Palma: ¿Hasta cuando maldita? www.catorce6.com
Conferencia Afrocolombiana
Palma: ¿Hasta cuando maldita?
Si se compara, la palma puede llegar a ser tan rentable como el petróleo y hasta mejor: Se puede comer. Sin embargo, la historia le ha endilgado a este cultivo deterioro ambiental, desplazamiento y muerte. ¿Hasta cuando?
Véa tambien:
Biodiesel: ¿Un aporte positivo al cambio climático?
Entrevista con el presidente de Fedepalma, Jens Mesa.
Con
la palma africana, Colombia ha consolidado un verdadero renglón
productivo en el Magdalena Medio, los Llanos Orientales, la Costa
Atlántica y Tumaco (Nariño). Aunque todavía hay más arroz o café (442
mil hectáreas y 874 mil hectáreas respectivamente), hoy hay cultivos de
palma en 102 municipios en 16 departamentos; unas 350 mil hectáreas.
Esa es una de las obsesiones del presidente Álvaro Uribe cuando propone convertir a Colombia en un gran productor de palma africana. De hecho, su estrategia de desarrollo rural le da un papel protagónico a este cultivo como polo de desarrollo y estrategia para combatir la pobreza.
Ese ‘boom’ va con las tendencias mundiales. Las exportaciones de aceite de palma, solo en el 2008, llegaron a la cifra récord de 60 millones de toneladas en todo el mundo y fueron el 60 por ciento del total de exportaciones de aceites y grasas, seguido de lejos por el aceite de soya, con un 16 por ciento y del aceite de girasol, con un 7 por ciento.
La industria en todo el mundo usa hoy el fruto de la palma africana para producir aceites, margarinas, productos alimenticios, concentrados para animales, jabones, cosméticos, pinturas y un sin número de productos para hacer más productos. Eso sin hablar del biodiésel, que tiene las mayores perspectivas de crecimiento.
Por eso, si el petróleo fue el ‘oro negro’ del siglo XX, la palma podría configurarse en Colombia como el ‘oro verde’ de la actualidad salvo por una cosa: su mala fama.
Aunque existen cifras contundentes como las del Censo General de Población del 2005, que demuestran a los municipios palmeros con una ventaja en vivienda, salud y educación, la palma africana, que ya cumplió más de 50 años en nuestro país, ha sido relacionada con daños ambientales, paramilitarismo, desarraigo y muerte (vea nota anexa La mala fama).
¿Pero por qué? Las respuestas pueden ser muchas y venir de muchos frentes. Para Jens Mesa, presidente ejecutivo de Fedepalma (el gremio que agrupa al 75 por ciento de los productores de fruto y al 80 por ciento de los productores de aceite) todas las razones provienen de una sola: las malas prácticas. “Es contra eso que lucha Fedepalma”, asegura el ejecutivo.
Miguel Mazorra, también de Fedepalma, parece resumir el tema en una
frase. “La palma bien llevada se traduce en ingresos día a día, mes a
mes durante 25 años; la palma mal habida sirve hasta para lavar dinero”.
Y es que basta combinar en Google las palabras palma, africana y
Colombia, para que aparezcan decenas de sitios que describen el cultivo
de esta oleaginosa como el mismo demonio. De lo que casi no se habla de
es de los titánicos esfuerzos por revindicar y mantener un fruto que
genera sueldos tres y seis veces mejores que los obtenidos por un
trabajador en Malasia o Indonesia, los principales países productores
de aceite de palma en el mundo.
El costo ambiental
No hay duda de la gran deuda que tiene la industria del aceite con el medio ambiente. El día que brotó de la tierra la primera palma sembrada de manera comercial en Colombia, en la década de los 60, brotaron también toda clase de impactos ambientales. Por años, hasta inicios de los 80, las empresas palmeras contaminaron ríos y arrojaron a la atmósfera toneladas de CO2 casi sin control estatal.
Era
la época previa a los 90, cuando el propio Gobierno Nacional, a través
de varias entidades oficiales, era el que estimulaba la colonización de
miles de hectáreas para sembrar, entre otras cosas palma de aceite. Ese
fue el panorama hasta 1991, cuando entra en escena la Nueva
Constitución, considerada una de las más verdes del mundo.
