PRENSA MEXICO MARTES 19 JUNIO

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hilda venegas

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Jun 19, 2007, 11:38:12 AM6/19/07
to Gabo Rebelde



PORTADAS | Acuerda la Corte crear comisión para Oaxaca | Va fisco por empresas | Que la IP pague más, eje de la reforma fiscal | relación con Ahumada | Pide Senado cambio integral

SCJN analizarán la creación de una comisión especial que investigue el conflicto en Oaxaca

CASO MARÍN-CACHO | SE UNE LA COMUNIDAD INTELECTUAL, PERIODÍSTICA Y ARTÍSTICA PARA PEDIR A LA CORTE CASTIGO AL ABUSO Y LA IMPUNIDAD | Se suman al llamado: Gabriel Orozco, Pedro Armendáriz, Blanca Guerra, Oscar Figueroa, Vicente Leñero, Felipe Cazals, Salma Hayek… (entre otros), a una lista ya firmada por: Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu, Guillermo del Toro, Luis Mandoki, Berta Navarro, Gael García Bernal, Diego Luna, Lorena Maza, Mariana Rodríguez, Dana Rotberg, Carlos Reygadas, Sasha Sokol, Daniel Gimenez Cacho, Eugenia León, Chío, Kate del Castillo, Jan, Patricia Reyes Espíndola, Carmen Giménez Cacho, Gabriela García Luna, Carlos Monsivais, Elena Poniatowska, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Marta Lamas, Alberto Ruy Sánchez, Julio Scherer Ibarra, Carmen Boullosa, Rossana Fuentes, Sabina Berman, Regina Orozco, Naomi Klein… Y MÁS DE 1500 NOMBRES…

    Por unafuente
    En las últimas horas se han unido más intelectuales, activistas, periodistas y artistas al reclamo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva por el bien de México, y castigue el abuso y la impunidad en el que cayeron las autoridades poblanas contra la activista y periodista Lydia Cacho.
    Los últimos abajofirmantes que se unen son:
    Salma Hayek, Gabriel Orozco, Pedro Armendáriz, Blanca Guerra, Oscar Figueroa, Vicente Leñero, Felipe Cazals, Mariestela Fernández, Eduardo Gamboa, Ernesto Gomez Cruz, Juan Antonio de la Riva, Lucía Álvarez, María Rojo, Nerio Barberis, Sigfrido Barjau, Toni Kuhn, Jorge Fons, Carlos García Agraz, Enriqueta Cabrera, Stasia de la Garza y Julio Pomar.
    Antes, ya habían firmado:
    Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñarritu, Guillermo del Toro, Luis Mandoki, Berta Navarro, Gael García Bernal, Diego Luna, Lorena Maza, Mariana Rodríguez, Dana Rotberg, Carlos Reygadas, Sasha Sokol, Daniel Gimenez Cacho, Eugenia Leon, Chío, Kate del Castillo, Jan, Patricia Reyes Espíndola, Carmen Giménez Cacho, Gabriela García Luna, Carlos Monsivais, Elena Poniatowska, Denise Dresser, Josefina Zoraida Vázquez, Marcela Lagarde, Angeles Ochoa, Sergio Aguayo, Marta Lamas, Jorge Zepeda Patterson, Alberto Ruy Sánchez, Julio Scherer Ibarra, Marcela Lagarde, Carmen Boullosa, Rossana Fuentes, Sabina Berman, Regina Orozco, Naomi Klein, Ana Colchero, Marta Lamas, Humberto Musachio, Enrique Berruga, Huberto Bátiz, Berta Hiriart, Clara Jusidman, Angeles Mastretta Carlos Fazio, Clara Scherer, Diana Washington Valdéz, Epigmenio Ibarra, Federico Campbell, Jordi Soler, Guadalupe Loaeza, Héctor (Eko) de la Garza, Jorge Fernández Menéndez, Lucía Melgar, Grupo Elefante, Saul Hernández de Jaguares, Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez, María de los Angeles Moreno, María Elena Chapa, María Teresa Priego, Marie Claire Acosta, Marina Arvizu, Mónica Lavín, Patricia Mercado, Ricardo Rocha, Rosa Nissan, Rosaura Barahona, Sara Sefchovich, Felipe Garrido, Salvador Camarena, Salvador Frausto, Gerardo Priego Tapia, Jenaro Villamil, Debora Holtz, Héctor de Mauleón, Alejandro Paez Varela, Rita Varela, Marco Lara Kahr, Cri Rodríguez, Sergio González Rodríguez, Maximiliano Vega Tato, Alberto Begné, Margarita De Orellana, María Consuelo Mejía, Blanca Rico, Alicia Leal, Gerardo Garcìa, Alejandra Islas, Carlos Martínez Assad, Adolfo Castañón, Carlos Fazio, David Bialostozky, Mariana Winocour, Paloma Torres.
    …Y 1500 FRMAS MÁS
    Por la mañana, artistas, intelectuales e investigadores advirtieron que el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín, pone al Estado mexicano una prueba para saber si se está protegiendo a los servidores públicos y a redes de supuestos criminales de pornografía infantil y corrupción de menores, reseñaron varios medios mexicanos y extranjeros. Al dar a conocer un documento de respaldo a la periodista Lydia Cacho, autora de Los demonios del edén, en donde develó y detalló los presuntos abusos sexuales de Jean Succar Kuri, en contra de un grupo de niñas y niños en Cancún, Quintana Roo, presentadas a partir de 2003, los cineastas Luis Mandoki y Alfonso Cuarón coincidieron en que aún falta darle más luz a este caso en México.
    A LA OPINION PÚBLICA, COMUNICADO
    La denuncia presentada en 2003 por un grupo de niñas y niños abusados sexualmente por Jean Succar Kuri en Cancún desencadenó una larga secuela de infamias que aún no termina. Es un caso que exhibe la dificultad que existe en México para llevar ante los tribunales a autoridades y hombres de poder vinculados con actos criminales.
    Los Hechos
    No fue fácil para las víctimas atreverse a denunciar a su victimario, un hombre de riqueza e influencias. La respuesta de las autoridades a este acto de valor civil fue un intento de extorsión al criminal, y de negligencia al dejarlo escapar. Gracias a la movilización de las propias víctimas ante la INTERPOL, Succar Kuri fue detenido en Estados Unidos, pero su extradición se congeló debido al escaso interés de la PGR para acreditar el delito ante las autoridades norteamericanas. Pruebas y testimonios que documentaban los crímenes del pederasta, algunas de ellas irremplazables, desaparecieron de los expedientes. El tráfico de influencias aletargó el proceso.
    Gracias a la publicación del libro Los Demonio del Edén, de la periodista Lydia Cacho, y la difusión que recibió el caso, la PGR finalmente agilizó los trámites de extradición. Pero la red de poderosos que protegen a Succar castigó duramente a la periodista por atreverse a exhibirlos. El empresario Kamel Nacif negoció con el gobernador de Puebla Mario Marín la aplicación tortuosa de la justicia para castigar a Lydia Cacho, como lo atestiguan varias pruebas, además de las famosas grabaciones dadas a conocer el 14 de febrero de 2006.
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    HAGAMOS LO MISMO NOSOTROS POR NUESTROS PRESOS POLITICOS,ATENCO OAXACA ¡¡
     
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    Niega el juez Rubalcava relación con Ahumada

