Fwd: {feterapublicaciones} FeTERA SEMANAL Nº 294

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Movimiento Nacional ORO NEGRO Ana Sacchi

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Feb 23, 2007, 5:38:34 PM2/23/07
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Date: 22-feb-2007 17:44
Subject: {feterapublicaciones} FeTERA SEMANAL Nº 294
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Nº 294 - Año 9 Jueves 22 de febrero de 2007

COMO NOS COMUNICAMOS

FeTERA SEMANAL
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Recolectan firmas en Río Grande
.CAMPAÑA POR LA NACIONALIZACIÓN DEL PETRÓLEO
Fuente: Diario Provincia 23, provincia Tierra del Fuego

En el marco de una campaña nacional, que en Río Negro están desarrollando militantes de la Central de Trabajadores de la Argentina, se juntaron firmas durante el pasado fin de semana, en la céntrica esquina de las avenidas San Martín y Belgrano. La Campaña es impulsada por el Grupo MORENO, que integra entre otros, el cineasta Fernando "Pino" Solanas. Se proponen recolectar Un Millón de Firmas que serán entregadas en el ámbito nacional.

Derogación de RENASE
.AUSPICIOSO COMIENZO DEL PROYECTO DE INICIATIVA POPULAR
Fuente: Diario Provincia 23

Este fin de semana se inició la recolección de firmas en Tolhuin y Río Grande para la presentación del Proyecto de Iniciativa Popular que busca la derogación de la Ley Provincial Nº 730 (RENASA) y la creación de un Instituto Autárquico Provincial para la Administración del 100% de los Recursos Naturales de Tierra del Fuego en las áreas de petróleo, gas y minerales de primera categoría. "La redacción del Proyecto de Ley conllevó un trabajo de equipo muy importante en el que se consideraron muy especialmente los comentarios aportados por la gente de diferentes maneras", confió Alejandro Bertotto. En tanto, la Dra. Liliana "Chispita" Fadul realizó ayer la presentación de la propuesta en los medios de comunicación de Río Grande, resaltando las bondades de que los recursos naturales sean manejados por la provincia y no por los privados. Cabe acotar que el 30 por ciento de las utilidades irán a los municipios.

Frases célebres
.LO DIJO EL GRAL. ENRIQUE MOSCONI
Enrique Carlos Alberto Mosconi, militar e ingeniero argentino. Pionero en la organización de la exploración y explotación de petróleo en Argentina. Ideólogo y primer director de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen (16/10/19923)es nombrado Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), donde permanecería por ocho años, dedicando grandes esfuerzos para incrementar la exploración y desarrollo de la extracción de petróleo. YPF recibió un monto inicial de 8 millones de pesos de parte del Gobierno Nacional, y desde ese momento fue autosuficiente, financiándose a sí misma con las ganancias provenientes de la extracción de petróleo y, por supuesto, sin préstamos ni inversiones extranjeras.

El problema del Agua en la Argentina
.LA RETIRADA NO TAN ORDENADA DE LA SUEZ EN ARGENTINA Y CÓRDOBA
Fuente: Comisión Popular por la Recuperación del Agua Córdoba, Gustavo Spedale

El grupo Suez al final del 2001 ya estaba endeudado por más de 28 mil millones de euros y el "enorme suceso de las concesiones argentinas" en diciembre del 2001 (siete meses antes del discurso) había estallado y los pobres y piqueteros que nunca vieron agua potable de Suez, los trabajadores, que no podían pagar las "tarifas accesibles" se encontraban movilizados y en la calle.

Libertad Sindical
.LA OBSERVACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO AL ESTATUTO SOCIAL DE LA CTA ES UNA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE LIBERTAD SINDICAL
Fuente: Observatorio del Derecho Social por Javier Fernando Izaguirre

Se ha dicho que está "universalmente admitido que no es posible el desarrollo de la Libertad Sindical sin la preexistencia efectiva de los demás derechos humanos y que tampoco es posible el completo ejercicio de éstos, sin la vigencia de aquella. En otras palabras, la Libertad Sindical no es posible sin el ejercicio de los otros derechos humanos, y viceversa" (Ermida, Oscar y Villavicencio, Alfredo, "Sindicatos en Libertad Sindical")

Marcha en Jujuy, pidiendo la estatización de la empresa de generación eléctrica y todos los recursos naturales
.EL PUEBLO DE LIBERTADOR SAN MARTIN PIDE LA NACIONALIZACION DE EJESA
Fuente: Vecinos Autoconvocados, Grupo Capoma-DDHH

Vecinos Autoconvocados, organizaciones sociales y de derechos humanos, marcharon en la ciudad jujeña Libertador San Martín, el 09 de febrero de 07, en protesta por el aumento de la tarifa de eléctrica y por la estatización de la Empresa EJESA. Al finalizar la movilización, entregaron a los Concejales de la ciudad un petitorio.

Debate en la Facultad de Derecho de La Plata
.TODOS CONTRA LA REFORMA
Fuente: Secretaría de Prensa y Difusión - Asociación Judicial Bonaerense 20/02/07

El jueves 22 de febrero, a las 18:00hs, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de La Plata, se realizará una "Jornada de Análisis y Discusión sobre la Reforma Penal Bonaerense.

Andrés Soliz Rada Bolivia
CONTRATOS POR 30 AÑOS
Fuente: Artículos de Andrés Soliz Rada* editados en Rebanadas, 18/02/07

De modo casi providencial, las leyes que, el 3 de diciembre pasado, aprobaron los contratos con las petroleras retornarán al Congreso Nacional, a fin de "resolver cuestiones de forma". Lo anterior, obliga a 130 diputados y 27 senadores a enmendar enormes errores y llenar vacíos que afectarán al país por las próximas tres décadas. Veamos los más importantes:

Agencia FeTERA - CTA
ENCUESTA PARA NUESTROS LECTORES
Queremos conocer su opinión

El Equipo de Comunicación de FeTERA, está realizando una encuesta entre sus lectores,para mejorar nuestro despacho "FeTERA SEMANAL".

FeTERA SEMANAL es una publicación oficial de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Adherida a la CTA

Secretario de Prensa Secretario de Organización Secretario Adjunto Secretario General
ENRIQUE TORRILLA GABRIEL MARTÍNEZ CARLOS ALONSO JOSÉ RIGANE
(ATGAS CBA) (LyF MDP) (S.P.I.Q.P.y A de B.B) (LyF MdP)

 


 

Recolectan firmas en Río Grande
CAMPAÑA POR LA NACIONALIZACIÓN DEL PETRÓLEO
Fuente: Diario Provincia 23, provincia Tierra del Fuego

En el marco de una campaña nacional, que en Río Negro están desarrollando militantes de la Central de Trabajadores de la Argentina, se juntaron firmas durante el pasado fin de semana, en la céntrica esquina de las avenidas San Martín y Belgrano. La Campaña es impulsada por el Grupo MORENO, que integra entre otros, el cineasta Fernando "Pino" Solanas. Se proponen recolectar Un Millón de Firmas que serán entregadas en el ámbito nacional.

Mario Palermo, Secretario Adjunto de la CTA Local, comentando las características de la misma decía que la campaña tiene como objetivo "recuperar nuestros recursos naturales, comenzando por el petróleo y el gas que está en manos de empresas privadas".

Luego señaló que "como está pasando en otros lados, por ejemplo en Bolivia, nosotros deberíamos nacionalizar el petróleo que está en manos extranjeras, que no dejan nada en la Argentina", remarcó.

Palermo dijo que se trata de empresas "que se están llevando todos nuestros recursos naturales" y reclamó "que la Argentina se ponga de pie". Luego dijo que se impone "que cambiemos nuestra manera de pensar y recuperemos el petróleo, el gas y otros recursos naturales".

En este mismo sentido, no descartó la continuidad de la campaña pero respecto de otros recursos. Mencionando, entre uno de los que se encontraría en cierto riesgo de ser pasado a manos privadas, el del agua potable.