Entonces la historia de la palma tuvo un giro de 180 grados. Con la firma de Colombia de los Principios de Desarrollo Sostenible, firmados en una cumbre Mundial en Río de Janeiro (Brasil 1992), se crean las condiciones para que en 1993 aparezca el Sistema Nacional Ambiental (Sina) y el hoy Ministerio de Ambiente.
La mayoría de las empresas palmeras agremiadas, según Fedepalma, entró entonces en la era de las inversiones para instalar sistemas de tratamiento de aguas residuales, un proceso que incluyó en 1991 la creación del Centro de Investigación de la Palma Cenipalma, la firma voluntaria de los palmeros del Convenio de Producción Limpia en 1997 y la creación en 1998 de la Unidad Ambiental dentro del gremio.
Hoy, acorde con cifras oficiales, esos sistemas de tratamiento instalados reducen cerca del 95 por ciento de las cargas contaminantes en todo el país y Miguel Mazorra, director ambiental de Fedepalma, dice que el sector está comprometido con la valorización de la biodiversidad en lo que él denomina los agro ecosistemas.
De hecho, un estudio de la Universidad de Nariño y Corpoica habla de 277 especies de flora y 125 especies de aves conviviendo con la palma en Tumaco.
No obstante, el camino es aún muy largo. Los impactos del cultivo sobre la biodiversidad son una preocupación constante tanto nacional como internacionalmente.
Según un estudio de la sostenibilidad ambiental del sector palmero, realizado por el ex ministro de Ambiente Manuel Rodríguez y por el ingeniero industrial e investigador Bart van Hoof, la tala de bosques naturales para establecer cultivos de palma ha sido sustantivamente menor en comparación con Malasia, Indonesia y Ecuador, países en donde se ha documentado la destrucción de amplias extensiones de bosques naturales tropicales.El desprestigio de la palma nació en el Urabá Chocoano. ¿Cómo?
Nadie
niega que la palma africana es percibida por muchos como sinónimo de
desarraigo y muerte. No lo niega ni siquiera el grueso del sector
palmero colombiano, que ha tenido que ver las duras y las maduras para
revindicar una actividad que jefes paramilitares han reconocido
públicamente como propia.
El primero en decirlo fue Vicente Castaño, jefe de las AUC. Afirmó en
una entrevista a la revista Semana que él personalmente había
conseguido los empresarios para invertir en esos proyectos en el Urabá,
que eran “duraderos y productivos”. Declaraciones como esa han sido
reiteradas después por otros jefes ‘paras’ en versiones de Justicia y
Paz.
De lo que hablaba Castaño era de uno de los episodios más cruentos de
violación de los derechos humanos en Colombia, de acuerdo con los
registros que reposan en la Corte Penal Internacional. La historia de
la palma maldita, como se llamó, da cuenta de una estrategia macabra
para expulsar a sangre y fuego a unas 150 familias enteras de
afrodescendientes e inundar con cultivos de palma las cuencas de los
ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el bajo Atrato.
Eso agravado por el hecho de que esas tierras, más de 100 mil
hectáreas, habían sido adjudicadas por el Estado a comunidades
afrocolombianas, bajo la tutela de la Ley 70, que hace que esos títulos
sean inembargables, imprescriptibles y no enajenables.
La norma tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han
venido ocupando tierras baldías, de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva para
la protección de la identidad cultural y de los derechos de los afros.
Sin embargo, el conflicto hizo que sucediera todo lo contrario. En el
expediente obra información de que esas comunidades fueron objeto de
desplazamientos forzados, crímenes, desapariciones, torturas, saqueos y
quema a caseríos que según la ONG Internacional Justicia y Paz, que
hace fuerte presencia en la zona, habrían sido perpetuados en una
acción conjunta entre paramilitares y tropas de la Brigada XVII,
entonces al mando del general Rito Alejo del Río para expulsar a la
guerrilla de la zona.
Pero la realidad en la cuenca del Jiguaimandó y Curvaradó es mucho más
compleja. Pese a que ha pasado más de una década, la relación entre
empresarios y paramilitares no ha podido ser comprobada cabalmente.
Ninguno de los socios de las empresas que se asentaron en la zona está
en la cárcel, aunque la mayoría sí están vinculados a sendos procesos
en la Fiscalía y en la Defensoría del Pueblo.