    • ''Desconozco por qué aparecen mi nombre y teléfono en la agenda del empresario''
    • ''Quien puede resolver cuestionamientos es el dueño de esa lista'', expresa a La Jornada
    • ''Estoy limpio; pueden correrme por tonto o por apresurado, pero por ratero, nunca''
    • El que se le vincule modifica todas las circunstancias: Carrera, presidente del tribunal
    El juez Alberto Rubalcava negó en entrevista haber mantenido relación con Carlos Ahumada durante 2003 o en años anteriores
    El juez Alberto Rubalcava negó en entrevista haber mantenido relación con Carlos Ahumada durante 2003 o en años anteriores Foto: Humberto González
    El juez 12 de lo penal, Alberto Rubalcava Ramírez, aseguró desconocer las razones por las cuales su apellido y su número telefónico aparecen en la agenda secretarial de Carlos Ahumada Kurtz. Se dijo dispuesto a colaborar en las investigaciones que realice el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal y negó haber mantenido durante 2003, o en años anteriores, relación con el empresario o alguno de los empleados del Grupo Quart.
    -¿A qué se debe que aparezca su apellido en la agenda de Ahumada?
    -No, pues no entiendo. Yo le puedo decir a usted que en el directorio telefónico de la ciudad de México, en la sección blanca, se enlistan 137 registros de ciudadanos cuyo apellido paterno es Rubalcava y de donde se pueden desprender 17 posibilidades de A. Rubalcava y ninguno de esos soy yo.
    -La sección blanca es un directorio telefónico público y de lo que hablamos aquí es de la agenda de una persona a la que usted juzgó -se le revira.
    -¿No dice usted que es de la secretaria? Yo no juzgué a la secretaria. Juzgué al señor Carlos Ahumada
    -Era una agenda secretarial y los asuntos que se manejaban en ella eran los de Ahumada.
    -No lo sé. No sé por qué aparezca A. Rubalcava.
    Entrevistado el lunes en su oficina del Reclusorio Norte, Rubalcava Ramírez dijo desconocer la existencia de la agenda 2003 de la cual La Jornada tiene una copia, y aseguró que desde que nació no se ha mudado de casa.
    "Yo tengo viviendo en ese domicilio desde que nací. Es el domicilio de mi madre y es el mismo número (telefónico) que tiene la institución. No sé si de ahí lo hayan tomado, no sé, lo ignoro y vuelvo a repetir, yo no aparezco en la lista de esas 137 personas que aparecen en el directorio telefónico (sección blanca). Yo no soy titular de ningún teléfono."
    Al cuestionarlo sobre su estadía en un juzgado del Reclusorio Sur -ya que en la agenda de Ahumada de 2003 aparece la leyenda "Reclusorio Sur, Alberto Rubalcava"-, el juez estableció: "Fue de 2003 a 2007. El primero de enero de 2003 llegue ahí y me vine para acá (al Reclusorio Norte) el 16 de febrero de 2007".
    Para corroborar las fechas, el titular del juzgado 12 de lo penal enseña el oficio 2421/2007 del Consejo de la Judicatura, firmado por la secretaria general de dicho órgano, Matilde Ramírez, y en el cual se ordena el cambio de adscripción.
    "Cuando yo llegué el expediente de Ahumada ya se encontraba aquí (en un principio estaba en el juzgado 11, de Gustavo A. Madero) y promovieron la acumulación del 34 (el presunto fraude en la delegación Tláhuac). Ahora, ¿por qué (la procuraduría capitalina) no apeló de esa acumulación, si esa determinación era apelable. Por qué no apelaron de que el juez (11 de lo penal) se haya inhibido de conocer la causa?"
    Rubalcava Ramírez argumenta que la sentencia que emitió la "tarde-noche" del 7 de mayo pasado y que significó la excarcelación de Ahumada está sustentada, e inclusive explica que uno de los argumentos en los que se basó es que el Ministerio Público, en su pliego de conclusiones, incurrió en una "falla técnica", al señalar "que los sentenciados, Luis Reyes Angeles Carrillo, Juan Carlos Herrera Chavira, Carlos Alvarez Cardozo y María Martha Delgado Arroyo, actuaron para obtener un lucro en beneficio de un tercero.
    "Y que Agustín Ahumada Kurtz actuó para obtener un beneficio propio, lo cual es incorrecto, pues con base en el principio de unidad del título de incriminación no es posible que existan dos delitos de una sola conducta."
    -El motivo de esta entrevista fue la agenda, no el proceso judicial -se le recuerda.
    -Entonces lo vuelvo a reiterar, no sé que relación tenga con mi persona, pero quien puede resolver eso es el dueño de la agenda.
    El juez aseguró que la agenda de 2003 no aparece en actas judiciales: "en las 74 mil 500 páginas (que conforman el expediente) no hay tal agenda", por lo que dijo desconocer su existencia e inclusive cuestionó que La Jornada no haya publicado el número telefónico que presuntamente le pertenece: "en el periódico dice 'marcamos', pero no aparece ningún número".
    -Si quiere confrontamos los números, usted me da el suyo y vemos si coincide con el de la agenda -se le propone.
    -No, porque mi número es privado y debe entender que por motivo de mi función (no se puede dar a conocer), ¡cómo cree!
    Por último, Alberto Rubalcava advierte que las críticas surgidas a partir de que dictó una sentencia antes de que terminaran los 30 días hábiles que contempla la ley están infundadas: "vamos a abreviar: no sé que relación tenga con mi persona e ignoro si existe la agenda. Además, las 74 mil páginas no se leyeron en los días después de la audiencia de vista. Desde que llegué al juzgado trabajé en eso", es decir, más de 80 días.
    Para confirmar lo anterior, el juez Rubalcava muestra un diagrama, elaborado por él, que contiene los nombres de los inculpados y resúmenes hechos a mano que enumeran los documentos que están en el expediente, al tiempo que solicita: "También refiera que las quejas que están (en el Consejo de la Judicatura y son en su contra) y que son 17, fueron declaradas improcedentes. En una me concedieron un juicio de amparo y eso implica que la resolución emitida por el consejo no fue la correcta. Mi expediente está limpio y diga, también, que soy doctor en derecho, que tengo varios diplomados y tres maestrías (...) pueden correrme por tonto o por sacar mi trabajo rápido, pero por ratero nunca".
    AGUSTIN SALGADO Y RAUL LLANOS
    • ''La entidad se halla en paz y en recuperación''

    Para Ulises Ruiz el conflicto magisterial en Oaxaca está "terminado"

    La investigación sobre la violación grave de garantías individuales en Oaxaca debe incluir la responsabilidad de las autoridades federales, estatales y municipales por el excesivo uso de la fuerza, pero también por la omisión en el uso de ésta, sostuvo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia
    Además propuso definir criterios cuando entran en pugna "garantías individuales del más alto valor", como el derecho a la libre expresión o manifestación de las ideas, con "el derecho colectivo a vivir en paz, con seguridad y con orden público".
    Al fijar su postura en favor de que la Corte investigue los hechos ocurridos en Oaxaca de junio del año pasado a enero del presente -con él suman siete los ministros que apoyan esa posición-, Ortiz Mayagoitia subrayó que cuando estos derechos entran en conflicto "los gobernantes no pueden permanecer impasibles como si nada pasara; no son árbitro pasivo entre la sociedad y quienes ejercen el derecho de manifestación, sino que tienen a su cargo un deber de obrar para proteger ambos intereses.
    "Me parece -añadió en la sesión de ayer del máximo tribunal- que a partir de 1968 se generaron una serie de condiciones jurídicas y políticas que inducen a la pasividad del gobernante, porque, al parecer, encuentra en la omisión mejores expectativas que si diera cumplimiento a sus deberes constitucionales".
    Reconoció que "no hemos sabido todavía configurar el uso correcto de la fuerza pública, lo cual da como resultado excesos y en algunos casos violación de garantías".
    Como punto complementario a la propuesta del ministro instructor, Juan N. Silva Meza, de que se investigue la presunta violación de garantías individuales en que incurrieron autoridades federales, estatales y municipales, Ortiz Mayagoitia planteó que la Corte analice por qué los gobernantes piensan que pueden decidir de una manera "absolutamente discrecional" si actúan o no frente a manifestantes que alteran el orden y la seguridad pública, "siempre bajo la premisa de evitarse en lo personal el mal mayor".
    Insistió en que los tres órdenes de gobierno son los encargados de mantener la seguridad pública, el orden público y la paz social, condiciones que son indispensables para el disfrute de las garantías individuales.
    Hoy más que nunca, sostuvo, se requiere una investigación "seria y prudente" que arroje luz sobre la forma en que son afectados los derechos constitucionales de los ciudadanos: "¿qué tipo de acciones u omisiones pueden dar lugar a enfrentamientos civiles en los que claramente se afectan garantías individuales, aunque no sea por la mano de la fuerza pública? ¿Qué ha impedido que los gobernantes definan oportuna y eficientemente la forma y alcance de sus intervenciones? ¿Cuál es la conducta que esperamos de los tres órdenes de gobierno frente a sucesos similares donde las garantías de unos parecen afectar las de otros y ponen en entredicho el orden público?
    "Tenemos que buscar el equilibrio constitucional para estos casos", puntualizó.
    Antes de que Ortiz Mayagoitia fijara su postura, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y Fernando Franco se habían pronunciado en favor del proyecto de Silva Meza para que la Corte ejerza su facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional. Y aunque cada ministro matizó aspectos del proyecto que no compartían, en el fondo anunciaron el sentido de su voto.
    Sin embargo, después de la intervención de Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano -quien se pronunció en contra de la investigación junto con Mariano Azuela, Sergio Valls y José de Jesús Gudiño Pelayo- señaló que cambiaría de criterio y votaría porque la Corte indagara, pero desde la óptica propuesta por el ministro presidente. De inmediato, Silva respondió que no estaba de acuerdo con dejar fuera su propuesta y que, en todo caso, el planteamiento de Ortiz Mayagoitia sería complementario al suyo.
    En todo caso, acordaron aplazar la discusión para este martes, cuando se prevé que se confirme la mayoría de votos por la investigación y se definan los alcances, integrantes, condiciones y forma de operar de la comisión investigadora.
    Durante la sesión, Góngora Pimentel refirió que por la mañana había recibido en su oficina un disco con unas tomas de televisión donde se ve un helicóptero lanzando gas lacrimógeno directamente a los manifestantes, y a dos francotiradores que desde una azotea disparaban directamente a la gente, "y la población era llevada, pues, a morir a los hospitales; las heridas están a la vista".
    Recordó que en su informe sobre Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos da cuenta de dos asesinatos y de más de mil quejas en contra de las autoridades de esa entidad, así como detenciones ilegales, tortura, traslado ilegal de detenidos a prisiones de otras entidades, etcétera.
    Por su parte, José Ramón Cossío dejó en claro que en cuatro informes que les hizo llegar el gobierno de Ulises Ruiz a los ministros sobre lo ocurrido resulta que "no hay una consideración general sobre los hechos", como tampoco hay una respuesta federal o municipal a los señalamientos de la comisión, y que precisamente la falta de respuesta de las autorides constituye un elemento más para realizar la investigación.
    • Marcha de maestros y la APPO; instalan plantón ''representativo'' en el zócalo de la capital oaxaqueña
    Oaxaca, Oax., 18 de junio. El gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, aseguró que el conflicto magisterial del año pasado está "terminado", por lo que la entidad se encuentra en paz y en plena recuperación económica.
    Entrevistado en el contexto del primer Foro Económico Nacional, organizado por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, Ruiz Ortiz manifestó que por el momento está descartada una posible reactivación del conflicto, pues el plantón que instalaron miembros de la sección 22 del magisterio y simpatizantes de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el zócalo de esta ciudad es sólo "representativo" y su único objetivo es dar seguimiento a las negociaciones que se llevan a cabo con la Secretaría de Gobernación.
    "Oaxaca está normalizando su vida; estos conflictos son productos del rezago y de la falta de atención en la que ha vivido el estado. La entidad, con sus problemas normales, está en paz y trabajando", subrayó.
    Asimismo enfatizó que las autoridades de su gobierno están en la "completa disposición" para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realice las investigaciones pertinentes sobre las posibles violaciones a los derechos humanos durante el conflicto que comenzó el año pasado.
    Mientras cientos de maestros marchaban rumbo al lugar donde instalaron su plantón, Ruiz Ortiz señaló que aún no se toma ninguna determinación sobre el uso de la fuerza pública si los mentores deciden instalarse de manera permanente, al mismo tiempo que aseguró que no habrá suspensión de clases en las escuelas oaxaqueñas.
    Por otra parte, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por acuerdo de su asamblea estatal, instaló este lunes un plantón "representativo" indefinido en el zócalo de esta capital, como medida de presión para que la Secretaría de Gobernación atienda sus reclamos.
    Miembros de la APPO se sumaron a la protesta, la cual fue precedida por una marcha que salió del Paseo Juárez El Llano y pasó a dos cuadras de un hotel donde se encontraba el gobernador Ulises Ruiz.
    Durante un mitin, el secretario de Organización de la sección 22, Ezequiel Rosales Carreño, dijo que la instalación del plantón "representativo", decidido por mandato de sus bases, "no es para hacerle el caldo gordo a grupos, partidos políticos o intereses ajenos" al movimiento magisterial, sino para presionar al gobierno federal a atender sus demandas.
    Precisó que el magisterio oaxaqueño, junto con la APPO, mantendrá las protestas en el zócalo "el tiempo necesario", hasta lograr la destitución del gobernador Ulises Ruiz, "por ser una demanda irrenunciable y no negociable"; la libertad de todos los presos políticos y de conciencia, la cancelación de todas las órdenes de aprehensión en contra de activistas, y la entrega de 188 escuelas ocupadas por priístas y miembros de la recién creada sección 59 del SNTE.
    Mencionó que la sección 22 del SNTE se puso en contacto con la Gobernación para instalar una nueva mesa de negociación conjuntamente con la APPO, pero hasta ahora no ha recibido respuesta de la dependencia federal. Llamó a las bases del movimiento magisterial y popular a mantener la organización y la disciplina "para que no sean liberados unos y encerrados otros".
    • Fijará su postura cuando la SCJN dé su fallo