Mario Palermo dijo que se trata de "un llamado al conjunto de nuestra nación, para que todos los argentinos nos levantemos, que estemos de pie y para que respeten de una vez a nuestra bandera". Igualmente destacó la implementación de políticas de este tipo en otros países de la región, mencionando "lo que está haciendo (Hugo) Chávez en Latinoamérica, al llevar a todos los pueblos a la unificación. Lo que está haciendo Evo Morales en Bolivia, de entrada las empresas privadas en esas regiones tiraron la bronca y dijeron que estaba mal. Pero hoy por hoy son esas mismas empresas las que están arreglando, porque saben lo que están sacando y saben que se llevan miles de millones de dólares, eso nosotros también lo sabemos", advirtió el adjunto de la CTA.

Cabe señalar, finalmente, que la campaña es impulsada por el Grupo MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora), cuyos referentes en el plano nacional son Fernando Pino Solanas, Félix Herrero, Gustavo Callejas, entre otros.

Ellos resolvieron iniciar esta "Campaña Nacional por un Millón de firmas para la Nacionalización del Petróleo y el Gas" que planea, "desde la ciudadanía, la necesidad de reconstituir las reservas de gas y petróleo, sensiblemente disminuidas por la falta de exploración; recuperar el planeamiento y control del sector energético; detener las exportaciones de crudos para recuperar los niveles de reservas que garanticen el autoabastecimiento; garantizar la utilización de los recursos energéticos para toda la población en igualdad de condiciones", dicen los referentes nacional del MORENO.

De igual forma están planteando la necesidad de que Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima) "asuma el rol de empresa petrolera nacional, recibiendo las áreas que hoy detentan en forma ilegal las petroleras privadas, para orientar la política energética, en términos de un uso eficiente de los recursos y la apropiación de la renta. En ese sentido, planteamos la necesidad de constituir una comisión investigadora que analice los contratos de concesión de manera de verificar el cumplimiento de la Ley 17.319 (de Hidrocarburos)", tala como se publicó en el matutino porteño Página 12.

Además señalaron que en este marco "es necesaria la derogación de los decretos que garantizan la libre disponibilidad de gas y petróleo para su exportación, la fijación de precios internos referenciados en el valor internacional y la libre disponibilidad del 70% de las divisas de los hidrocarburos comercializados ene l exterior. Ante una crisis energética que ya el Gobierno no puede ocultar, es importante incentivar políticas que no posterguen la demanda social y protejan recursos no renovables que son estratégicos para el desarrollo de un pueblo con justicia social: el camino es cambiar el modelo energético actual cuyo fracaso es indisimulable", sentenciaron.

La Campaña por la Nacionalización del Petróleo y el Gas, continúa en todo el territorio Argentino

Desde que empezamos la Campaña por el "Millón de Firmas", hemos acumulados miles de firmas, que nos han hecho llegar desde diversos lugares del país. Nuestro objetivo de llegar al millón, todavía no lo hemos concretado; sin embargo, vamos firmes en la consecución del mismo y esperamos que en el 2007, Año del Centenario del Petróleo Nacional, sigamos sumando y con la lucha conjunta de todos, recuperemos el Petróleo y Gas.

Por eso, y porque creemos que Sí se Puede, que es posible Nacionalizar el Petróleo y el Gas.

Reiteramos nuestra invitamos a participar a todas las organizaciones gremiales, políticas, sociales, culturales, religiosas, territoriales, a seguir participando en la campaña por UN MILLON DE FIRMAS, por la nacionalización del petróleo y el gas.

Para más información y/o hacer manifiesta la adhesión a esta campaña, comunicarse a:

feteraorganización@yahoo.com.ar

Para imprimir la Planilla para las Firmas hacer clic sobre "PLANILLA CAMPAÑA POR UN MILLÓN DE FIRMAS", Petróleo y Gas, Nacionalización Ya!!!


PLANILLA "CAMPAÑA POR UN MILLÓN DE FIRMAS"
Petróleo y Gas, Nacionalización Ya !!! (Word - 269.5 KB)


Derogación de RENASE
AUSPICIOSO COMIENZO DEL PROYECTO DE INICIATIVA POPULAR
Fuente: Diario Provincia 23

Este fin de semana se inició la recolección de firmas en Tolhuin y Río Grande para la presentación del Proyecto de Iniciativa Popular que busca la derogación de la Ley Provincial Nº 730 (RENASA) y la creación de un Instituto Autárquico Provincial para la Administración del 100% de los Recursos Naturales de Tierra del Fuego en las áreas de petróleo, gas y minerales de primera categoría. "La redacción del Proyecto de Ley conllevó un trabajo de equipo muy importante en el que se consideraron muy especialmente los comentarios aportados por la gente de diferentes maneras", confió Alejandro Bertotto. En tanto, la Dra. Liliana "Chispita" Fadul realizó ayer la presentación de la propuesta en los medios de comunicación de Río Grande, resaltando las bondades de que los recursos naturales sean manejados por la provincia y no por los privados. Cabe acotar que el 30 por ciento de las utilidades irán a los municipios.

La Dra. Liliana Fadul realizó una maratónica jornada con las emisoras de radio de Río Grande para exponer los fundamentos de la derogación de la Ley 730 de creación de RENASA y a su vez presentar el nuevo proyecto de iniciativa popular para un nuevo proyecto de Recursos Naturales.

"Nosotros, a través de lo que prescribe el artículo 207 de la Constitución Provincial que es la posibilidad de la iniciativa popular, por lo que se están suscribiendo firmas para dos proyectos: uno de derogación de la Ley 730 y el otro de creación del Instituto de Administración de los Recursos Naturales con el cual tanto la administración en este caso de los hidrocarburos y de los minerales corresponden al Estado provincial, así como también la administración y la titularidad de los permisos de explotación y las concesiones de explotación de las áreas pertinentes", explicó la referente federal.

Aseguró que la Ley 730, tal cual está planteada, "es totalmente innecesaria perjudicial a los intereses de Tierra del Fuego porque prácticamente la mitad de los recursos de petróleo, gas y minerales de primer orden van a ir concesionados a los privados que son privilegiados entre comillas que puedan acceder a la compra de estas acciones", reprochó.

También observó que al margen de que los privados controlen el 49 por ciento de las acciones y también de las utilidades, "el estatuto social que se aprobó conjuntamente con la Ley 730 establece o estipula un capital social de solamente 200 mil pesos y le da la posibilidad al gobernador de turno de poder modificar el Estatuto y por ende el capital; pero además, el articulado prevé que las acciones pueden ponerse a la venta a la par o con un valor nominal agregado, lo que quiere decir que si el capital social es de 200 mil pesos, con unos 90 mil pesos los capitales podrían hacerse de semejante negocio que es nada más y nada menos que la explotación y la concesión del petróleo, el gas y los minerales de primer orden y lo que es más grave, por 99 años, que es lo que establece el estatuto".

Como contrapartida el Federal Fueguino propicia esta nueva ley de iniciativa popular que prevé que el cien por cien de las utilidades sean para los fueguinos "y no para un grupo privado privilegiado". Además la Dra. Fadul recordó que esta no es una iniciativa de un solo partido político "sino de un conjunto de hombres y mujeres de bien que quieren a la provincia y pretenden que estos recursos queden para las generaciones de fueguinos y que estamos dispuestos a no claudicar en nuestras convicciones y a defender -sin dudas- el interés provincial tan importante como este", expresó.

Cabe destacar que el articulo 207 de la Constitución establece el 10 por ciento de aval de contados sobre los votos efectivamente emitidos durante la última elección provincial. "Nosotros vamos a pedir una certificación al Juzgado Electoral de la provincia para saber qué número de firmas necesitamos. Pero al margen de esto, creo que esta cifra va a ser ampliamente superada porque la gente está entusiasmada en defender a su provincia y a sus recursos. No estamos dispuestos a la privatización de estos recursos tan importantes porque me viene a la memoria lo que pasó en la década de los 90 cuando había tanta euforia por privatizar y al poco tiempo darse cuenta de que había sido un gran error".

