la Comisión Federal de Competencia, seguido de una guerra informativa en contra del “monopolio” de Carlos Slim –que nunca vieron cuando antes estaban cercanos al magnate de Telmex-Telcel–, luego un intento de convertir a Grupo Iusacell en víctima de los malos modos del notificador de la CFC, y después la emprendieron en desplegados y en notas en Hechos contra el Grupo Reforma. Ahora dirigen sus baterías contra las empresas de TV por cable, afiliadas o dominadas por su presunto socio, Televisa.
Desde la semana pasada, en el segmento informativo nocturno de Canal 13, en emisiones de Proyecto 40 y con sus replicantes en la prensa, Grupo Salinas ha emprendido una campaña contra el Grupo Reforma, editor de los periódicos Reforma, Metro y Muro, entre otros.
“La verdadera cara del Grupo Reforma” es el título de los segmentos de linchamiento televisivo. TV Azteca repitió y enriqueció el guión que meses atrás aplicó Televisa para atacar al periódico de Alejandro Junco de la Vega. Se trata de exhibirlo como un periódico de “doble moral” porque vende anuncios de masajes y en el Metro publica fotos sensacionalistas.
No terminaba su guerra punitiva contra Reforma cuando se le abrió otro frente conflictivo a la televisora de Ricardo Salinas Pliego que representa, en apariencia, un distanciamiento con Televisa: el cártel de las empresas de televisión por cable, afiliadas o filiales de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, se negaron a pagarle a TV Azteca su paquete de canales en señal abierta.
Las empresas que excluyeron la señal de los canales 13 y 7 son Cablevisión Monterrey, Cablemás y Cablecom, estas tres últimas filiales de Grupo Televisa, así como Megacable, la empresa más grande de televisión por cable, asociada a Televisa en la estrategia de triple play conocida como Yoo.
Lo que ha hecho TV Azteca es lo mismo que ha realizado Televisa: “empaquetar” sus canales de televisión abierta a otros canales, lo cual se traduce en ventas atadas. Una práctica típica cuando no existe ninguna regulación en materia de must offer, es decir, la obligación de todas las empresas de televisión restringida de retransmitir las señales radiodifundidas, entre ellas, las de televisión abierta.
TV Azteca canceló el convenio con las empresas cableras que les ofrecía sus señales de televisión abierta de manera gratuita y ahora pretende cobrarles entre 65 y 80 centavos de dólar por usuario. En otros casos, cobra entre 1.65 y hasta dos dólares a otros grupos, como Dish, filial de MVS, para darles sus señales abiertas.
El punto no es la crítica a otro medio como Reforma o el enfrentamiento con empresas de televisión por cable. Lo riesgoso es que no existe ninguna autoridad que regule o funja de árbitro en esta guerra desatada entre grupos de televisión y de telecomunicaciones que actúan como si fueran cárteles.
Lo mismo sucedió hace un año con el ataque sincronizado de Televisa y TV Azteca a Grupo Carso, en especial a Telcel y Telmex. De pronto, el duopolio televisivo “descubrió” que Carlos Slim es monopolista. De pronto, se envolvieron en la bandera de la disminución de las tarifas de telefonía celular, pero Grupo Iusacell por poco se muerde la lengua.
Lo mismo cuando ambas televisoras acusaron al columnista Miguel Angel Granados Chapa de “calumnias” y otros delirios por haber revelado en enero de 2011 que Televisa y TV Azteca negociaban una sociedad en Iusacell. Lo que negaron ruidosamente, lo confirmaron en abril del mismo año.
La misma sincronización se ha dado ahora que Televisa y TV Azteca han emprendido una campaña contra el Instituto Federal Electoral (IFE) porque “restringe la libertad de expresión” e impedirá los debates en las campañas presidenciales.
El duopolio repite el guión que sus asesores escribieron durante la “rebelión de los conductores” ante el Senado de la República, en 2007, ante la aprobación de la reforma electoral que prohibía la compra de tiempo-aire en épocas electorales.
No es la libertad de expresión lo que les preocupa. Nunca les ha preocupado. Es su libertad de ponerle precio y mercantilizar la información ahora que vienen las campañas electorales y también la mercantilización de las señales de televisión abierta que son concesiones públicas.
El verdadero rostro de las pantallas de la “señal con valor” y del “canal de la familia mexicana” se observa con toda su crudeza sin que ninguna autoridad les ponga un alto, un mínimo extrañamiento.