    Ordena el góber Marín a su gabinete mutismo en el caso Lydia Cacho

    La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ofreció todo su apoyo al gobernador de Puebla, Mario Marín, y al mandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz, ante la posibilidad de que al primero le sea iniciado un juicio político por su presunta responsabilidad en la detención ilegal de la comunicadora Lydia Cacho, y al segundo por su presunta pasividad -señalada en la Suprema Corte- ante la violación de derechos humanos durante el conflicto magisterial en aquella entidad.
    La presidenta del tricolor, Beatriz Paredes Rangel, advirtió que esperará a conocer los alcances del dictamen que se emita sobre ambos casos; destacó que si bien su partido es respetuoso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ésta debe ceñir sus actos a las facultades que le concede la ley, sin rebasar esta potestad por razones de índole distinta.
    ''Yo no acostumbro hablar de dictámenes que no han sido presentados, soy respetuosa de la SCJN y espero que (en ambos casos) no haya una sobreinterpretación de sus atribuciones legales. Es claro que el partido estará acompañando a quienes han emanado de nuestras filas, a sus gobernadores'', aseveró en entrevista, luego de tomar protesta a Francisco Rojas como presidente de la Fundación Colosio.
    Al ser interrogada sobre la recomendación que haría la comisión especial que encabeza el ministro Juan N. Silva Meza, durante la lectura de su informe sobre la investigación del caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, ante el pleno de la SCJN, para que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sea sometido a juicio político en la Cámara de Diputados federal, por ser quien presuntamente organizó la confabulación de servidores públicos de esa entidad para detener e iniciar acción legal en contra de Lydia Cacho, Paredes subrayó que el PRI estará del lado de sus gobernadores.
    De igual modo, cuando se le preguntó sobre otro caso que discute la SCJN, en torno al excesivo uso de la fuerza que habrían utilizado las autoridades durante el conflicto que tuvo lugar en Oaxaca el año pasado, la dirigente insistió en que los magistrados no deben sobreinterpretar sus facultades.
    La preocupación de la dirigencia priísta por el rumbo que tomen las decisiones de la SCJN sobre dos de sus gobernadores más cuestionados es evidente, pues no ha conseguido que ninguno de los dos lave una imagen que se ha visto golpeada durante meses, además de que en breve deberá cumplir con su participación en diversos procesos electorales para renovar gobiernos, como el caso de Baja California, con Jorge Hank Rhon, o congresos y presidencias municipales en entidades como la misma Oaxaca.
    Apenas ayer, al fijar su postura en favor de que la Corte investigue los hechos ocurridos en la referida entidad de junio del año pasado a enero del presente año, asunto que será votado hoy, el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia subrayó que cuando estos derechos entran en conflicto ''los gobernantes no pueden permanecer impasibles como si nada pasara, no son árbitro pasivo entre la sociedad y quienes ejercen el derecho de manifestación, sino que tienen a su cargo un deber de obrar para proteger ambos intereses''.
    Además del gobernador de Puebla, se espera que la SCJN solicite que el pleno autorice sugerir a la Procuraduría General de la República (PGR) que ejercite acción penal en contra de los procuradores de Puebla y de Quintana Roo, Blanca Laura Villeda Martínez y Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, respectivamente, ya que en diciembre de 2005 ambos intercambiaron llamadas telefónicas para coordinarse con la intención de detener a la escritora Lydia Cacho en Cancún.
    El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, manifestó ayer que en el caso de la resolución de la comisión especial de la Corte que investigó las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, ''estoy más que seguro de que el máximo tribunal no irá más allá de lo que son sus facultades y competencias, de tal suerte que el trabajo del Ministerio Público se lo deje a la Procuraduría General de la República y que ellos atiendan en específico lo que son sus atribuciones constitucionales. Esto es lo más sano''.
    Por otra parte, en la Cámara de Diputados, la fracción perredista denunció que hay un acuerdo PRI-PAN para no dejar pasar el juicio político en contra del gobernador Mario Marín, acción con la que se pretende evitar que se sancione al Ejecutivo poblano por los abusos cometidos contra Lydia Cacho. El coordinador del sol azteca en San Lázaro, Javier González Garza, recordó que presentó ante la Comisión de Gobernación los documentos necesarios para que se inicie el juicio de procedencia contra Marín.
    A su vez, el coordinador senatorial del PRD, Carlos Navarrete, dijo que si la Corte determina que existe responsabilidad en contra de Marín, las bancadas de su partido actuarán y ''no nos temblará la mano''.
    Puebla, Pue., 18 de junio. El gobernador Mario Marín Torres ordenó a todos los funcionarios de su administración que se abstengan de emitir declaraciones sobre las indagatorias que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre su participación en las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
    A las 10:24 de la mañana, el portal electrónico de la dirección de comunicación social anunció: ''El gobierno del estado de Puebla fijará una postura oficial hasta que el pleno de la Suprema Corte emita el fallo definitivo sobre la investigación que sigue sobre las presuntas violaciones a las garantías individuales de la señora Lydia Cacho. Por el momento, ningún funcionario de la administración estatal realizará comentarios respecto de versiones periodísticas o sobre el curso de la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación''.
    La esposa de Mario Marín, Margarita García, sí hizo declaraciones sobre el caso. En su calidad de presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, dijo que su familia está preparada ''para lo que venga'', y que su marido saldrá bien librado de los resultados de las investigaciones.
    García dijo a reporteros que la entrevistaron después de un desayuno que ofreció con motivo del Día de la Libertad de Expresión: ''Tengo mucha fe, antes que nada en Dios y en las autoridades competentes. Estamos tranquilos, muy confiados y esperamos que todo va a salir muy bien''. La cónyuge del gobernador agregó que en todas las regiones de la entidad ha recibido muestras de solidaridad en torno a las acusaciones contra Marín Torres.
    Este lunes trascendió que la juez quinta de lo penal, Rosa Celia Pérez González, quien dictó auto de formal prisión a Cacho Ribeiro, habría solicitado licencia para ausentarse dos días del cargo. Hace dos semanas la juzgadora repartió entre funcionarios del Poder Judicial estatal un documento en el que argumentó que no violó los derechos de la periodista.
     