Auspicioso comienzo del Proyecto de Iniciativa Popular
Previamente a la visita de la Dra. Liliana Fadul a Río Grande, este fin de semana se inició auspiciosamente la recolección de firmas de los vecinos de las localidades de Tolhuin (sábado) y Río Grande (domingo), para la presentación del Proyecto de Iniciativa Popular que busca la derogación de la Ley Provincial Nº 730 (RENASA) y la creación de un Instituto Autárquico Provincial para la Administración del 100% de los Recursos Naturales de Tierra del Fuego en las áreas de petróleo, gas y minerales de primera categoría. El dirigente Alejandro Bertotto informó que en sólo cinco horas en la comuna de Tolhuin se obtuvieron 200 firmas y en menos de cuatro horas en la ciudad de Río Grande, donde también participó el presidente de la asociación de ex trabajadores de Y.P.F. Miguel Ángel Karcz, se sumaron 450 firmas más en adhesión al Proyecto de Iniciativa Popular.

"La redacción del Proyecto de Ley conllevó un trabajo de equipo muy importante en el que se consideraron muy especialmente los comentarios aportados por la gente de diferentes maneras, pero en particular en opiniones personales directas y a través del correo opino...@hotmail.com Estas propuestas fueron consensuadas por profesionales especialistas en economía y en cuestiones técnicas y jurídicas relacionadas con el petróleo, a las que se le dio un marco político actual, subrayando la necesidad de que exista una participación real de la gente en el manejo de los Recursos Naturales y asegurando que los municipios y comunas de la provincia tengan responsabilidades en la administración de los recursos y también en las utilidades derivadas de los mismos", explicó Bertotto.

En tal sentido el Instituto Provincial de Administración de los Recursos Naturales será un ente autárquico genuino, que tiene una columna vertebral ejecutiva compuesta por un presidente, un director General de Administración y Finanzas y tres Direcciones de Área (Petróleo; Gas y Minerales) en las cuales operan como consultores idóneos propuestos por cada municipalidad y comuna. Por otra parte el Instituto contempla un Consejo Provincial el que encabezado por el Vicepresidente del Instituto agrupa la fracción participativa del mismo e incluye a representantes ad-honorem de las fuerzas vivas de la comunidad (Asociaciones; ONGs, Cámaras; Universidades, etc.) y tendrá entre sus responsabilidades la de emitir opinión sobre cada uno de los proyectos que encare el Instituto y evaluar la ejecución del Plan Anual del Instituto, en relación a su efectividad, rentabilidad y protección ambiental. "También es original y transparente el sistema de selección de sus autoridades ya que al Presidente y al Vicepresidente los designa el Ejecutivo con acuerdo legislativo atendiendo a que sean idóneos y residentes en la Provincia, pero no podrán ser removidos sino por la cámara legislativa con los tercios de sus miembros y por cuestiones prioritariamente de falta de rentabilidad. Al Director General lo podrá designar el Presidente y también reemplazarlo bajo los mismos parámetros, y, los Directores de Área y el personal jerárquico de cada uno de ellas, serán cubiertos mediante Concurso de Antecedentes y Oposición" opinó el dirigente federal. El ente autárquico dispondrá de dos síndicos un abogado y un contador que tendrán un mandato de tres años, pudiendo ser elegidos nuevamente sólo con un período entre mandato y mandato de tres años.

Las utilidades del Instituto también configuran un aspecto netamente participativo ya que el 30% de las mismas serán destinadas a los municipios y comunas, en proporción a la cantidad de habitantes de los mismos; un 3% se destinarán a actividades especiales de índole deportivo; cultural y en atención a personas de capacidades diferentes; otro 3% a proyectos innovación tecnológica y otros 3 % al fomento de proyectos de innovación tecnológica en el área de Recursos Naturales; por último un 10 % de las utilidades del instituto se emplearán en obras productivas en territorio provincial.

El proyecto también dispone que en un término de 180 días el Ejecutivo deberá presentar ante la legislatura un Plan Provincial para el Desarrollo Energético y la Explotación de los Recursos Naturales de Tierra del Fuego y en igual término un Proyecto de Ley Provincial de Hidrocarburos, además de determinar que en 90 días a partir de la puesta en funcionamiento del ente autárquico deberá aprobar las Normas para el Funcionamiento Interno del mismo. El concepto medular que inspiró la redacción del proyecto de creación del Instituto fue que sea genuinamente participativo, que exista un control real de sus actividades y que sus utilidades alcancen al 100 % el bienestar de los fueguinos.

La recolección de firmas para apoyar ambos proyectos, tanto el de derogación de la ley 730 (RENASA) como de creación del Instituto, será en todo el territorio provincial, a través de mesas en la vía pública, visitas a las casas de los vecinos y también llamando vía mail a opino...@hotmail.com o telefónicamente a los celulares 02964 15454931 de Río Grande ó 02901 15612604 de Ushuaia, solicitando que se le envíen las planillas a su domicilio para firmar las mismas. El empresario y presidente de la asociación de Ex trabajadores de Y.P.F. Miguel Karcz encabezará la juntada de firmas en el municipio petrolero de la provincia.

"Esperamos la adhesión de todos los estamentos de la comunidad fueguina ya que este es un tema de interés de toda la población que excede a toda cuestión partidaria", concluyó Bertotto.


Frases célebres
LO DIJO EL GRAL. ENRIQUE MOSCONI

Enrique Carlos Alberto Mosconi, militar e ingeniero argentino. Pionero en la organización de la exploración y explotación de petróleo en Argentina. Ideólogo y primer director de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen (16/10/19923)es nombrado Director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), donde permanecería por ocho años, dedicando grandes esfuerzos para incrementar la exploración y desarrollo de la extracción de petróleo. YPF recibió un monto inicial de 8 millones de pesos de parte del Gobierno Nacional, y desde ese momento fue autosuficiente, financiándose a sí misma con las ganancias provenientes de la extracción de petróleo y, por supuesto, sin préstamos ni inversiones extranjeras.


El problema del Agua en la Argentina
LA RETIRADA NO TAN ORDENADA DE LA SUEZ EN ARGENTINA Y CÓRDOBA
Fuente: Comisión Popular por la Recuperación del Agua Córdoba, Gustavo Spedale

El grupo Suez al final del 2001 ya estaba endeudado por más de 28 mil millones de euros y el "enorme suceso de las concesiones argentinas" en diciembre del 2001 (siete meses antes del discurso) había estallado y los pobres y piqueteros que nunca vieron agua potable de Suez, los trabajadores, que no podían pagar las "tarifas accesibles" se encontraban movilizados y en la calle.

En junio del 2002 el hidrogangster Gerard Mestrallet (director general en jefe de la Suez) disertaba ante los jerarcas del Banco Mundial  con la música de fondo de "Imagine" de John Lennon con un discurso titulado "Uniendo el Agua Dividida" donde afirmaba:

-  La Suez puede suministrar excelentes servicios de Agua a precios accesibles que los pobres están dispuestos a pagar.

-  Las concesiones en Argentina (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) constituyen un enorme suceso.

Lo que ocultaban las optimistas palabras del hidrogangster era que el grupo Suez al final del 2001 ya estaba endeudado por mas de 28 mil millones de euros y el "enorme suceso de las concesiones argentinas" en diciembre del 2001 (siete meses antes del discurso) había estallado y  los pobres  y piqueteros que nunca vieron agua potable de  Suez, los trabajadores, que no podían pagar las "tarifas accesibles" de Monsieur Mestrallet se encontraban movilizados y en  la calle en una sucesión de cortes, barricadas y asambleas populares, al ritmo de una represión que costó numerosos muertos heridos detenido y perseguidos, mientras caían presidentes que a veces duraban solo horas ante la mirada atónita de las clases dominantes que no podían consolidar "la gobernabilidad".