Televisa y TV Azteca detentan concesiones de un bien público. Eso siempre lo olvidan. Sobre todo, cuando asaltan las instalaciones del Cerro del Chiquihuite, cuando emprenden campañas contra posibles competidores de una tercera cadena o cuando la soberbia les hace creer que esta es una dictadura de pantalla.
Comentarios: www.homozapping.com.mx
El diagnóstico atribuye afectaciones a la intensa competencia de empresas privadas y proliferación de casinos, “algunos de ellos ilegales”. Pese a ventas históricas, inflación e impresión de billetes, entre otros, merman ingresos.
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Publicado: 14/02/2012 14:03
El reporte refiere que aun cuando las ventas históricas han aumentado en once años, la inflación, los gastos de impresión de los billetes, la asistencia social a sus empleados y las devoluciones se han reflejado en una pérdida de mil 230 millones de pesos desde el primer año de gobierno de Vicente Fox a 2011.
El documento explica que la Lotenal deberá pasar de sorteos tradicionales o clásicos a otros de carácter electrónico, cuyo nivel de penetración será aceptable hasta 2013. En tanto, explica la Lotería, el gobierno federal deberá inyectarle recursos, primero para reponer los fondos que se utilizaron de la reserva para poder pagar los premios y después para evitar que continúe el déficit durante 2012.
Por: Redacción / Sinembargo - febrero 14 de 2012 - 13:02
En un posicionamiento del organismo internacional en relación con el informe que México presentará ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el funcionario de AI advirtió sobre las graves violaciones que padecen los migrantes.
Señaló que cruzar México significa en un gran número de casos sufrir secuestros, extorsión, malos tratos, violaciones sexuales, reclutamiento forzoso por bandas delictivas e incluso asesinatos.
En el caso de los indígenas mexicanos, la discriminación que aún se practica se traduce en pobreza, marginación extrema, indefensión y falta de acceso absoluto a la justicia.
Por ello, agregó, Amnistía Internacional entregó un informe paralelo a los datos que ofrecerá el gobierno mexicano ante el comité, en el que se detallan las violaciones y la discriminación de que son víctimas sobre todo los migrantes indígenas.
El informe incluye también los datos del acoso que sufren defensores de derechos humanos, especialmente los ataques de que han sido víctimas quienes protegen precisamente a migrantes e indígenas.
Amnistía Internacional está realizando una campaña global para pedir a México que proteja a los migrantes.
“Pero también sabemos que las pequeñas cosas pueden hacer una gran diferencia.En el camino, las ampollas y pies infectados sin tratamiento no solamente duelen, sino que pueden poner su vida en peligro. Los calcetines pueden ayudar, envía un par a un albergue de migrantes”, redacta la organización de Derechos Humanos en su página.
Con el nombre ¿Tú qué llevarías?, el video de Amnistía Internacional hace un llamado a la sociedad sobre los migrantes que diario se trasladan de un país a otro en busca de mejores oportunidades. Con la pregunta ¿tú que llevarías si te tuvieras que ir de tu país? y ¿qué llevarías si supieras que en el camino te pueden hacer daño? ponen en jaque a las personas. La respuesta no es fácil.

Defensores de derechos humanos denunciarán detenciones arbitrarias y procesos juidiciales discriminatorios contra grupos vulnerables

(CNNMéxico) — Defensores de derechos humanos denunciarán ante las Naciones Unidas los abusos cometidos en México contra indígenas y grupos vulnerables que son detenidos, encarcelados y reciben condenas arbitrarias, sin un proceso legal justo.
El Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dijo este martes que
las autoridades mexicanas “han recurrido a la cada vez más frecuente
práctica de detener a personas en situación de vulnerabilidad y
convertirlos en chivos expiatorios” en el contexto de la implementación
de más políticas contra el crimen organizado.
Esa organización presentará el próximo 14 de febrero ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU el informe Discriminados y encarcelados: Detenciones y condenas arbitrarias a personas indígenas inocentes en México, el cual incluye “las graves irregularidades y violaciones cometidas” contra las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara, Teresa González y Basilia Ucan Nah, y contra los indígenas Hugo Sánchez Ramírez, José Ramón Aniceto y Pascual Agustín.
El director del centro, José Rosario Marroquín, indicó que es frecuente que se cometa discriminación contra los indígenas al negárseles un proceso judicial justo y por ende, el goce del ejercicio de sus derechos humanos fundamentales.