    Alfonso Cuarón, Blanca Rico, Celeste Sáenz y Luis MandokI, durante la conferencia de prensa en el Club de Periodistas
    Alfonso Cuarón, Blanca Rico, Celeste Sáenz y Luis MandokI, durante la conferencia de prensa en el Club de Periodistas Foto: Luis Humberto González
    Los cineastas Alfonso Cuarón y Luis Mandoki, dieron a conocer un pronunciamiento de apoyo a la periodista Lydia Cacho, en momentos en que la Suprema Corte determina si se somete a juicio político al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por su presunta confabulación en contra de la comunicadora.
    En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas, Cuarón destacó el pronunciamiento -dirigido a la opinión pública- en el que se subraya que en este caso ''se está juzgando mucho más que una violación a los derechos humanos de una periodista que dio voz y protege a niñas y niños abusados. Lo que está en juego es saber, de una vez por todas, si las y los mexicanos comunes tenemos alguna posibilidad de que el Estado nos proteja de los criminales que se alíen con servidores públicos.
    ''De esos que desde el Poder Ejecutivo y el Judicial utilizan el sistema de justicia penal para proteger redes criminales de todo tipo, incluyendo redes de pornografía infantil y corrupción de menores.''
    Los cineastas insistieron en que lo que está en juego ''son los niños. Lo que nos llamó a tomar esta iniciativa fue la colusión de funcionarios con pederastas. Y sobre todo, de lo que se trata es de una demanda de justicia para el país''.
    Por su parte, Mandoki expresó: ''Es importante que la justicia cambie en México. No se trata de que sólo este caso se resuelva; si es así, es sólo el principio, pero es importante que la gente empiece a sentir que la justicia es posible''.
    Abundó que los ministros de la Corte se preguntan si todos los casos del Ministerio Público deben ser resueltos por ellos; lo que debe quedar claro es que el Ministerio Público es corrupto. ''Este caso -la confabulación de funcionarios con pederastas- no debe pasar al olvido''.
    El cineasta subrayó que ''lo importante no es Lydia Cacho, sino los niños que son víctimas de los abusos; son miles y miles de pequeños violados; no se trata ni es asunto de partidos ni de ideologías, sino se tiene que ir a la conciencia de todo mundo''.
    A su vez, Cuarón -quien leyó parte del documento- dijo que el diferendo entre Lydia Cacho y el gobierno de Puebla ha llegado por segunda vez a la Suprema Corte de Justicia gracias al llamado responsable del Congreso. ''Exhortamos a ministros y ministras a devolver a los ciudadanos nuestro derecho a confiar en los tribunales, porque hasta ahora las repercusiones sufridas por las víctimas de Jean Succar Kuri y la persecución en contra de Cacho Ribeiro parecían dar la razón a ocho de cada diez mexicanos, que consideran inútil denunciar un delito porque las instituciones del Estado no le darán protección.''
    Dijo que si las autoridades poblanas son eximidas de su responsabilidad, si no se reconoce la evidente existencia de redes de pornografía, abuso y trata de menores en México, ''será muy difícil que algún otro ciudadano o ciudadana se atreva a desafiar en un tribunal a hombres que, utilizando el poder público, corrompen a la sociedad y fortalecen la criminalidad''.
    En el documento se hace referencia a la denuncia presentada en 2003 por un grupo de niñas y niños víctimas de abuso sexual por Succar Kuri en Cancún, que desencadenó una larga secuela de infamias que aún no termina. Es un caso, se precisa, donde se exhibe la dificultad que existe en México para llevar ante los tribunales a autoridades y hombres del poder vinculados con criminales.
    En la conferencia de prensa ambos cineastas hicieron un reconocimiento al ''heroísmo de los niños y niñas que denunciaron este caso arriesgando sus vidas. Justicia para el país es la razón por la que hay toda una comunidad presente exigiendo justicia, ojalá este caso sea tan difundido en México como lo ha sido en el mundo".
    Se congratularon por el proyecto presentado por el ministro Juan N. Silva Meza y manifestaron confiar en la sabiduría de los demás magistrados de la Corte para la resolución del fallo.
    Mandoki destacó que la justicia en México no está desligada de los poderes y mientras continúe así seguirá imperando la injusticia.
    El documento lo firman: Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Luis Mandoki, Blanca Rico, Bertha Navarro, Gael García Bernal, Diego Luna, Eugenia León, Kate del Castillo, Daniel Giménez Cacho, Patricia Reyes Spíndola, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Denise Dresser, Carmen Boullosa, Roxana Fuentes, Sabina Berman, Regina Orozco, Ana Colchero, Enrique Berruga, Clara Jusidman, Clara Scherer, Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez, María Elena Chapa, Patricia Mercado, Sara Sefchovich, Deborah Holts, Rita Varela, Margarita de Orellana, María Consuelo Mejía, Blanca Rico y
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    • Las cirugías se realizaron en el Centro Médico La Raza
    ANGELICA ENCISO
    FALLECIO EN CUBA VILMA ESPIN
    Vilma Espín, esposa del presidente interino Raúl Castro, una de las figuras históricas de la revolución cubana y activa defensora de los derechos de la mujer, de la equidad de género y de la educación sexual, murió en La Habana a los 77 años de edad. También presidió la Federación de Mujeres Cubanas y era integrante del Consejo de Estado. En el país isleño fue declarado el duelo nacional. En la imagen, sin fecha, aparece con Manuel Piñeiro, el comandante Barbarroja (ya fallecido), y Fidel y Raúl Castro FOTO Reuters/ Prensa Latina
    GERARDO ARREOLA, CORRESPONSAL

    Rayuela

    Hay que preguntar ahora qué negociará el PRI en Los Pinos con el affaire Cacho.
    Contraportada

    Quiere Pemex compartir la explotación de crudo en el Golfo

    • Promueve cambios en la Constitución; pagaría al capital privado con hidrocarburos
    ISRAEL RODRIGUEZ

    Marcharon a Los Pinos miles de opositores a la Ley del ISSSTE

    • Habrá ''marcaje personal'' a legisladores hasta que se abrogue la reforma, advierten
    Participantes en la megamarcha contra la Ley del ISSSTE
    Participantes en la megamarcha contra la Ley del ISSSTE Foto: Carlos Ramos Mamahua
    Ante la negativa de la Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de la República a establecer un diálogo con los opositores a las reformas de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que acudirá a las sedes en México del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), porque "es ahí donde se toman las verdaderas decisiones y no aquí (en Los Pinos), donde sólo viven los operarios del capital especulativo".
    Luego de más de dos horas y media de caminata del Zócalo a la residencia oficial de Los Pinos, en la que participaron miles de maestros, sindicatos universitarios, obreros y organizaciones sociales que conforman el Consejo Nacional de Huelga (CNH), se acordó iniciar un "marcaje personal" a los 500 diputados y 126 senadores hasta que "firmen la abrogación de la nueva Ley del ISSSTE".
    También se comprometieron a elaborar un informe "paralelo" que presentarán el primero de septiembre, en el contexto del Informe que rendirá el presidente Felipe Calderón, para denunciar "todo el mal que en unos pocos meses ha causado el actual gobierno al pueblo de México".
    En la marcha que partió del Zócalo capitalino poco después de la 10:30 de la mañana, participaron maestros del Distrito Federal, Baja California, Chiapas, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Guanajuato, Tlaxcala, Durango, Veracruz, Zacatecas y Puebla, además de representantes de la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, entre otros, quienes se comprometieron a "fortalecer la unidad del movimiento y estar aquí y ahora con la CNTE".
    Tras 90 minutos de espera en las inmediaciones de Los Pinos para que una comisión del CNH fuera recibida por autoridades federales, Arturo Matus, director del área de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, despachó en 10 minutos a los representantes, a quienes aseguró que la institución presidencial "no es la instancia para atender este problema".
    Ante esta respuesta, y luego de asegurar que Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, "ordenó a Gobernación no negociar con el CNH y mucho menos con la CNTE", Artemio Ortiz Hurtado, secretario general de la sección 18 de Michoacán, afirmó que "si nos cierran estas puertas, ¿qué otras siguen, las del BM y el FMI?, porque los funcionarios de nuestro gobierno son meros operarios de sus capitales y decisiones".
    Advirtió que en los próximos días se realizarán "visitas de cortesía" a los funcionarios federales que han "pedido la represión del movimiento social y que no conocen la Constitución".
    Indicó que el primero será Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, a quien "visitarán" en sus oficinas alternas de Polanco y en la sede oficial en Periférico Sur, para que "le quede claro que aquí estamos los mexicanos dignos con un solo objetivo: la abrogación de la Ley del ISSSTE".
    La represión a la que llama Lozano, aseguró, es el perfil que maneja el actual gobierno, por lo que "no nos extraña su petición ni sus estrategias".
    Los opositores a las reformas a esa ley informaron que con el inicio de la consulta cívica nacional, desde este lunes ciudadanos mayores de 15 años podrán opinar en las "miles de mesas receptoras" que se instalarán en plazas públicas, escuelas primarias y secundarias, normales, planteles de nivel medio superior y en los campus universitarios, además de estaciones del Metro y centros de trabajo.
    Agustín Rodríguez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, se comprometió a que serán los integrantes de este gremio quienes, organizados en 626 comisiones, realizarán un "marcaje personal" a los legisladores federales. Además llamó a que la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano y la CNTE analicen la realización de paros de 24, 48 y 72 horas para consolidar la huelga nacional.
    Los inconformes aseguraron que no existe "ninguna voluntad de diálogo ni de alcanzar un acuerdo" de parte de las autoridades federales, y señalaron que "como lo teníamos previsto, sólo nos quisieron atender atrasito de los granaderos, parados y en la calle, para decirnos que la Presidencia de la República no es la instancia y que no tiene capacidad para responder".
    Desde las primeras horas de este lunes, miles de maestros se dieron cita en la plancha del Zócalo capitalino para de ahí partir a la residencia oficial de Los Pinos. El contingente, que inició su marcha por la calle de Madero hasta avenida Juárez y de ahí por Paseo de la Reforma hasta la calzada Chivatito, generó caos vial y la interrupción parcial del servicio de Metrobus por más de tres horas, ya que cuando la vanguardia se acercaba a la columna de la Independencia, la retaguardia apenas caminaba a la altura de Bucareli.
    Minutos antes de concluir el mitin en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos, y luego de la respuesta oficial de las autoridades federales, los manifestantes colocaron una figura gigante con la representación de dos militares cargando la cabeza de Felipe Calderón, a la cual prendieron fuego, para luego retirar en operación "hormiga" el plantón que mantienen frente a la sede oficial del ISSSTE.
    EMIR OLIVARES
    Y LAURA POY