El CIADI - Espada de Damocles para negociar con ventaja
Está claro que para esa fecha (junio del 2002) ya la Suez  el G-8  el BM y el  FMI  tenían clara la estrategia a desarrollar en las cenizas del paraíso neoliberal Argentino y es por eso que en ese año la Suez - AGBAR preparaban su despliegue estratégico de retirada y presentaban en julio del 2003  las demandas ante el CIADI  (Córdoba 108 millones de dólares, Buenos Aires 1.700 millones de dólares, Santa Fe 310 millones de dólares) aduciendo que las tarifas ya no estaban dolarizadas (caída de la convertibilidad).

La punta de lanza de la estrategia desarrollada por la Suez -Agbar -  FMI -BM,  se asienta en las demandas ante el CIADI que presentaban simultáneamente a una negociación que nunca concluía, y al tiempo político que ellos consideraban "recuperada la gobernabilidad" y a partir de allí presentaban  las demandas.

Es de destacar que el chantaje (Ciadi) no hubiese sido posible si el gobierno de Kirchner hubiera tomado la decisión política soberana de denunciar los TBI (tratados bilaterales de inversión que abren la instancia Ciadi) con Francia ya que el mismo se encuentra vencido (fue firmado en 1992 y se extienden por diez años a no ser que sean denunciados por los gobiernos, de lo contrario se renuevan automáticamente), lo que muestra la intención gubernamental de reciclar nuevos endeudamientos a futuro, sosteniendo el chantaje.   2006 año del retiro "mas o menos ordenado" de la Suez: La región y el efecto Ciadi algunos ejemplos:

Bolivia:  En la Paz " Aguas del Illimani", la Suez  a  culminado su negociación con el gobierno y a pesar de las grandes movilizaciones del Alto y su combativa Fejuve a llegado a una "rescisión amistosa" donde la Suez ha sido indemnizada con quince y medio millones de dólares a pesar que la Auditoria contratada por el estado, reconoce que la transnacional debe a los ciudadanos una cifra de diez millones de dólares, sin contar los cuantiosos daños ocasionados a las personas y el ambiente y  todo esto a pesar de la experiencia de la guerra del agua de Cochabamba en el año 2.000 que mostró que con la movilización y organización, no solo se derrotó a la multinacional Betchel (Aguas del Tunari) sino que se volvió a la empresa pública -(SEMAPA) pero además se derrotó al fantasma del CIADI. Que solo obtuvo una indemnización simbólica.

Uruguay:  _ En Aguas de la costa (empresa que se mantenía privatizada): el gobierno violando la constitución y voluntad popular expresada en el plebiscito del 2004, que decidió la propiedad pública - estatal de los servicios de agua, ha llegado también a un acuerdo adquiriendo el 60%  de la empresa en manos de la Suez por un monto de 3, 4 millones de dólares dejando el 40% restante en manos de capitales privados, antiguos socios de la Suez y hecha a andar el modelo "público - privado".

Argentina las retiradas que confirma la tendencia: de la patria privatista a la patria contratista
No escapó a la receta aplicada a la región y la estrategia de "retirada en orden de la Suez"  que se resume en lo siguiente: la salida de la corrupta y corruptora "patria Privatista" de los "neoliberales 90 y remplazarla por la corrupta y corruptora "patria contratista" estatal anterior a los 90 con una modificación estructural; La Suez ya dejó el huevo de la serpiente, lo que le garantiza en todos los casos ganancias sin inversión a través de asociados locales encubiertos.

Buenos Aires:
Aguas Argentinas hoy es una sociedad anónima estatal AySA donde el estado es propietario del 90% de las acciones y el 10 % restante en mano del sindicato corrupto que fue cómplice de la Privatización . El gerente de la flamante empresa es Carlos Ben alto ejecutivo de la Suez  y ex funcionario de Obras Sanitarias de la Nación en tiempos de la dictadura y privatizador fanático durante el Menemismo, la empresa ha conservado a los proveedores de insumos y a todos los contratistas que son subsidiarios tercerizados de la Suez bajo otros nombres, y Luis Lingieri secretario del sindicato corrupto ha sido incorporado al directorio manteniendo la plantilla de trabajadores precarizada y las empresas proveedoras de insumos que posee en sociedad con Suez.

Santa Fe:
Con la creación de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) se puede decir que no escapa a la matriz empleada en el caso de Aguas Argentinas ya que el esquema es el mismo (90% en manos del estado y 10 % en manos de  sindicalistas corruptos) con una sustancial diferencia ya que existió resistencia desde el momento mismo de la privatización y multitudinarias movilizaciones de vecinos agrupados en la Asamblea por el derecho al Agua que desde el año 2.000 entre otras acciones movilizadoras realizó una consulta  provincial que logró miles y miles de votos a favor de una empresa  de gestión pública y social con participación ciudadana (256.235 votos) y que hoy continua accionando en esa dirección.

Aguas Cordobesas: el nuevo modelo "asociación privada nacional - multinacional
El gobierno neoliberal de Córdoba es una unidad mafiosa de turbios negociados o sea los favoritos de Suez en Argentina, por  ello la concesión en Córdoba continúa en manos de Aguas Cordobesas a sangre y fuego.

La llamada "minuta addenda"  fue aprobada por la legislatura provincial mediante sobornos según expresiones del mismo intendente de la ciudad el 29 de diciembre del 2006 bajo una salvaje represión  que costó 11 heridos y 10 detenidos  fue un ardid para burlar la voluntad popular demostrada a lo largo del 2006 por la resistencia y la movilización nucleada alrededor de la Comisión Popular por la Recuperación del Agua.

Esta vuelta de tuerca sobre la infame ley del 28 de diciembre del 2005 que derrotada por las movilizaciones de febrero marzo del 2006, le significó al gobierno una crisis  que se llevó puesto a ministros y funcionarios y la marcha atrás en el "tarifazo" de mas de un 500%;  Instala por primera vez en las operatoria de Suez en Argentina el modelo de "asociación privado - multinacional - nacional"  y consagra la impunidad y  continuidad a la estafa de Aguas Cordobesas.

Esta operación se llevó a cabo mediante un "pasamanos virtual de acciones" a la Empresa "nacional Roggio", integrante de Aguas Cordobesas y propietaria del 16 % de las acciones, logrando de esta manera transferir el 46,5% del paquete accionario de Suez Agbar, (propietarios del 56,5% de las acciones) y reservando un 10% en manos de Suez  para mantenerse  de esta forma como operadores del servicio.

Es significativo acotar que Roggio-Cliba, fue cooptada por la Suez en 1999 a través de la firma Sita subsidiaria de Suez, y propietaria actual de CLIBA en mas de un 50 % y  que actualmente operan los servicios de saneamiento ambiental de manera conjunta con Suez en varios países de América y Europa, y varias provincias argentinas entre ellas Córdoba, por lo que Suez continua al frente del negociado del Agua pero esta vez subsidiado por  el Estado Provincial y con "fachada nacional".

Algunos efectos del contrato aprobado:
Intenta instalar el paradigma "asociación privada-multinacional-nacional" ante los fracasos de las privatizaciones y potenciales fracasos de la desprivatización en la región.

Esta ley, que decía buscar el desistimiento de las acciones en el CIADI paradojalmente consagra desde el 2007 al 2027 las facultades de Suez- Agbar de abrir un nuevo juicios por cifras mucho mas altas, ya que se mantienen como operadores del servicio, con derecho expreso de recurrir al tribunal del BM en condiciones todavía mas ventajosas en base al nuevo contrato aprobado.

Las tarifas son otra muestra de la estafa, ya que contemplan aumentos de más del 15 por ciento durante el 2007 y formulas indexatorias a partir del 2008 que en forma progresiva se tornaran impagables, sumado a  restricciones de los m3. libres en el servicio medido.   Desaparece totalmente toda forma de control sobre las tarifas y la calidad del servicio y se crea un nuevo ente que da discrecionalidad para fijar aumentos, otorgando para este fin unilateralidad a la empresa.   Fija subsidios por parte del estado que sumados superan el monto de la demanda que presentaron en el CIADI y se hace cargo de los U$  40 millones que la Suez nunca devolvió al BEI (Banco Europeo de Inversiones) que solicitaron para obras que nunca realizaron. Y blanquea los que la provincia clandestinamente ya les fue pagando ($ 10.000.000).

