BOLETIN MZO, NO DEJAR DE LEER. CAMBIO CLIMÁTICO; GUANTÁNAMO; AZNAR; ARGENTINA Y MÁS...
periódico EL MACARENAZOO
Negociaciones sobre el clima corren peligro por postura de Estados Unidos respecto a la reducción de emisiones
El principal funcionario en materia ambiental de la ONU está advirtiendo que la cumbre mundial sobre el cambio climático de Bali corre peligro de colapsar, debido a que el gobierno de Bush se opone a un compromiso firme sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy temprano, el secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Yvo de Boer, advirtió que las negociaciones podrían derrumbarse como un "castillo de naipes" si continúan a este ritmo. Los ministros de la Unión Europea advierten que podrían boicotear una cumbre sobre el clima respaldada por Estados Unidos que está programada para el mes que viene, a menos que el gobierno estadounidense cambie su postura. La Casa Blanca se opone a una medida que exige que los países industrializados reduzcan las emisiones en un 40% por ciento para el año 2020. La reducción de emisiones propuesta equivale a la cifra recomendada por los científicos como necesaria para poner un freno al calentamiento global. Estados Unidos también se opuso a varias otras medidas, entre ellas brindarle ayuda económica a los países menos desarrollados afectados por el cambio climático. El miércoles, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, exhortó a los negociadores a que lleguen a un acuerdo.
Ban Ki-moon dijo: "Ahora finalmente estamos reunidos en Bali para tratar el mayor desafío de nuestra era. Nos reunimos porque se acabó el tiempo para las equivocaciones. La ciencia es clara: el cambio climático es un hecho, el impacto es real, el momento de actuar es ahora".
La cumbre de Bali fue convocada para negociar un acuerdo que suceda al Protocolo de Kyoto, que expira en el año 2012. Estados Unidos es el mayor emisor del mundo de gases de efecto invernadero y el único gran país industrializado que rechazó el Protocolo de Kyoto. Australia se convirtió en el último país en firmar el acuerdo este mes, cuando el nuevo Primer Ministro Kevin Rudd personalmente entregó su ratificación en las negociaciones de Bali.
Democracy Now.
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Principal juez de Guantánamo criticó los tribunales militares
El New York Times reveló que el principal juez de la Bahía de Guantánamo en un tiempo criticó duramente los juicios militares de los prisioneros, que actualmente supervisa. El juez, el coronel Ralph Kohlmann, era un candidato a un máster del Naval War College cuando las comisiones militares fueron propuestas, hace cinco años. En un documento sobre los planes, Kohlmann escribió que los juicios afrontarían "problemas de credibilidad" por la "aparente falta de independencia". Concluyó que el gobierno de Bush debía enjuiciar a los prisioneros en tribunales federales. Kohlmann escribió: "Incluso un buen tribunal militar es una mala idea… La utilización innecesaria de tribunales militares a pesar de las razonables críticas internacionales es una decisión desacertada".
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"Cámara fuerte de semillas" en el Ártico
Bill Gates, Rockefeller y los gigantes de la biogenética saben algo que ignoramos
F. William Engdahl
Global Research
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Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
Al fundador de Microsoft, Bill Gates, se le puede acusar de todo, pero no de ser haragán. Comenzó a programar a los 14, fundó Microsoft a los 20, mientras todavía estudiaba en Harvard. En 1995 Forbes lo catalogó como el hombre más rico del mundo por ser el mayor accionista de su Microsoft, una compañía que su ímpetu incansable convirtió en un monopolio de facto de sistemas de software para ordenadores personales.
En 2006, cuando la mayoría de las personas en una situación semejante podrían pensar en retirarse a una tranquila isla en el Pacífico, Bill Gates decidió dedicar sus energías a su Fundación Bill y Melinda Gates, la mayor fundación privada 'transparente' del mundo, como dice, con una dotación impresionante de 34.600 millones de dólares, y la necesidad legal de gastar 1.500 millones de dólares al año en proyectos benéficos en todo el mundo para mantener su condición benéfica libre de impuestos. En 2006, un regalo de unos 30.000 millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway de su amigo y asociado empresarial, el mega inversionista, Warren Buffett, colocó a la fundación de Gates en la liga en la que gasta casi el monto total del presupuesto anual de la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas.