    Columnas

    • Julio Hernández López: Astillero
      Hipocresía de derechas: los mismos que se han escandalizado por supuestas intervenciones externas ahora ven con comprensión y entusiasmo que México se haya convertido en centro de operaciones de una derecha internacional que, expresamente, pretende recuperar espacios de poder en Latinoamérica actuando contra gobiernos legítimos que tendrían el estigma de ser "de izquierda" (ejemplos de aquellas "intervenciones externas": las venezolanas, nunca comprobadas, pero electoralmente muy exitosas, en términos de guerra propagandística sucia, o aquella farsa de los cubanos expulsados del país por "conspiraciones" nunca demostradas, cuyos detalles son guardados como secreto de estado que cuando se devele será simple humo).
      México como nuevo santuario de la derecha extrema, con un gobierno militarizado que recibe con los brazos abiertos al caudillo ideológico del neofranquismo expansivo, José María Aznar, quien vuelve al lugar de sus infracciones electorales ya no para convocar a los mexicanos a que voten por Felipe Calderón sino para confirmar que las leyes de la Nueva España de nada sirven cuando el infractor en jefe cuenta con la benevolencia de un michoacano agradecido, pero, sobre todo, con la complicidad futurista del comisionista local, Vicente Fox, que pretende ahora ocupar la gerencia general de la operadora mundial de la derecha galopante. Días de acuerdos, planes y emoción conspirativa, con la participación estelar del jefe Aznar; el candidato a gerente internacional, Fox; el anfitrión yunquista, Manuel Espino, y, para completar el cuadro, la presencia del director de la televisora golpista venezolana, Marcel Granier, que viene a esta reunión cumbre a actualizar programación y convenir pautas de trabajo.
      Calderón permite y alienta estas reuniones porque no tiene fuerza suficiente para controlar los ánimos alebrestados del foxismo-espinismo que hace correr la especie de que el presunto triunfo felipense en las recientes elecciones de consejeros nacionales del PAN fue una "chamaqueada" en la que el yunquismo hizo pasar a varios de sus miembros como conversos al calderonismo para ganar espacios, y que en su momento mostrarán sus verdaderas lealtades. Pero, además, porque el pragmatismo extremo, sobre el que ha de manejarse Calderón para no perder la base en la que ha instalado su presidencia impugnada, le hace ver que mientras sea la derecha, en cualquiera de sus variantes, la que actúe y se fortalezca, en esa medida él, el condómino de Los Pinos, tendrá una cuota de apoyo correligionario obligado que en momentos críticos le puede resultar vital.
      Astillas:
      Varios lectores escribieron ayer a esta columna para dar testimonio de abusos en compras a crédito que han sufrido en tiendas de Wal-Mart y Sam's, pero, sobre todo, para expresar preocupación por la explotación laboral de mexicanos y la complicidad de autoridades federales para impedir la sindicalización de los trabajadores de esa trasnacional. El gobierno mexicano podría tomar ejemplo de preocupación social a partir de lo que hizo Noruega, que en junio de 2006 vendió 337 millones de euros que tenía invertidos en bonos y valores de las empresas Wal-Mart y Freeport (ésta, una empresa minera contaminante, con sede en Nueva Orleáns, en Estados Unidos). La decisión fue tomada a partir de las recomendaciones hechas por un comité ético que determinó que la cadena de supermercados "viola de forma sistemática los derechos humanos y los derechos laborales de sus trabajadores" y la minera "causa graves perjuicios al medio ambiente". O, si al calderonismo no le gustara la postura noruega, podría analizar lo hecho por Suecia, que retiró 27.5 millones de dólares que tenía invertidos en Wal-Mart México por considerar que esta empresa "infringe los derechos humanos en la vida laboral". Miembros de la organización Global Exchange escribieron desde San Francisco, California, para tomar nota de lo que sucede en México y proponer que "las organizaciones mexicanas aprovechen las experiencias de otras organizaciones en lucha contra estos gigantes del capitalismo mundial". Los interesados pueden visitar http://walmartwatch.com y http://wal-mart-no.blogspot.com. Por otra parte, Juan Alfredo Pacheco recuerda el video que está disponible en http://video.google.com/videoplay?docid=-3836296181471292925 sobre la manera en que Wal-Mart impide la organización laboral y hace que sus "bajos precios" sean a costa de los empleados...
      El Niño de Oro de los Pinos también sufre (no sólo Hugo Sánchez). Ha sufrido merma el blanquecino negocio emblema con que la familia Mouriño retornó a Vigo, en Galicia, después de que el padre, Carlos, hizo la América en Campeche y el hijo, Juan Camilo, la sigue haciendo a escala nacional en México (inclusive con pretensiones de ser candidato presidencial en 2012). Resulta que en España ha bajado a segunda división el Celta, club de futbol de primera por el que Carlos Mouriño Atanes soltó en mayo de 2006 cuatro millones de euros para hacerse del control accionario y comenzar a hacer negocios al amparo del poder (unas semanas antes de la compra de acciones, el presidente del ayuntamiento gallego era al mismo tiempo director general del equipo; luego se supo de un plan urbanístico municipal que daría gran valía a terrenos comprados desde 2003 por los ahora directivos futboleros, quienes construirían edificios en la costa de Nigrán que les haría quintuplicar su inversión original y tener ingresos por unos 31 millones de euros: ver los Astilleros del 22 de mayo y el 13 de junio de 2006). La caída del Vigo se produjo a pesar de que, en un gesto desesperado, papá Mouriño contrató al técnico de la selección de Bulgaria para que salvara del descenso al equipo de la familia del virrey mexicano...
      Y, mientras el abandono y la corrupción del gobierno oaxaqueño sigue provocando muertes, ¡hasta mañana, en esta columna que oye al río fiscal sonar con aguas reformistas de San Felipe del Gran Presupuesto!
      Fax: 56 05 20 99 * juli...@jornada.com.mx
       
    • Miguel Angel Rivera: Clase Política
      La Suprema Corte de Justicia decidió crear una comisión que investigue si existieron violaciones graves a las garantías constitucionales, cometidas por autoridades o ciudadanos, durante los conflictos ocurridos en Oaxaca a partir de mayo de 2006.
      Una mayoría de siete ministros se pronunció en favor, pero falta determinar cuáles deben ser los objetivos de la comisión encargada de las pesquisas, lo cual se decidirá hoy.
      Al término de la sesión del máximo tribunal, el abogado del gobierno de Ulises Ruiz, Marco Tulio Ruiz Cruz, aseguró que el ejecutivo estatal está en la mejor disposición para colaborar.
      La cosecha
      Pemex necesita una inversión anual superior a los 150 mil millones de pesos para poder explorar nuevos yacimientos de hidrocarburos en lo profundo del mar, aseguró el titular del área de Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, al participar en el foro sobre la reforma energética convocado por la comisión de energía del Senado, presidida por el priísta Francisco Labastida...
      El presidente del Senado, Manlio Fabio Betrones, reconoció la necesidad inaplazable de una política energética de Estado que garantice la seguridad de la nación y la soberanía sobre los recursos naturales. Precisó que la energética deber ser parte de una reforma más amplia, donde se considere la despetrolización de las finanzas públicas y el apoyo al crecimiento de Pemex, pero hasta ahora el Ejecutivo no ha hecho su propuesta...
      A las manifestaciones ocurridas ayer en la ciudad de México debe sumarse el inicio de una huelga de hambre por parte del senador del PRD Héctor Bautista López, como protesta ante la negativa de la Secretaría de Desarrollo Social a incorporar en sus programas de asistencia a los más pobres a casi 170 mil ciudadanos de 24 estados, agrupados en el Movimiento Nacional: Los de Abajo. Ello, a pesar de haber cumplido en tiempo y forma con los requisitos para ingresar las solicitudes de los posibles beneficiarios...
      Agremiados a la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) manifestaron a las autoridades nacionales en materia de salud su preocupación por versiones circulantes en el sentido de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha decido eliminar una serie de requisitos técnicos para la importación de medicinas, lo cual abriría las fronteras a productos de "dudosa" calidad y pondría en riesgo a la industria nacional que, de suyo, enfrenta graves problemas de crecimiento...
      Autoridades municipales y habitantes de Texcoco demandaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) actuar con el mismo rigor que aplica a otros particulares e instituciones oficiales para recuperar una parte del inmueble de la iglesia de San Juan de Dios -incluida en el catálogo de sitios históricos del siglo XVII- utilizada desde hace 17 años como colegio particular...
    • Enrique Galván Ochoa: Dinero
      ¿No va a temblarle la mano a Felipe Calderón si se ve precisado a dar la orden al Ejército que reprima a la gente si desencadena reacciones violentas el aumento de las medicinas y los alimentos? ¿Metería reversa si las cosas se ponen muy feas? La duda es lo único que lo detiene para enviar al Congreso su proyecto de reforma hacendaria que grava los medicamentos y la comida. Todo lo demás está listo: será un albazo contra la economía popular tramado por PAN, PRI, Verde y Panal. Curiosamente, Calderón ha cabildeado con gobernadores, cúpulos empresariales, senadores, diputados y jefes de partidos políticos, pero ha olvidado a los ciudadanos y sus familias. Es sumamente peligroso echar más leña al fuego, cuando todavía no se apaga la rebelión burocrática contra la Ley del ISSSTE.
      Yahoo se reorganiza
      ¿Cuántos años han transcurrido: 10, 11 o 12? La verdad es que ya perdí la cuenta, pero aquellos días mi columna se llamaba Internética, aparecía los sábados y fue mi primera colaboración en La Jornada. Me tocó dar una noticia que provocó incredulidad: había nacido Yahoo, empresa que regalaba buzones de Internet. Hasta ese día lo usual era que tuviéramos que pagar una suscripción a algún proveedor... Yahoo es un éxito, pero hoy día enfrenta competidores poderosos. Ha decidido hacer una reorganización: Jerry Yang, cofundador de la compañía, asumirá el puesto de presidente ejecutivo, que hasta ahora ocupaba Terry Semel. Este se mantendrá en la empresa como consejero, mientras que Sue Decker, directiva de la división de publicidad, será la presidenta del portal de Internet. Suerte.
    • Marco Buenrostro y Cristina Barros: Itacate