Exime a la empresa de los cánones de agua al futuro y perdona los adeudados   Elimina totalmente la expansión del servicio a las zonas pobres de la ciudad ya que no prevé obras de este tipo.   Establece un servicio medido basado en una ecuación económica de imprevisible consecuencia mediante una bonificación absolutamente injusta que establece subsidios cruzados a favor de la empresa.

Por la construcción de una amplia fuerza articuladora
Considerando que estamos en una fase diferente de la lucha contra las privatizaciones del agua, donde la salida de la Suez del escenario neoliberal de los 90  ya es una realidad, a los movimientos populares nos implica visualizar los nuevos y diferentes desafíos,  por lo que es central redefinir algunos aspectos estratégicos:  1°- construir una fuerza que apunte al corazón mismo de los planes capitalistas, que empiezan en su retirada a restañar sus heridas y reacomodarse de las derrotas sufridas, 2° reconocer en este proceso  puntos nodales: construcción y articulación: En Córdoba en ese sentido ya hemos avanzado a ampliar la comisión  y logramos crear la multisectorial en defensa del agua y la vida, que ya está en marcha con la participación de nuevos actores sociales políticos y gremiales que va abriendo nuevos espacios articuladores, incorporando paulatinamente a sectores barriales, algunos de los cuales ni siquiera poseen agua potable y estaban ajenos a los problemas de las tarifas o el tratamiento de la ley y que en virtud de organizaciones piqueteras que forman parte de la comisión del agua, toman en sus manos conectarse a la red, organizada y democráticamente en un proceso colectivo de apropiación.

Otro aspecto que abordamos es el de los trabajadores del sector, con su sindicalización, para que una vez recuperada la empresa, los trabajadores tengan una visión no corporativa, que la misma no será solo fuente de trabajo, sino empresa pública de un servicio esencial para la vida, avanzando en recomponer la solidaridad y el sentido de clase que fue desvastado en 10 años de hegemonismo neoliberal, con su secuelas de precarización; Tarea abordada con singular éxito ya que existe un proceso de sindicalización creciente en aguas Cordobesas, agrupados a través del sindicato ( SIPOS) también integrante de la comisión del agua.

Las tareas inmediatas en Córdoba:
El espacio político, de Córdoba se encuentra atravesado por las elecciones generales del 2007, poder reconocer este proceso y que el problema del agua no quede sepultado en las pequeñas disputas electoraleras de los candidatos, es lo que nos lleva a revitalizar la frustrada consulta popular del 10 de diciembre y llegar a la misma en el día de la elección a intendente o gobernador, aprovechando la grieta institucional que se abrió entre el municipio y  la provincia  por el contrato del agua; Al margen del oportunismo político de algunos candidatos, consideramos como válida esta instancia táctica que nos permitirá una vez mas colocar en el centro del debate la recuperación del agua y nuestros bienes comunes, devolviéndole al pueblo la palabra y el poder expresarse por algo tan concreto como el agua en medio de la charlatanería electoralera.

En este sentido sin abandonar lo reivindicativo de los efectos del nuevo contrato (juicios-tarifas-cortes etc.) y las movilizaciones y acciones necesarias, se tornan  indispensables las nuevas tareas devenidas de este enfoque y reconocidas ya por la comisión:

-  1° -cabildo abierto por la recuperación del agua el 31 de Marzo día nacional del agua,
-   2°- reeditar el encuentro internacional "Articulando alternativas en defensa del agua la tierra y el ambiente a partir del 15 de mayo, en el marco de las alianzas establecidas en el encuentro Articulando Alternativas del 2006 (tinkuyaku) y fortaleciendo los trabajos comunes que mantenemos con el movimiento campesino indígena (vía campesina), foro de organizaciones sociales, y central de los trabajadores argentinos (CTA) para culminar con una gran movilización  que plantee las exigencias de una empresa estatal de gestión pública con participación directa y democrática de usuarios y trabajadores.
-  3°- Llevar adelante la consulta popular con nuestro propio programa extendiendo el debate a toda la provincia; desde el saneamiento en las ciudades, a las problemática del riego del campesinado pobre, y la apropiación de los pobladores en el manejo sustentable de cuencas y embalses.   La articulación internacional con los movimientos y redes que luchan por el agua especialmente la red VIDA, se ha constituido en una formidable herramienta y su apoyo permanente nos permite visualizar con mucha mas claridad que focalizando sobre acciones concretas en nuestros medios, es el camino  correcto que nos a permite una visión global sobre las estrategias de la Suez en la región, y la forma de dar las batallas necesarias y adecuadas, golpeando todos como un solo puño en el lugar y el tiempo apropiado.   Por eso ratificamos las acciones realizadas en ese marco, pero por las consideraciones enunciadas, de la estrategia de Suez en Argentina y la región, consideramos que es indispensable pasar en estos momentos a un proceso ofensivo y construir en la práctica con las empresas recuperadas y a recuperar, las enunciadas nuevas formas de participación y poder popular, por lo que se hace indispensable en la etapa concretar esto, de otra manera las multinacionales en sus pactos con los gobiernos posibilistas restablecerán sus planes de saqueo a través de las variables que hoy ensayan.

Córdoba constituye el modelo mas avanzado de la estrategia en marcha de las multinacionales como Suez: ganancia sin inversiones y subsidio estatal,  por eso es indispensable inflingirles una derrota total; Vamos por ello.

Comisión Popular por la Recuperación del Agua                    


Libertad Sindical
.LA OBSERVACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO AL ESTATUTO SOCIAL DE LA CTA ES UNA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO DE LIBERTAD SINDICAL
Fuente: Observatorio del Derecho Social por Javier Fernando Izaguirre

Se ha dicho que está "universalmente admitido que no es posible el desarrollo de la Libertad Sindical sin la preexistencia efectiva de los demás derechos humanos y que tampoco es posible el completo ejercicio de éstos, sin la vigencia de aquella. En otras palabras, la Libertad Sindical no es posible sin el ejercicio de los otros derechos humanos, y viceversa" (Ermida, Oscar y Villavicencio, Alfredo, "Sindicatos en Libertad Sindical")

Es más, a través del ejercicio de la Libertad Sindical se enriquece los contenidos e impulsa los progresos del conjunto de los derechos humanos, constituyendo a su vez un derecho que pone en marcha y dinamiza la justicia social.

Cuando sus trabajadores fundantes crearon la Central de los Trabajadores de la Argentina ( C.T.A.) lo hicieron teniendo como principios rectores algunas ideas fundamentales, las cuales tuvieron la finalidad de hacer operativos los ideales de integración y participación irrestricta de los trabajadores en la actividad sindical de la organización: afiliación directa, democracia plena, autonomía política y concepción amplia y moderna del sujeto sindicalizable. Estos ideales de libre Sindicación y Asociación son manifestaciones de la Libertad Sindical en su dimensión colectiva, derecho que por su trascendente rol en la disputa por la distribución de la riqueza está permanentemente amenazado por la injerencia del Poder Estatal y el accionar antisindical de los Empleadores.

Los días 30 y 31 de Marzo de 2006 se llevó a cabo el 7º Congreso Nacional de Delegados de la CTA en la ciudad de Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires. Durante el mismo, más de 8000 trabajadores en praxis democrática y pleno ejercicio de libertad sindical aprobaron por amplia mayoría distintas reformas en el Estatuto Social de la Central, las cuales buscaron entre otros objetivos, profundizar e intensificar aquellas ideas fundantes.