El Centro Prodh afirma que los indígenas en el país son “chivos expiatorios” que no gozan de presunción de inocencia ni de procesos judiciales justos sólo por su condición de vulnerabilidad.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial evaluará al Estado mexicano en una sesión oral y entregará parte de sus conclusiones sobre los presuntos abusos cometidos contra indígenas recluidos en centros penitenciarios.
En conferencia de prensa, el Centro Prodh recordó el caso de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, defensores nahuas del derecho al agua de la comunidad de Atla, en el municipio de Pahuatlán, Puebla.
Ambos fueron detenidos el 13 de enero del 2010, encarcelados y condenados a seis años y 10 meses de prisión por presuntamente haber robado con violencia un vehículo. El Centro Prodh argumenta que el caso de los indígenas está vinculado a su lucha comunitaria y como ésta afectaba los intereses de un grupo caciquil que tenía el monopolio para tener acceso al agua.
Ante la ONU también se presentará el caso de Hugo Sánchez, un indígena mazahua del Estado de México detenido en el 2007 y condenado a más de 37 años de prisión por el delito de secuestro y portación de armas.
El caso de Hugo ha sido seguido por el Centro Prodh, que ha documentado testimonios que muestran que no pudo haber cometido el delito que se le imputa y que fue detenido bajo el único supuesto de que “tenía una actitud sospechosa”.
Un comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU analiza la situación de los indígenas en México

(CNNMéxico) — El gobierno mexicano destacó sus avances para mejorar el acceso a la justicia de los 16 millones de indígenas que habitan en el país, durante una sesión ante el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas que este martes revisa el caso de México.
“Hemos hecho grandes avances; ahora, la mayoría de los indígenas cuentan con asistencia letrada e intérpretes”, aseguró en entrevista Janitzio Durán Ortegón, de la Unidad de Planeación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, tras responder a preguntas de un comité de la Convención.
El gobierno ha formado a 444 interpretes desde el 2007 que también conocen los usos y costumbres de los indígenas, “estos intérpretes cubren 80 variantes lingüísticas de 27 comunidades indígenas de México que suponen más del 60% de la población”, explicó Durán.
Entre el 2009 y el 2011 han sido liberados más de 3,000 reos indígenas de los 9,000 existentes, a algunos se les ayudó a pagar la fianza y a otros se les revisó la pena, dijo.
El Comité de la convención había pedido a México mejorar el acceso a la justicia de los indígenas dado el alto número de las condenas y juicios injustos que padecen.
Los indígenas suelen ser forzados a participar en procedimientos judiciales sin asistencia adecuada y sin conocer exactamente los procedimientos, de acuerdo con un informe Amnistía Internacional sobre México.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial evaluará la actuación de México en materia de discriminación racial los días 14 y 15 de febrero.
Una de las principales dudas que expresó el Comité que analiza el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, era si México había implementado las leyes que regulan la defensa de los derechos de los indígenas.
Durán aseguró que en el 2007 se habían invertido unos 1,000 millones de dólares para mejorar la situación de los indígenas y que en el 2011 se invertirían 4,800 millones de dólares.
El jefe de la delegación, Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), recordó que México hizo una reforma constitucional en materia de derechos humanos en junio del 2011 y que ésta “es la mayor ampliación de derechos de las personas hecho en el marco jurídico nacional”.
Aunque Bucio aclaró que el cambio en la ley no ha modificado la realidad nacional pero que es un punto de arranque.
Dijo que la compleja geografía del país, las estructuras políticas, los prejuicios y las barreras culturales dificultan el combate a la discriminación indígena.
En diciembre pasado, nueve años después de que Valentina Rosendo Cantú denunció que fue violada por militares y que no tuvo acceso a la justicia, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional en el delito y pidió perdón a la indígena de la comunidad Me’phaa.
Sobre el tema, la organización Amnistía Internacional pidió al gobierno mexicano “tomar medidas para garantizar que migrantes y pueblos indígenas” tengan acceso “a sus derechos humanos fundamentales”.
La discriminación aún es generalizada y constante en México, detalla la organización en un comunicado.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentará este martes el informe Discriminados y encarcelados: Detenciones y condenas arbitrarias a personas indígenas inocentes en México.
En centro sostiene que los indígenas son “chivos expiatorios” a quienes no se les respeta su presunción de inocencia ni de procesos judiciales.