    Opinión

    • Magdalena Gómez: Los caminos torcidos de la Suprema Corte
      Las definiciones del máximo órgano del Poder Judicial acerca de la acción de inconstitucionalidad sobre la llamada ley Televisa despertaron la esperanza de que la Suprema Corte por fin se perfilaba como garante de la Constitución, de manera auténtica y transparente, más allá de acuerdos metajurídicos con los otros poderes. Poco duró la fiesta, al conocerse que se compartió previamente con el Ejecutivo el proyecto de dictamen y además se recibieron señales de "aprobación" para el mismo.
      En la recta final de las deliberaciones, se planteó una crítica al Congreso de la Unión por no cumplir el mandato constitucional de establecer las normas legales necesarias para que pueblos y comunidades indígenas tengan acceso a estaciones de radio y televisión. De manera inusitada conocimos expresiones "sensibles" de algunos ministros que nos hablaban de que "se está infligiendo una nueva herida a los pueblos indígenas", o aquella de que "siempre estamos entre las dos puntas de la pinza: o somos activistas o somos medrosos y tímidos".
      Estos incidentes nos hicieron recordar la experiencia de las controversias indígenas, en torno a las cuales la Suprema Corte tuvo la oportunidad de contribuir realmente a la modificación de la contrarreforma indígena de 2001. Sin embargo, no hubo "señales" que así se lo indicaran: el foxismo se declaró "respetuoso" de lo decidido por el Legislativo y éste defendió su contrahechura constitucional. Así, en una sesión de pleno cerrada, realizada el 6 de agosto de 2002, ocho de 11 ministros consideraron que la Corte no tiene facultad para revisar los procedimientos de reformas a la Carta Magna, dejaron libre el camino al órgano reformador, mal llamado constituyente permanente, para hacer con la misma lo que quisiera tanto en la forma como en el fondo. Renunciaron con ello a la posibilidad de ejercer una función contralora al señalar que dicho órgano "no es susceptible de ningún tipo de control judicial".
      Tres ministros presentaron como ponencia la aceptación de la Corte de su facultad de revisar el procedimiento de reformas constitucionales, definiendo que en el caso indígena no existieron violaciones a tal procedimiento. Ninguna de las dos ponencias abordó consideración indígena alguna, ni de fondo ni de forma.
      De la parte indígena se actuó con las cartas sobre la mesa. Los argumentos planteados por escrito se refrendaron en las escasas entrevistas que sostuvieron con algunos ministros, las cuales no alcanzaron el carácter de diálogo, pues las coordenadas ideológicas más benignas motivaban expresiones de simpatía en razón de la extrema pobreza, de la belleza del traje típico, pero jamás del interés jurídico e histórico de los pueblos indios. En dichos encuentros se percibió que en la Corte consideraban que les había llegado un problema político, no de naturaleza jurídica.
      Recuerdo a dos autoridades indígenas que opinaban sobre las controversias. La primera decía, confiada: "sí va a dar justicia; por eso así se llama", y la otra preguntaba: "¿quién los nombra a ellos?" Al mencionar al Congreso, respondió: "¿y quieren que decida contra el que los pone?" Como vemos, cuando los pueblos indígenas señalan que los tres poderes les dieron un portazo hablan desde la experiencia.
      Lo dicho por los ministros respecto al acceso a medios para los indígenas no tiene efectos jurídicos; tampoco pagan costo político alguno por decirlo. Es un incidente más, cruel por cierto. Que no olviden los ministros que su decisión histórica de 2002 quedará en los memoriales de agravios contra los pueblos indios, pues se sumó a los escollos que desde el Estado se han puesto para el reconocimiento de sus derechos colectivos. La postura adoptada constituyó además una regresión respecto a las tesis que esa instancia había sustentado en el caso Camacho y una salida por la puerta falsa ante problemas constitucionales de enorme envergadura, como la ausencia de justiciabilidad de los convenios internacionales, la falacia en que ha convertido la clase política el carácter rígido de nuestra Carta Magna, sobre lo que existe incongruencia entre los requisitos y criterios para reformar las constituciones locales respecto a la general, avalando que se puede ser más ligero para modificar esta última, y la definición sobre la naturaleza del órgano reformador, entre otros. Estos problemas están en la base de los grandes retos que la nación enfrenta ante la arrogancia de un régimen que se dispone a continuar alterando las decisiones básicas del pacto social emanado de la revolución de 1917, como fue en 92 la privatización de la tenencia de la tierra y ahora se pretende con las "reformas estratégicas".
      Ya veremos qué nuevos rumbos toma la Suprema Corte. Por lo pronto, frente al caso Oaxaca, hay división de criterios, y serían normales, pero no parecen serlo de "técnica jurídica", sino de proyecto político, y eso, tratándose de las violaciones graves a derechos humanos, es francamente alarmante.
    • Marco Rascón: Veinte años de Superbarrio
    • Luis Hernández Navarro: Oaxaca: un año después
      Este 14 de junio se cumplió un año del intento de desalojo del plantón magisterial en Oaxaca. La acción policial ordenada por el gobernador Ulises Ruiz dio un vuelco a la lucha de los integrantes de la sección 22 del sindicato magisterial. A partir de ese momento, una movilización de carácter gremial por la rezonificación salarial se transformó en lucha política de amplios sectores de la sociedad oaxaqueña para destituir al mandatario estatal.
      La protesta oaxaqueña ha sido una de las expresiones de descontento social más radicales y profundas que se han vivido en México en años recientes. Entre el 14 junio y el 29 de noviembre de 2006 se vivió en la entidad una severa crisis del modelo de mando, en la que se generaron formas de autoorganización popular inéditas y se vivieron protestas novedosas.
      Tan sólo en junio se efectuaron en la capital cuatro megamarchas masivas. En un estado con poco más de 3 millones de habitantes, el 2 de junio -según los organizadores- tomaron las calles 150 mil personas. El día 7 lo hicieron 250 mil, exigiendo, por primera vez, la renuncia de Ulises Ruiz. El día 16 marcharon 500 mil. El 28 de ese mes protestaron 800 mil almas.
      La golpiza a los maestros el 14 de junio fue repelida. Los policías tuvieron que replegarse y ceder la plaza ante una multitud enardecida. Sin embargo, las fuerzas del orden destruyeron Radio Plantón, que había funcionado como la voz del movimiento. En respuesta, grupos de universitarios tomaron Radio Universidad y comenzaron a transmitir desde sus instalaciones.
      El primero de agosto una comisión de mujeres que buscaban un espacio para difundir la realidad del movimiento en el canal de la televisión pública del estado se hizo del control de la estación. Durante 22 días transmitieron una programación alternativa. Sin embargo, las emisiones se suspendieron cuando un grupo de pistoleros al servicio del gobernador destruyó a balazos antenas y consolas de transmisión.
      La sociedad oaxaqueña respondió tomando las 14 radiodifusoras de la entidad para divulgar su verdad. La radio se convirtió en el instrumento que enlazó a los barrios organizados, convocó y movilizó a la población.
      El 20 de junio de 2006 se fundó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La naciente agrupación retomó y desarrolló las formas organizativas presentes en las comunidades del estado: las asambleas como espacios de encuentro, comunicación, información, análisis, reflexión y toma de acuerdos. Los consejos (de ancianos, caracterizados o principales) como fuente de autoridad y orientación política. Y las comisiones como mecanismo asociativo para cumplir tareas específicas.
      Durante cinco meses la población insubordinada hizo imposible que el gobierno local funcionara. Bloqueó el Congreso y el palacio de gobierno, las secretarías de Finanzas y Economía y el Poder Judicial. La APPO se encargó de mantener el orden de la ciudad. En varios municipios los pueblos tomaron las alcaldías.
      Ante la represión de policías vestidos de civil, de paramilitares y de pistoleros contra los ciudadanos en lucha, y las caravanas de la muerte, formadas por convoyes motorizados desde los que se disparaban armas de fuego contra civiles, los barrios respondieron levantando barricadas nocturnas. Su objetivo inicial era garantizar la seguridad de los vecinos, pero con el paso de los días se convirtieron en espacios de encuentro, educación y discusión política.