Así, los trabajadores reunidos en Asamblea Soberana terminan de perfeccionar formalmente y, por lo tanto institucionalizar, aquella voluntad originaria de democracia plena, dándole para ello contenido a los nuevos artículos 2 y 4, los cuales quedaron redactados en la parte que nos interesa a los fines de este artículo de la siguiente manera:

Artículo 2: ...Podrán afiliarse a la CTA los trabajadores entendiendo por tales a todos los individuos que con su trabajo personal desarrollan una actividad productiva y creadora dirigida a la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales. En principio podrán afiliarse: a) las/os trabajadores con empleo; b) las/os trabajadores sin empleo; c) las/os trabajadores beneficiarios de alguna de las prestaciones del régimen la seguridad social; d) las/os trabajadores autónomos y cuentapropistas en tanto no tengan trabajadores bajo su dependencia; e) las/os trabajadores asociados o autogestivos; y f) las/os trabajadores de la actividad doméstica

Artículo 4: ...La afiliación se efectivizará directamente por el trabajador ante la organización local, provincial regional o nacional de la CTA o a través del sindicato, unión, asociación o federación de cualquier tipo, afiliada a la CTA. La afiliación de una entidad sindical de ámbito territorial nacional o provincial deberá ser aceptada por la Comisión Ejecutiva Nacional".

Esta concreción estatutaria de los principios de democracia y libertad sindical están en armonía con los valores que promueve con firmeza la Organización Internacional del Trabajo a través de su Constitución, la Declaración de Filadelfia y numerosos Convenios, en especial, el Convenio 87 Sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación y el Convenio 98 Sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva.

Luego de cumplir con los diligenciamientos procedimentales de rigor que exige la normativa argentina para la aprobación de las modificaciones estatutarias, el día 27 de Julio de 2006 el Boletín Oficial de la República Argentina publica la Resolución 717/2006 del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, que resuelve la presentación de la reforma del Estatuto Social de la CTA aprobando parcialmente el mismo y haciendo reserva respecto a lo que la autoridad de aplicación denomina "tipología sindical adoptada" y "ámbito de afiliación", insistiendo y reiterando de tal manera decisiones que violentan y vulneran lo dispuesto por la norma internacional, cuya aplicación es obligatoria y no facultativa para el Estado Argentino. Las organizaciones deben estar libres de ingerencia de las autoridades públicas al ejercer sus derechos a "redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades al formular su programa de acción (art. 3 del Convenio Nº 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación )

La Libertad Sindical reviste crucial importancia para la OIT, toda vez, que desde el Preámbulo de su Constitución, se incluye el "reconocimiento del principio de Libertad Sindical" como requisito indispensable para "la paz y armonía universales". De igual forma, la Declaración de Filadelfia, proclamada en el año 1944, señala que "la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso constante".

En tanto que, el Derecho a la Libertad Sindical es un principio establecido en la Constitución de la OIT, su observancia se constituye una obligación internacional para todos sus Estados Miembros. Es de tanta trascendencia su respeto y aplicación que un Estado Miembro tiene la obligación de cumplir y aplicar las directrices que emanan de los Convenios sobre Libertad Sindical aunque no los haya ratificado. El respaldo internacional al Derecho de Libertad Sindical ha sido expresamente reconocido a través de una serie de Convenios Internacionales tales como el 87 y el 98 de O.I.T. que han logrado plasmar su contenido esencial y cuyo creciente respaldo internacional, expresado por más de 265 ratificaciones por parte de los Estados, constituye no sólo un imperativo legal, sino además moral, de garantizar su vigencia efectiva y protección frente a cualquier tipo de amenaza o violación.

En el marco de las relaciones colectivas de trabajo, las sociedades democráticas reconocen a la libertad sindical y de asociación como derechos básicos fundamentales, reflejando así su carácter esencial como herramienta clave para el fortalecimiento del ejercicio de todos los derechos humanos. Numerosas son las declaraciones e instrumentos internacionales que otorgan a este derecho un papel central.

La resolución 717/2006 colisiona frontalmente con el ejercicio de la libertad sindical y del derecho de sindicación, vulnerando así ostensiblemente lo previsto por el artículo 3 del Convenio Nº 87 de "Libertad sindical y protección del derecho de sindicación", en cuanto este dispone que "Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.".

A su vez, el artículo 2º del mismo Convenio 87 dispone que "Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas."

En su artículo 6 que "Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio se aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores.".

El Estado argentino, a través del Sr. Ministro de Trabajo Empleo y Seguridad Social formula posición en los Considerandos de la Resolución 717/2006 al expresar que "respecto de las normas estatutarias que se someten a aprobación y en especial a las disposiciones concernientes a la tipología sindical adoptada y aquellas que referencia al ámbito de afiliación, prevalecerá la ley 23.551 y el decreto reglamentario Nº 438/88, en cuanto se le pudieren oponer. Ello así, por imperio del propio plexo normativo.". A continuación la Autoridad de Aplicación resuelve en el mismo sentido a través del artículo 1º disponiendo "Apruébase, en cuanto hubiere lugar por derecho, el texto del Estatuto Social de la CENTRAL DE LOS TRABAJADORES ARGENTINOS ( C.T.A.)..., de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 23.551 y Decreto Reglamentario Nº 467/88, normas que prevalecerán de pleno derecho sobre el estatuto en cuanto pudieren oponérsele, en especial en cuanto concierne a la tipología sindical adoptada y al ámbito de afiliación, ello por así disponerlo la citada norma legal." De tal manera la Administración en funciones concreta la violación de los Derechos Humanos de los trabajadores afiliados a la Central, como el de Libertad Sindical, el de No Discriminación o el de Igualdad Material, ello en manifiesta contradicción con los discursos oficiales respecto a tales derechos.

La resolución 717/2006 al impugnar la tipología sindical adoptada y el ámbito de afiliación se está refiriendo a los mencionados nuevos artículos 2 y 4 del estatuto de CTA. En tal sentido, cuando el artículo 2 del Convenio 87 señala que el derecho de sindicación corresponde a "los trabajadores ... sin ninguna distinción", ello se debe entender en sentido amplio; el concepto de trabajador abarca por tanto, no sólo al asalariado en relación subordinada típica sino también a los trabajadores a domicilio, subcontratados, temporales, del sector informal, empleados públicos, de zonas francas, etc. (Al respecto puede revisarse: OIT, -estudio General de la Comisión de Expertos sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva, CIT 81ª reunión 1994, Informe III (parte 4B), pp. 23 a 34.).

El M.T.E.y S.S insiste con su práctica excluyente al considerar que exceden el marco legal el contenido de los nuevos artículos del Estatuto Social aprobados en el reciente 7º Congreso de Mar del Plata. De tal manera, la Resolución M.T.E.y S.S. 717/2006 deviene discriminatoria, puesto que el resultado de ésta no es otro que el menoscabo del reconocimiento, goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos en su esfera social y económica de los afiliados a la CTA. Precisamente allí que se produce el menoscabo, cuando la autoridad advierte que va a prevalecer la ley 23551 y su decreto reglamentario 467/88 por sobre la "tipología sindical adoptada", lo que no quiere decir otra cosa que no se va a admitir la sindicalización de todos aquellos trabajadores que no reúnan los requisitos que exigen las referidas paleo-normas (Para el caso el art. 1° del decreto 467/88, que tiene un concepto sumamente restringido de trabajador, considerando tal "a quien desempeña una actividad lícita que se presta en favor de quien tiene la facultad de dirigirla"...) Así reduce el derecho de sindicalización a quienes trabajan en relación de dependencia, excluyendo en consecuencia a los trabajadores autónomos, seudoautónomos o cuentapropistas, a los que trabajan en relación de empleo no registrado y a los desocupados. En consecuencia, la resolución administrativa materializa una inaceptable práctica discriminatoria que violenta el Convenio 111 "Sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación)", y contradice la "Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo" de Junio de 1998, e impide así el ejercicio de la libertad sindical y derecho a la sindicalización de los sujetos excluidos, reconocidos en los numerosos Tratados Internacionales y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo citados.

La Constitución Nacional, y numerosos Tratados de Derechos Humanos protegen el derecho de todas las personas a ser tratadas -tanto por el Estado como por los particulares- con igual consideración y respeto en cuanto a su dignidad y al ejercicio de sus derechos. Esta protección constitucional la tienen todos los afiliados a la CTA no sólo por su condición de trabajadores, sino también como ciudadanos, es decir, tienen una doble garantía para exigir un comportamiento que implique el cumplimiento del deber de no discriminación del Estado.