Así que cuando Bill Gates decide gastar, a través de la Fundación Gates, unos 30 millones de dólares de su bien ganado dinero en un proyecto, vale la pena considerarlo.
Ninguna empresa es más interesante en la actualidad que un curioso proyecto en uno de los sitios más remotos del mundo, Svalbard. Bill Gates invierte millones en un banco de semillas en el Mar de Barents cerca del Océano Ártico, a unos 1.100 kilómetros del Polo Norte. Svalbard es un árido trozo de roca reivindicado por Noruega y cedido en 1925 por un tratado internacional.
En esa isla dejada de la mano de Dios, Bill Gates invierte decenas de sus millones junto con la Fundación Rockefeller, Monsanto Corporation, Syngenta Foundation y el gobierno de Noruega, entre otros, en lo que llaman 'el banco semillero del día del juicio final.' Oficialmente, el proyecto se llama la Cámara Semillera Global Svalbard en la isla noruega de Spitsbergen, parte del grupo de islas Svalbard.
La cámara de semillas del día del juicio final
El banco de semillas es construido dentro de una montaña en la isla Spitsbergen cerca de la pequeña aldea Longyearbyen. Está casi listo para entrar en acción, según sus comunicados de prensa. El banco tendrá puertas dobles a prueba de explosiones con sensores de movimiento, dos esclusas de aire, y paredes de hormigón reforzado con acero, de un metro de grosor. Contendrá hasta tres millones de variedades diferentes de semillas de todo el mundo, 'para que la diversidad de cultivos pueda ser conservada para el futuro,' según el gobierno noruego. Las semillas serán especialmente envueltas para excluir la humedad. No habrá personal a tiempo completo, la relativa inaccesibilidad de la bóveda facilitará el control de toda actividad humana posible.
¿Pasamos algo por alto? Su comunicado de prensa declaró: 'para que la diversidad de cultivos pueda ser conservada para el futuro'. ¿Qué futuro prevén los patrocinadores del banco de semillas, que amenazaría la disponibilidad global de las actuales semillas, casi todas las cuales ya están bien protegidas por bancos de semillas en todo el mundo?
Toda vez que Bill Gates, la Fundación Rockefeller, Monsanto y Syngenta se juntan en un proyecto común, vale la pena escarbar un poco más profundo, más allá de las rocas en Spitsbergen. Y encontramos algunas cosas fascinantes.
El primer punto notable es quien auspicia la bóveda de semillas del día del juicio final. A los noruegos se suman, como hemos señalado, la Fundación Bill & Melinda Gates, el gigante estadounidense del agronegocio DuPont/Pioneer Hi-Bred, uno de los mayores dueños del mundo de semillas de plantas patentadas genéticamente modificadas ( OGM) y agroquímicos relacionados; Syngenta, la importante compañía de semillas y agroquímicos basada en Suiza, a través de su Fundación Syngenta; la Fundación Rockefeller, el gripo privado que creó la "revolución genética" con más de 100 millones de dólares de capital semilla desde los años setenta; CGIAR, la red global creada por la Fundación Rockefeller para promover su ideal de pureza genética mediante el cambio agrícola.
CGIAR y 'El Proyecto'
Como lo detallé en el libro " Seeds of Destruction" [Semillas de destrucción] (1), en 1960, la Fundación Rockefeller, el Consejo de Desarrollo de la Agricultura de John D. Rockefeller III y la Fundación Ford unieron fuerzas para crear el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) en Los Baños, en las Filipinas. En 1971, el IRRI de la Fundación Rockefeller, junto con su Centro Internacional de Mejora del Maíz y del Trigo basado en México, y otros dos centros internacionales de investigación creados por Rockefeller y la Fundaciòn Ford, la IITA para la agricultura tropical, en Nigeria, y el IRRI para el arroz, en las Filipinas, se combinaron para formar un Grupo Consultivo global sobre la Investigación Internacional de la Agricultura (CGIAR).