      Esta primavera de la autoorganización popular en pleno verano se explica, en parte, como producto de la conjunción de varios factores: el enorme descontento ante el fraude electoral que hizo gobernador a Ulises Ruiz. La ruptura en el bloque dominante y los pleitos entre el mandatario estatal entrante y el saliente. La intolerancia en el trato del gobierno local hacia los alcaldes nombrados por usos y costumbres no afines al PRI. La destrucción del patrimonio histórico de la ciudad de Oaxaca para realizar obras públicas innecesarias que justificaran el desvío de recursos públicos hacia la candidatura presidencial de Roberto Madrazo. La cerrazón gubernamental para atender demandas sociales. La emergencia de los barrios organizados de la capital y zonas conurbadas con graves problemas de urbanización, y una cultura asociativa de origen indígena. La cancelación de espacios democráticos y la intensificación de la represión.
      A finales de octubre y durante noviembre, ante la cercanía del cambio de poderes en el país, se puso en marcha un operativo para desmantelar la insumisión popular de manera violenta. El 26 de octubre Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del magisterio, anunció el regreso a clases de los maestros en huelga. El 27 se desató un ataque contra las barricadas en el cual fue asesinado por pistoleros, entre otros, el camarógrafo estadunidense Brad Will.
      El 27 de octubre se trasladó a la ciudad de Oaxaca a la Policía Federal Preventiva (PFP). El 2 de noviembre la población rechazó el intento policiaco por remover las barricadas que resguardaban la universidad. Sin embargo, el 25 de ese mes la represión se cebó sobre los ciudadanos en lucha, mientras se prendía fuego a edificios públicos en los se encontraba documentación comprometedora para Ulises Ruiz. Felipe Calderón tomó posesión como presidente de la República con un movimiento a la defensiva por la violencia en su contra: muertos, desaparecidos, encarcelados, golpeados y más de 500 órdenes de aprehensión.
      Sin embargo, a pesar de la política de terror y la persecución contra dirigentes, el movimiento mantiene una vitalidad sorprendente. El pasado primero de mayo miles de ciudadanos volvieron a tomar las calles y, desde el 15 de ese mismo mes, los maestros han vuelto a realizar paros. La represión en Oaxaca ha sido conocida y documentada en todo el mundo de los derechos humanos. Se ha convertido en un elemento de desprestigio hacia el gobierno de Felipe Calderón. La APPO sigue viva y actuando.
    • José Blanco: La maraña
    • Pedro Miguel: El País de Uribe
    • Javier Flores: Más sobre el aborto
      En torno de la campaña orquestada contra la despenalización del aborto en la ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha quedado completamente anulada, es decir, abortó antes de las 12 semanas. Lo anterior se desprende de la decisión adoptada el martes pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que establece que el Instituto Federal Electoral (IFE) no tiene legitimación para promover controversias constitucionales. Se trata de una "carambola de tres bandas", pues esta resolución implica que los organismos autónomos en general -y no sólo el IFE-, carecen del perfil previsto en la constitución para emprender tales acciones. Con ello los ministros se ahorrarán, en su momento, los imaginativos argumentos sobre la interrupción del embarazo, engendrados por el ombudsman nacional, José Luis Soberanes.
      La campaña para la que fue reclutada la CNDH está dirigida contra los derechos de las mujeres y está guiada por el dogmatismo religioso. Es muy importante entender que la despenalización del aborto, no es un postulado de la izquierda. Es más, ni siquiera dentro de algunas izquierdas se entiende en su magnitud real los significados de este avance, que tendrá, además de un impacto primario en la salud pública, efectos a largo plazo en las formas de organización social. Se trata del derecho de las mujeres, eliminando el sometimiento a cualquier jerarquía, para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, y esta decisión es, además, independiente de filiaciones políticas y religiosas.
      El aborto es una realidad. Se practica desde la antigüedad, como lo testimonian los textos hipocráticos, escritos desde los siglos V y IV aC. Forma parte, desde tiempos ancestrales, de la realidad cotidiana de las mujeres. No es casual que la mayoría de las que han solicitado la interrupción de sus embarazos, desde que fueron aprobadas las reformas al Código Penal en el Distrito Federal, sean católicas y, se podría proponer, de diferentes ideologías o filiaciones partidarias. Si pudiéramos hacer a un lado las hipocresías, podríamos preguntarnos por qué, las mujeres con ideologías que no son de izquierda, no tienen siete hijos en promedio -si de acuerdo con la Iglesia, todos los anticonceptivos son abortivos. Si habláramos con la verdad (lo cual es difícil en nuestro medio), en todas las familias, sin excepción, hay experiencias de abortos. Si no... que alguien tire la primera piedra.
      Una vez que la Asamblea Legislativa discutió y resolvió sobre la despenalización del aborto en la capital, la Iglesia católica, el Partido Acción Nacional y los grupos conservadores que giran en torno de ellos, buscaron a toda costa que el caso llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la esperanza de revertir este avance en los derechos de las mujeres. Para ello, presionaron a organismos autónomos y al propio ejecutivo para que hicieran llegar su inconformidad ante los ministros. Se llegó al extremo de emplear amenazas, chantajes y descalificaciones contra quienes se opusieran, como ocurrió con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
      De acuerdo con lo previsto en la Constitución, el Ejecutivo sí tiene las facultades para poner en duda la validez de una ley aprobada en el Distrito Federal. Pero en este caso, el recurso de inconstitucionalidad no fue interpuesto directamente por Felipe Calderón -quien ya había hecho pública su aversión a las reformas al Código Penal en la capital del país-, sino por la Procuraduría General de la República (PGR). También, en su reciente visita al Vaticano, hubo especial interés en aclarar que en la reunión de Calderón con Benedicto XVI el tema del aborto no fue abordado, aunque nadie puede probar que esto haya sido así. De lo que se trata es de hacer malabares para que la Corte no identifique en la controversia constitucional un fundamento religioso, lo que traería a la mesa de los ministros, el espinoso tema del Estado laico.
      Con la eliminación de la CNDH, la PGR se ha quedado sola. Quitando toda la paja, es decir, el disfraz con el que se pretende ocultar la médula religiosa de su controversia, lo único sólido en su planteamiento es la tesis de la defensa de la vida humana desde la concepción, que al final de cuentas tiene origen y base religiosa, como lo demuestra el hecho de que es el núcleo de instrucciones y encíclicas elaboradas por el Vaticano, como el Donnum Vitae, a lo que ya me he referido aquí. La forma que adopta esta noción en el caso de la procuraduría, es el de recordatorio a la SCJN de que los ministros se han pronunciado ya en otras ocasiones en favor de este principio.
      En efecto, en enero de 2002, cuando la Corte declaró constitucional la reforma al Código Penal del Distrito Federal con la que se despenalizó el aborto en el caso de alteraciones genéticas, afirmó, ¡en un comunicado de prensa!, lo siguiente: "En la discusión, los ministros establecieron que la Constitución federal protege la vida humana y, de igual forma, protege al producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de la vida humana, independientemente del momento del proceso biológico en que se encuentre". Se trata de una declaración cesarista para dar satisfacción a la Iglesia y los grupos conservadores y al mismo tiempo eliminar una de las causales del delito de aborto. La Constitución defiende la vida humana sí, pero todo lo demás no aparece en la Carta Magna y sí en el Humanae Vitae del Vaticano.
      Lo que se entiende por concepción no ha sido definido por la SCJN, mucho menos por la Constitución. Para la Iglesia católica es el momento en el que Dios infunde el alma a los "hombres" , para la ciencia no existe esta idea. En todo caso habría que hablar de fertilización o de fecundación, pero hasta ahora esto no ha sido establecido en nuestras leyes, y no se puede considerar, por tanto, que sean equivalentes.
    • Teresa del Conde/ I: Frida Kahlo en Bellas Artes
     
     