La voluntad de la Administración Pública Nacional expresada en la resolución 717/2006 desconoce además lo previsto por el art. 8.3. del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en cuanto dice que "Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados partes en el Convenio de la OIT de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías." y con el art. 22.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)"... 3) Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados partes en el Convenio de la OIT de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías". Recordemos que por imperio del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, estos pactos tienen jerarquía constitucional, es decir, superior a las leyes, status que también alcanza el Convenio OIT 87 de Libertad Sindical, al que hacen referencias los artículos citados. A ello debemos sumarle otros instrumentos internacionales enumerados en el mismo artículo constitucional 22 tales como la "Declaración Universal de Derechos Humanos" de la ONU (1948), cuyo art. 23, apartado 4°, garantiza a "(t)oda persona (...) el derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses", concepto que reitera el artículo 2 del PIDCP.

Es oportuno señalar que también los derechos del colectivo sindical están protegidos a nivel regional por la "Declaración Sociolaboral del MERCOSUR"; por la "Declaración Americana de los Derechos del Hombre", y por el "Pacto de San José de Costa Rica", todos ellos protectorios del ejercicio de la libertad sindical y del derecho de sindicalización de los trabajadores.

Por otro lado, recordamos que la vocación impeditiva del pleno ejercicio de la libertad y democracia sindical por parte del Estado Argentino no es novedosa. El 1º de Junio de 1994, el Comité de Libertad Sindical (CLS) en el caso 1777, respecto a la negativa de reconocimiento de "inscripción gremial" de la CTA, y ante similares observaciones de la autoridad administrativas al ámbito de afiliación y a la tipología sindical adoptada ha dicho que "A este respecto, el Comité recuerda que de conformidad con el art. 3 del Convenio 87, las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben gozar del derecho de elaborar sus estatutos. Por consiguiente, el Comité estima que la prohibición de una afiliación directa de ciertas personas a federaciones o confederaciones es contraria a los principios de la libertad sindical. Corresponde a las organizaciones determinar las reglas relativas a su afiliación. En esta condiciones, el Comité pide al Gobierno que tome medidas necesarias para se efectué de inmediato la inscripción gremial".

En la Resolución del MTEySS. 325/97 que finalmente otorgara la inscripción gremial a la CTA, se hace referencia a la afiliación directa y se invoca el referido caso del CLS, indicando que:

"Que el art. 10 del convenio 87 de la OIT, señala textualmente que el término organización significa toda organización de trabajadores y de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores y empleadores.- Que acorde a lo expuesto y en relación a las entidades afiliadas no violenta la ley el reconocimiento de la representación perseguida con el alcance de inscripción gremial.

Luego agrega que "la representación afiliación de trabajadores, como también la representación de personas que exceden el marco establecido por el artículo 2° de la ley 23.551 y artículo 1° del decreto 467/88, tendrán el alcance de simple agrupe estatutario, exento del control de esta autoridad de aplicación, respetando de esta forma el principio de libre afiliación".

El Comité de Libertad Sindical estimó que la prohibición de la afiliación directa de ciertas personas a federaciones o confederaciones es contraria a los principios de la libertad sindical. Corresponde a las organizaciones determinar las reglas relativas a su afiliación. En el referido Caso 1777, el Comité pidió al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se efectúe de inmediato la inscripción gremial de la Confederación de Trabajadores Argentinos (hoy Central de Trabajadores de la Argentina).

Queda demostrada así que esta inaceptable restricción a la Libertad Sindical y Autonomía Colectiva llevada a cabo mediante la Resolución 717/2006 es uno más de una serie de actos de la Administración que van mucho mas allá de un mero control de legalidad y registro, refleja animosidad y hostigamiento hacia la organización sindical conformada en la CTA, revelando cristalinamente que la recurrente violación de la Libertad Sindical y del Derecho a la Libre Sindicación es claramente una política de Estado, que hermana a sucesivos gobiernos de distintas banderías políticas, cuyas diferencias ideológicas desaparecen ante el ejercicio de derechos colectivos por parte de los trabajadores, respondiendo invariablemente por la negación de los citados derechos.

En definitiva, las formas organizativas sindicales deben ser de elección facultativa de las propias asociaciones y sus afiliados en el pleno y libre ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, y los trabajadores "sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes" conforme el ya mencionado art. 2º del Convenio 87.

La imposición por ley de un modelo obligatorio de estatutos sindicales, o su censura a través de Resoluciones Administrativas, que los sindicatos deben acatar en detalle o aplicar como marco de referencia, viola los principios que garantizan la libertad sindical, a menos que las cláusulas que contiene ese modelo tenga carácter exclusivamente formal.

De tal manera, resulta inadecuada y contraria a las normas internacionales cualquier formulación que restrinja la autonomía de una organización sindical. Las autoridades nacionales exceden el ámbito de sus facultades e impiden, restringen y menoscaban el ejercicio de derechos humanos fundamentales de los trabajadores nucleados en la CTA, reconocidos tanto por la Constitución Nacional como por numerosos Tratados y Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos; y por la Organización Internacional del Trabajo en su Constitución, Convenios, Declaración Relativa a los Principios a los Derechos Fundamentales y por la Declaración de Filadelfia.

Puesta en evidenciada la ilegalidad de la decisión ministerial que impugna la redacción de los artículos 2 y 4 del Estatuto Social de C.T.A., resta sólo recordar aquello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo "Solá, Roberto y otros c. Poder Ejecutivo" dijo: "Que, en suma, la circunstancia de que la administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna pudo constituir un justificativo de su conducta arbitraria" y que "Es precisamente la legitimidad -constituida por la legalidad y la razonabilidad- con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado".

Sin pecar de ingenuidad, dado que para hacer un análisis serio y completo hay que tener presente que las decisiones del Ministerio en cuestiones que la Administración considera sensibles están indisimulablemente teñidas de intereses políticos sectoriales, sigue siendo imprescindible poner a la luz y hacer visibles las conductas arbitrarias del Ejecutivo, persistiendo en la exigencia del cumplimiento de la legalidad con que debe ejercerse el poder en un Estado que se define como Representativo y Republicano.


Marcha en Jujuy, pidiendo la estatización de la empresa de generación eléctrica y todos los recursos naturales
EL PUEBLO DE LIBERTADOR SAN MARTIN PIDE LA NACIONALIZACION DE EJESA
Fuente: Vecinos Autoconvocados, Grupo Capoma-DDHH

Vecinos Autoconvocados, organizaciones sociales y de derechos humanos, marcharon en la ciudad jujeña Libertador San Martín, el 09 de febrero de 07, en protesta por el aumento de la tarifa de eléctrica y por la estatización de la Empresa EJESA. Al finalizar la movilización, entregaron a los Concejales de la ciudad un petitorio.

PETITORIO

  Los habitantes de la ciudad de Libertador Gral. San Martín auto convocados ante el aumento acordado de la tarifa de Energía Eléctrica, por parte del Gobierno Provincial, la SUSEPU y EJESA, rechazamos totalmente estas medidas adoptadas a espaldas de la población jujeña, y así solicitamos:   ANULACION del contrato de provisión de energía eléctrica firmado por el Gobierno Provincial y EJESA.

ESTATIZACION del servicio de energía y el regreso al sistema originario de cobro bimestral y a un costo totalmente inferior para el usuario.

Formación de una COMISIÓN MULTISECTORIAL para el estudio de las diferentes alternativas en la provisión de este servicio, como sucede actualmente en otras regiones de nuestro país.

Con respecto a la SUSEPU se solicita la urgente reestructuración y renuncia del Directorio actual y que sus integrantes sea independientes y auténticos representantes de los derechos del consumidor y no ex funcionarios o conocidos operadores políticos del gobierno de turno.

Se solicita la urgente intervención del Defensor del Pueblo en este conflicto que afecta a más de 150 mil usuarios de este servicio en toda la Provincia, a fin de garantizar el justo reclamo, desde el aspecto legal, de los jujeños en pleno ejercicio de sus derechos.

