Miércoles 6 de octubre de 2010 por PBI Colombia
6 octubre 2010
ColomPBIa
Boletín informativo no. 16
Septiembre de 2010
La defensa de los derechos humanos: desacreditada en Colombia
Durante años, personas defensoras de derechos humanos y miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos han tenido que soportar falsas acusaciones y señalamientos infundados por parte de funcionarios del Estado y grupos de interés de la sociedad colombiana en los medios de comunicación. Estas declaraciones insinúan —sin sostenerlo con evidencias— vínculos entre estas personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y grupos armados ilegales, entre otras afirmaciones. En el contexto del conflicto armado en Colombia, ser estigmatizado como guerrillero o terrorista constituye en sí mismo un peligro y por lo tanto aumenta el riesgo de ser blanco de ataques y amenazas. Igualmente, conlleva un desprestigio hacia la labor ejercida por la víctima de tales alegaciones. En casos más extremos, estos señalamientos y falsas acusaciones pueden dar pie a montajes judiciales, amenazas y al exilio. Pero las estigmatizaciones no sólo afectan al individuo sino también al conjunto de la sociedad colombiana. Las difamaciones funcionan a modo de rumores y los diferentes estudios realizados en psicología sobre el tema destacan que los rumores negativos circulan muy rápido y tienen un severo impacto social. Así, las personas quedan estigmatizadas aún después de que se hayan desmentido las difamaciones. Esto aumenta la desconfianza y rompe iniciativas de reconstrucción del tejido social.
Como muestran los textos del presente boletín (basados en fuentes públicas y testimonios), muchas organizaciones de derechos humanos y comunidades acompañadas por PBI Colombia han sido víctimas de señalamientos. Esta edición hace énfasis en el fenómeno de las estigmatizaciones y los señalamientos y sus impactos perjudiciales. Los recientes pronunciamientos propositivos del nuevo Gobierno colombiano muestran un «cambio de discurso» en materia de derechos humanos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que estas declaraciones se concreten en acciones y políticas cuyo objetivo sea garantizar la protección inmediata de personas defensoras de derechos humanos, así como el debido proceso de las normas jurídicas. Además esperan que posibilite un escenario político en el cual las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos puedan ejercer su trabajo y participar en la construcción de políticas de paz como representantes de la sociedad civil sin tener que temer por su seguridad, la de sus familiares o su buen nombre.