    Estados

    Demandan al CEN investigar la presunta injerencia de El Yunque en el PAN-Jalisco
    El presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco, Eduardo Rosales Castellanos, en imagen de archivo
    El presidente del Partido Acción Nacional en Jalisco, Eduardo Rosales Castellanos, en imagen de archivo Foto: Arturo Campos Cedillo
    Guadalajara, Jal., 18 de junio. El PAN en Jalisco solicitará a su dirigencia nacional una investigación por los señalamientos de que El Yunque se está apoderando de ese instituto político en la entidad, donde el gobernador Emilio González Márquez y varios de sus colaboradores son señalados como integrantes de esa organización de ultraderecha.
    En conferencia de prensa, Eduardo Rosales Castellanos, dirigente estatal del PAN, informó que solicitará al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) una investigación minuciosa sobre la existencia de El Yunque, "dado que es un problema nacional".
    "A mí no me interesa si se juntan (los miembros de El Yunque) en alguna casa con capuchas y con velas, lo que me preocupa es que utilicen al PAN como mecanismo de acceso al poder", puntualizó.
    Rosales Castellanos dijo que la dirigencia estatal del blanquiazul no puede estar ajena a los constantes señalamientos sobre los nexos del mandatario panista y miembros de su gabinete con la agrupación de ultraderecha.
    "El asunto es que son tan recurrentes las notas sobre el tema que la dirigencia del partido no puede estar ajena... Sobre muchos temas públicos el simple rumor es motivo suficiente para que se hagan investigaciones", señaló.
    Sin embargo, dijo que el mandatario estatal tiene una actitud política suficientemente tolerante y democrática, por lo cual difícilmente creería que pudiera formar parte de una "organización de ese tipo", pero insistió en que debe investigarse.
    El dirigente panista aseguró que los supuestos principios de El Yunque son contrarios a los del Acción Nacional, pues el partido no es confesional sino "liberal, que entiende que el Estado es una creación de individuos concretos que lo crean para proteger determinados derechos individuales, entre ellos la libertad de conciencia".
    "Es claro que estaríamos hablando de una organización con principios diferentes a los de Acción Nacional. Creo que ya es tiempo, ya ha sido tocado el tema en el Comité Estatal, en alguna ocasión se pidió alguna investigación. Yo creo que sí sería prudente que el partido, como organización nacional, empezara a aclarar estos temas", afirmó.
    El dirigente estatal dijo que el PAN no solicita documentos que prueben lo que los militantes afirman en sus solicitudes de inscripción al partido, pero consideró que "es tiempo de que la dirigencia nacional haga un análisis serio de algo que ha sido sostenido como un rumor".
    Calificó de grave que si efectivamente existe una organización de tal naturaleza en el PAN, tenga el poder suficiente para apoderarse de las decisiones de gobierno y por ello, urgió a la realización de las indagatorias.
    Agregó que entre las evidencias y testimonios de la existencia de El Yunque existen videos en el portal de Internet You Tube sobre los ritos de iniciación de esta organización.

    Capital

    La Ssa, a favor de las iniciativas del PRD sobre eutanasia pasiva
    El secretario federal de Salud, José Angel Córdova Villalobos, se manifestó ayer en favor de las iniciativas sobre voluntad anticipada
    El secretario federal de Salud, José Angel Córdova Villalobos, se manifestó ayer en favor de las iniciativas sobre voluntad anticipada Foto: Jesús Villaseca
    José Angel Córdova Villalobos, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), se mostró a favor de las iniciativas de ley perredistas sobre la aplicación de la voluntad anticipada, a fin de que los enfermos en etapa terminal o desahuciados puedan decidir sobre la suspensión del tratamiento médico a que estén sujetos -como la utilización de antibióticos y transfusiones-, para no prolongar más su agonía.
    Me parecen muy correctas, "muy equilibradas" esas propuestas, bajo ese argumento, señaló el funcionario. "Hay que respetar la dignidad de las personas y no prolongarles la vida", darles tratamiento terapéutico "a toda costa" cuando ya no lo necesitan, apuntó.
    Entrevistado en el Museo de Antropología e Historia, al término de la presentación del informe de desarrollo humano y migración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, resaltó que después de leer la propuesta que al respecto presentó el senador Pablo Gómez, ésta le pareció "muy correcta" y entrevió que la presentada por asambleístas del PRD y de la coalición socialdemócrata se mantiene en la misma ruta.
    De hecho, resaltó, eso "ya lo estábamos manejando desde la anterior legislatura de la Cámara de Diputados, pero nos faltó tiempo para sacarlo. Yo creo que si ese es el sentido, va a ser muy positivo, porque hay que respetar la dignidad de las personas y no prolongarles la vida cuando ya no existe ninguna expectativa", lo cual no significa, aclaró, aplicar la eutanasia.
    Córdova Villalobos admitió que el tratar de "evitar el encarnizamiento terapéutico" ya se da "desde hace mucho tiempo" en el país. "A los pacientes que ya no tienen remedio se les da lo que se les debe dar. O sea, hidratación, apoyo nutrimental adecuado y, bueno, cuando ya no hay esa expectativa de vida, las medidas extraordinarias, como sería utilizar a veces antibióticos, transfusiones y muchas cosas, ya no se aplican".
    Pero claro, precisó, "todo esto se tiene que comentar y lo más importante es que la familia, y a veces el mismo paciente, estén de acuerdo".
    Así que este "testamento de vida, como se le ha llamado también (a la voluntad anticipada) puede resultar hasta más sencillo porque la persona (en fase terminal) podría solicitar, sin tener que preguntar a sus familiares, si quiere que se la apliquen medidas extraordinarias", indicó.
    No obstante, el secretario de Salud se pronunció porque se creen comités de bioética, como planteó el perredista Pablo Gómez en su iniciativa, en cada uno de los hospitales, para que "ahí se discutan los casos".
    -Si se aprueba la iniciativa en el Distrito Federal, ¿usted la acatará?
    -Si se aprueba, como todo lo que se aprueba en el marco federal, lo respetamos y lo aplicaremos, evidentemente.
    -¿Podría dar usted el primer paso para la eutanasia pasiva?
    -No sé, no sé, ese es un problema mucho más complicado para discutirlo.
    Al funcionario federal también se le preguntó su opinión sobre legalizar la prostitución en la capital del país. "Lo importante es que podamos tener un control sobre las personas que se dedican a esta función para evitar, evidentemente, enfermedades de transmisión sexual y que se pueda tener un registro, y que ellas puedan acudir, con toda dignidad y con toda libertad (a centros de salud) para ser revisadas".
    Cuando alguna adquiere una infección que puede ser contagiosa, insistió, "pues es preferible por su vida y por las personas con las cuales tiene relación, curarse antes de seguir", finalizó.
    Presenta hoy el GDF alegato sobre litis de PGR y ombudsman en materia de aborto
    Con una crítica jurídica acerca de la "legitimación activa" de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para interponer la acción de inconstitucionalidad, y con argumentos legales que desestiman los criterios de invalidez presentados por la Procuraduría General de la República (PGR), el Gobierno del Distrito Federal (GDF) interpondrá hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) su respuesta a los recursos legales presentados por esas dos instituciones en contra de las reformas que en materia de aborto aprobaron los diputados locales en abril pasado.
    A lo largo de 184 cuartillas, el documento, signado por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, expone las facultades que constitucionalmente tiene asignada la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia de salud y penal y que sustentan las modificaciones legales que permiten la interrupción del embarazo hasta antes de la semana 12 de gestación, y refuta los nueve conceptos de invalidez argumentados por la PGR y los 10 conceptos de invalidez que sostiene la CNDH.
    De entrada, el GDF solicita a la Corte que resuelva sobre la "legitimación activa" de la CNDH para promover acciones de inconstitucionalidad "en las cuales no se discuta la violación a ningún derecho humano, sino sobre las competencias de los diversos órganos de gobierno, materia propia de la controversia constitucional para la que no tiene legitimación".
    Incluso, el escrito resalta que los conceptos de invalidez esgrimidos los fundamenta y vincula la CNDH en cuestiones de competencias constitucionales, que le son ajenas a sus facultades y que son propias de una controversia entre la ALDF y las autoridades federales.
    Cuestiona, a la par, la actuación que tuvo José Luis Soberanes al presentar dicho recurso legal sin tomar la opinión de los miembros de su consejo, "como si se tratara de una institución unimembre o unipersonal", lo cual explica que entonces este servidor público "actuó por si mismo, motivado por su creencia personal, más que como un auténtico garante de los derechos humanos en México".
    Una de las partes medulares de la respuesta del GDF es cuestionar el argumento tanto de la CNDH como de la PGR de considerar por igual al embrión y a la persona, por lo que asegura que en el marco internacional de los derechos humanos "no existe" un sólo tratado que afirme que el embrión es una persona.
    La respuesta elaborada por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del GDF establece que es "falso que los preceptos impugnados sean contrarios a la Constitución", ya que las reformas aprobadas no desconoce "ni de forma expresa ni tácita" el derecho a la vida.
    Más adelante, y en torno al sexto concepto de invalidez promovido por las instancias federales y en el cual se indica que el "obligar" a los médicos locales a practicar los legrados es inconstitucional, el GDF responde que en la ciudad de México se ha establecido un precedente nacional para reconocer la figura de la objeción de conciencia, la cual quedó establecida en el artículo 16 de la Ley de Salud del Distrito Federal.
    Por último y con respecto al octavo y noveno conceptos de invalidez, que se refieren a la presunta violación de la dignidad humana y a la garantía de la legalidad, la contestación que será presentada hoy ante la SCJN establece que tales consideraciones parten de una lectura "errónea" de los preceptos constitucionales, ya que lo que se pretende garantizar con las modificaciones es la dignidad de la mujer y su garantía a ser respetada en sus decisiones.
     
     
     
     
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