Anulación Ya! del aumento encubierto por medio de una Ordenanza del Alumbrado Público por parte del Consejo Deliberante de nuestra ciudad.

Los ciudadanos de Libertador Gral. San Martín autoconvocados y ante los abusos continuos de grupos económicos poderosos que manejan y hacen uso y abuso de los recursos naturales de nuestra Nación Argentina, como el agua, el gas, la energía eléctrica y el petróleo, nos sentimos totalmente indefensos y no representados por las autoridades elegidas "democráticamente".

Por lo expuesto, los vecinos de nuestra ciudad, a través de sus fuerzas vivas, manifiestan el Estado de Alerta y Movilización Permanente, en defensa de nuestros legítimos intereses y derechos establecidos en nuestra CONSTITUCION.

CAPOMA_DDHH
Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredez
En Defensa de los Derecho Humanos
Libertador Gral. San Martín
Ledesma - Jujuy


Debate en la Facultad de Derecho de La Plata
TODOS CONTRA LA REFORMA
Fuente: Secretaría de Prensa y Difusión - Asociación Judicial Bonaerense 20/02/07

El jueves 22 de febrero, a las 18:00hs, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de La Plata, se realizará una "Jornada de Análisis y Discusión sobre la Reforma Penal Bonaerense.

El jueves próximo, a partir de las 18 horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de La Plata, se realizará una "Jornada de Análisis y Discusión sobre la Reforma Penal Bonaerense", en la que confluirán las posiciones críticas a la iniciativa oficial que tienen trabajadores judiciales, jueces, abogados, legisladores, organizaciones sociales, de profesionales y de derechos humanos.

La actividad, convocada por la Universidad Nacional de La Plata, se da en el marco del rechazo que la reforma penal suscita entre los diversos actores vinculados a la justicia bonaerense y tiene como antecedente inmediato la jornada organizada por la AJB el 20 de enero último en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

"Estas jornadas abren la instancia de debate que lamentablemente evitó el Poder Ejecutivo, quien lanzó una reforma improvisada, inconsulta y reaccionaria. Iniciativas como estas buscan escuchar la opinión de todos aquellos que formamos parte del Poder Judicial: trabajadores judiciales, jueces, abogados y la comunidad a través de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos", sostuvo Hugo Blasco, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense.

Secretaría de Prensa y Difusión - AJB

 


Bolivia
CONTRATOS POR 30 AÑOS
Fuente: Artículos de Andrés Soliz Rada* editados en Rebanadas, 18/02/07

De modo casi providencial, las leyes que, el 3 de diciembre pasado, aprobaron los contratos con las petroleras retornarán al Congreso Nacional, a fin de "resolver cuestiones de forma". Lo anterior, obliga a 130 diputados y 27 senadores a enmendar enormes errores y llenar vacíos que afectarán al país por las próximas tres décadas. Veamos los más importantes:

 
Andrés Soliz Rada - 5.4 KB
Andrés Soliz Rada
Petrobrás, a través de su presidente Sergio Gabrielli, ha afirmado que tiene el derecho a inscribir como suyo el valor de las reservas que explotará en Bolivia. Añadió que, de acuerdo al anexo "f", ha suscrito contratos de producción compartida y no contratos de operación, como reiteró el Presidente Evo Morales, en su mensaje de primer año de gobierno (23-01-07). Lo anterior, explica Petrobrás, le da derecho a participaciones (y no sólo a retribuciones) sobre la producción que deben figurar en sus balances primero y en las bolsas de valores después.

Es obvio que el ejemplo del ente brasileño, en el que el Estado sólo tiene el 32 por ciento de acciones, pero cuenta con el 56 % de votos en el directorio, será imitado por el resto de las compañías. Por otra parte, si las petroleras tienen derecho a anotar como propias el valor de las reservas, ¿de qué nacionalización de los hidrocarburos estamos hablando?

El Presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, en declaraciones periodísticas, ha negado esa posibilidad, en cumplimiento del punto 4.3 de los supuestos contratos de operación. ¿Quién tiene razón? ¿No es el momento de dilucidar esta duda mediante una adenda redactada por el Congreso, a ser incluida en esos documentos? Recordemos que si YPFB anota a su nombre el valor de las reservas, las que alcanzan a alrededor de 200 mil millones de dólares, le permitirá financiar los grandes proyectos de industrialización existentes y los gasoductos internos que requiere Bolivia.

Los contratos tienen vacíos descomunales. En efecto, si se está entregando a las petroleras campos descubiertos (casi todos por YPFB), que se encuentran en operaciones, con reservas probadas y mercados asegurados (los de Brasil y Argentina), ¿cómo no exigirles a cambio que abastezcan el mercado interno a precios actuales y se comprometan a realizar las inversiones necesarias para cumplir ambos objetivos. El gobierno de Perú, por ejemplo, acaba de lograr que la argentina Pluspetrol abastezca su mercado interno a un dólar el millón de BTU. No estamos hablando, en consecuencia, de un hecho fuera de lo común.

Lo cierto es que después de suscribir los contratos, las exigencias de las petroleras son cada vez mayores. Petrobrás, Repsol, British Gas y Total sostienen que abastecerán el mercado interno sólo si se les paga precios internacionales, con la consiguiente subvención estatal, o, en su defecto, a través del incremento de tarifas del GLP, diesel, gasolina y demás derivados del gas y del petróleo, que recaerá sobre los empobrecidos consumidores nacionales. De manera paralela, pretenden presentar planes de operaciones, los que, en caso de no ser aceptados a ciegas por nuestra entidad estatal, quedarán indefinidamente paralizados.

Esto quiere decir, por ejemplo, que si Petrobrás calcula en 40 millones de dólares la perforación de un nuevo pozo en "San Alberto" (cuyo costo real puede llegar a la mitad), YPFB se halla en la disyuntiva de aceptar el abuso o, dejar que el trabajo quede paralizado. Los "costos recuperables" que se autorizan a las petroleras son de tal magnitud que YPFB no tendrá recursos para desarrollarse. Estos son temas que deben ser modificados en los contratos.

Para colmo, YPFB está reducida a piel y huesos. La Ley 3058, de 17-05-05, le ha arrebatado todo ingreso, ahora destinado a prefecturas, alcaldías y universidades públicas, en la totalidad del 50 % que beneficia al país. El 32% adicional, obtenido por el decreto de nacionalización, será eliminado a partir de la protocolización de los contratos, pero debe pagar el bono "Juancito Pinto" (en beneficio de los escolares) en forma indefinida y sin tener esos recursos. Además, desembolsará una parte sustancial del Bonosol (bono destinado a los ancianos), que antes lo hacían las AFPs, socias de las capitalizadas del sector petrolero. Como corolario, las regiones siguen empeñadas en descoyuntar a la empresa estatal en vicepresidencias y regiones dispersas en todo el territorio nacional.

El país requiere de una estrategia adecuada frente a la negativa de las compañías de precisar los textos de los contratos. Ella puede consistir en promover la alianza YPFB con ENARSA, la empresa argentina, que podrá desarrollar los campos que se nieguen a hacerlo las transnacionales, como ofreció el Presidente Néstor Kirchner. De modo simultáneo, se requiere un gran acuerdo de YPFB con la venezolana PDVSA, a fin de liberarnos del asfixiante dominio transnacional. Estos son caminos que cumplen el decreto de nacionalización y no de los posteriores contratos que han abandonado su contenido.

*Ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia.


Agencia FeTERA - CTA
ENCUESTA PARA NUESTROS LECTORES
Queremos conocer su opinión

El Equipo de Comunicación de FeTERA, está realizando una encuesta entre sus lectores,para mejorar nuestro despacho "FeTERA SEMANAL".

Nos gustaría conocer su opinión sobre la forma de presentación de la FeTERA SEMANAL. Extensión de notas. Incorporación de imágenes. Temas tratados.

Agradecemos muchísimo a los lectores que han contestado la encuesta. Permanecemos en espera de más sugerencias y opiniones.

Para responder esta encuesta, así como para envío de artículos y otras notas, favor comunicarse a nuestros correos electrónicos:

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