Además, el accionar de cada empresa y la forma como accedió a los
terrenos ha sido ostensiblemente diferente. Catorce 6 conversó con Luis
Fernando Zea, socio de la empresa Palmadó, para quien no existe ninguna
duda de los terribles crímenes que originaron el desplazamiento de las
comunidades en 1997, solo que él se los atribuye a la guerrilla.
Efectivamente, desde la década de los 80, se hizo notable la presencia
de los frentes 5 y 58 de las Farc.
La compra de tierras, según Zea, obedeció a un fenómeno de negocio en
la zona, impulsado por una de las ferias agroindustriales que en nada
tiene que ver con intenciones oscuras de grupos ‘paras’. “Nosotros
dejamos de ser bananeros para vincularnos al proyecto palmero. Eso fue
en el 2003. Lo que hicimos nosotros fue visitar la zona y comprar
tierras. En ese tiempo había un ‘boom’ con las tierras, había
ventas…había de todo. Nosotros les compramos en general mejoras a
campesinos pero muchas de esas personas ya no estaban en el
territorio”, afirma el empresario.
Lo secunda Juan Pablo Sierra, de Palmas de Curvaradó. “Nosotros no nos
hubiéramos metido en todo este enredo porque no teníamos necesidad.
Eran capitales buenos, empresas sanas”, afirma.
Los voceros de ambas empresas, prácticamente las que aún quedan en
la zona, coinciden en afirmar que gran parte del problema de ellos
particularmente fue haberse metido en un escenario que no conocían,
llamado la ley 70. “Las inversiones de capital privado no están
definidas en la Ley 70. La capacidad de transacciones de un empresario
dentro de un área comunitaria no es clara. No hay líneas de crédito… no
está bien definida como es la intervención del empresario en la Ley”.
Se queja Zea.
Y puede tener razón. Dentro de los Consejos Colectivos del Curvaradó y
el Jiguaimandó, el Incoder reconoció ciertos títulos privados a
afrodescendientes que los habían adquirido de forma legal antes de que
se declarara propiedad colectiva. No obstante, hay reportes de todo
tipo de irregularidades en las negociaciones de esos títulos.
Además de la falsificación y modificación en notarías de Quibdó y
Apartadó, Catorce 6 conoció casos tan aberrantes como el del señor Lino
Antonio Díaz Almario, un afrocolombiano a quien el entonces Incora le
adjudicó, el 31 de octubre de 1990, 18 hectáreas. Sin embargo, al
confrontar los certificados de tradición y libertad expedidos por la
oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, sorprende que
ese mismo título haya pasado de 18 a 5000 hectáreas (febrero del 2002)
y que en ese entonces ya no fuera propiedad de don Lino, que murió en
1995, sino de la empresa Urapalma.
Aunque esa última empresa se retiró de la zona y sus cultivos quedaron
al garete, un fallo del Tribunal Administrativo del Chocó al cierre de
esta edición, encontró culpables de usurpación de tierras a una docena
de empresas entre las que se encuentra Urapalma, Palmas S.A., Palmura,
Palmas del Curvaradó, Palmadó y Agropalma. El fallo, que incluye
también a cerca de 30 personas naturales, obliga a los empresarios no
solo a detener cualquier actividad y a devolver las tierras en un plazo
mínimo de 30 días, sino que les exige entregarlas en condiciones aptas
para la habitabilidad.
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Palma: ¿Hasta cuando maldita? | Revista Ambiental Catorce 6 said:
[...] La Mala Fama [...]
# 30 Noviembre 2009 at 12:16 pm
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andres palomino said:
Me gustaría saber como se genera esa rentabilidad día a día de un cultivo de palma, ya que hasta donde yo se esta solo es aprovechable (semillas, frutos) en su estado maduro, es decir en aproximadamente 15 años después de plántula.
De que forma para un campesino común y corriente puede ser viable esta alternativa sin tener que verse agremiado a una agroindustria? (que por su infraestructura es capaz de manejar varios estadios en desarrollo).
Además el impacto ambiental es enorme. Por ser un monocultivo se pierde la estratificación del dosel (es decir todas son palmas y no hay arboles pequeños mezclados con grandes) lo que erradica diversos microhábitats para mantener la biodiversidad.
Gracias
--
Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA)
Telefax: (57-1) 3455520
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