CGIAR fue formado en una serie de conferencias privadas realizadas en el centro de conferencias de la Fundación Rockefeller en Bellagio, Italia. Los principales participantes en las conversaciones de Bellagio fueron George Harrar de la Fundación Rockefeller, Forrest Hill de la Fundación Ford, Robert McNamara del Banco Mundial y Maurice Strong, el organizador medioambiental internacional de la familia Rockefeller quien, como fideicomisario de la Fundación Rockefeller, organizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo en 1972. Formó parte del enfoque durante decenios de la fundación por convertir a la ciencia al servicio de la eugenesia, una versión execrable de la pureza racial, que ha sido llamada 'El Proyecto.'
Para asegurar el máximo impacto, el CGIAR incorporó a la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), el Programa de Desarrollo de la ONU y el Banco Mundial. Por lo tanto, a través de un apalancamiento cuidadosamente planificado de sus fondos iniciales, la Fundación Rockefeller estuvo en condiciones a comienzos de los años setenta de conformar la política agrícola global. Y así lo hizo.
Financiado por generosas becas de estudio de Rockefeller y de la Fundación Ford, CGIAR aseguró que destacados científicos agrícolas y agrónomos del Tercer Mundo fueran llevados a EE.UU. para 'dominar' los conceptos de la producción de la producción del agronegocio moderno, a fin de llevarlos de vuelta a sus patrias. Al hacerlo crearon una invaluable red de influencia para la promoción del agronegocio de EE.UU. en esos países, especialmente la promoción de la "Revolución genética" OGM en los países en desarrollo, todo en nombre de la ciencia y de la agricultura eficiente de libre mercado.
¿Ingeniería genética de una raza superior?
Ahora el Banco de Semillas Svalbard se pone interesante. Pero se pone mejor. 'El Proyecto' al que me refería es el proyecto de la Fundación Rockefeller y de poderosos intereses financieros desde los años veinte para el uso de la eugenesia, rebautizada posteriormente como genética, para justificar la creación de una Raza Superior genéticamente modificada. Hitler y los nazis la llamaron la Raza Superior Aria.
La eugenesia de Hitler fue financiada considerablemente por la misma Fundación Rockefeller que actualmente construye una cámara acorazada de semillas del día del juicio final para preservar muestras de cada semilla de nuestro planeta. Ahora la cosa se vuelve verdaderamente fascinante. La misma Fundación Rockefeller creó la disciplina pseudo-científica de la biología molecular en su inexorable búsqueda de la reducción de la vida humana a "secuencias de genes definidoras" que esperaban, podrían luego ser modificadas para cambiar a voluntad las características humanas. Los científicos eugenistas de Hitler, muchos de los cuales fueron silenciosamente llevados a EE.UU. después de la Guerra para continuar su investigación eugénica, crearon gran parte del trabajo en la que se basó la ingeniería genética de varias formas de vida, en gran parte apoyada abiertamente hasta bien avanzado el Tercer Reich por generosos subsidios de la Fundación Rockefeller. (2)
La misma Fundación Rockefeller creó la así llamada Revolución Verde, después de un viaje a México en 1946 de Nelson Rockefeller y del antiguo Secretario de Agricultura del Nuevo Trato y fundador de la Pioneer Hi-Bred Seed Company, Henry Wallace.
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ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE JOSÉ Mª
AZNAR Y OTROS MIEMBROS DE SU GOBIERNO POR LA GUERRA DE IRAQ Y HECHOS
CONEXOS
INTRODUCCIÓN:
La Plataforma Juicio a Aznar se constituyó el mes de abril de 2007 y
tiene como objetivo principal el ejercicio de las acciones penales
necesarias para depurar las responsabilidades en las que pudiesen
haber incurrido José Mª Aznar, otros miembros de su gobierno y altos
cargos y funcionarios de la administración con motivo y ocasión de la
guerra de Iraq y de la situación en Guantánamo.
ANTECEDENTES:
Esta iniciativa, que cuenta en estos momentos con más de quince mil
adhesiones en toda España, no nace en el vacío. El 31 de marzo de
2003 se interpuso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una
querella contra José Mª Aznar por la posible comisión de los delitos
tipificados en los artículos 588, 590 y 608 a 614 bis del Código
penal. Dicha querella fué inadmitida por la Sala Penal del TS por
estimar, por una parte y en relación al delito del artículo 588 CP,
que no se habían cumplido los requisitos que establece el artículo
102, párrafo segundo, de la Constitución española que establece el
requisito de que sea una cuarta parte del Congreso de los Diputados
la que tome la iniciativa para ejercitar acciones penales contra los
miembros del gobierno cuando se trate de delitos de traición o contra
la seguridad del estado y que tal iniciativa sea aprobada por la
mayoría absoluta de la cámara- y, por otra parte y en relación a los
artículos 608 a 614 bis, que los delitos cometidos, en su caso, lo
habrían sido por fuerzas militares no sujetas a la jurisdicción de
los tribunales españoles.
Tras ser desestimado el correspondiente recurso de queja, se
interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el cuál
está pendiente de sentencia.
RAZONES PARA LA ACCIÓN PENAL:
Sin menospreciar la trascendencia que pueda tener en su momento la
resolución del TC relativa al recurso de amparo anteriormente citado,
lo cierto es que se han producido algunos cambios en el estatuto legal
de José Mª Aznar y de otros posibles imputados que plantean problemas
jurídicos distintos a los aparecidos en el momento de interposición
de la anterior querella en el año 2003. En principio, la pérdida de
la condición de miembro del gobierno de de los sujetos citados,
entendemos que convierte en inaplicable el artículo 102, párrafo
segundo, de la CE y, como consecuencia, podría sustanciarse un
proceso penal con Aznar y otros en condición de imputados cumpliendo
con los requisitos procesales ordinarios. En el caso de seguir
exigiéndose aquel requisito de procedibilidad podríamos encontrarnos
ante una impunidad de facto - en el supuesto de una eventual negativa
o de una mayoría insuficiente para iniciar el procedimiento, en el
Congreso de los Diputados - ante delitos muy graves como son los
tipificados en los artículos 588, 590 y 608 a 614 bis del CP que,
según las reglas del artículo 131, están muy lejos de haber
prescrito.
En estos momentos, a mayor abundamiento, se han ido conociendo
distintas actuaciones del gobierno de José Mª Aznar en relación con
la aberración jurídica y el ataque frontal a los derechos humanos que
supone la realidad de las detenciones ilegales en la base
estadounidense de Guantánamo. Tales actuaciones consistieron de
acuerdo con lo que concocemos hasta la fecha- en la participación de
funcionarios españoles integrantes de la policía y del Centro
Nacional de Inteligencia- en la participación en varios
interrogatorios a personas detenidas ilegalmente en aquel centro,
entre los años 2002 a 2004. Entre dichos interrogatorios figura el de
un detenido de nacionalidad española que, con posterioridad y tras ser
condenado por la Audiencia Nacional, fue absuelto por el Tribunal
Supremo por considerar que sus derechos fundamentales habían sido
total y absolutamente vulnerados sin posibilidad alguna de
subsanación.
Interesa en este momento exponer algunas razones que para la
Plataforma Juicio a Aznar fundamentan la posibilidad diríamos que
incluso la necesidad- de ejercitar las acciones penales antedichas.
Razones de naturaleza estrictamente jurídica, puesto que las de
índole ética y política que en cada caso puedan animar la adhesión a
una iniciativa de estas características serán muy plurales y deben
reconducirse al punto de encuentro que suponen principios y valores
jurídicos integrantes de la estructura básica de una sociedad
democrática como la que consagra la CE. En definitiva, no
se trata de judicializar la confrontación política ni de politizar la
función del poder judicial en un estado democrático. Se trata de
examinar, con las debidas garantías del proceso penal, desde el
respeto a la presunción de inocencia y mediante el ejercicio de la
acción penal por los ofendidos por el delito o mediante la acción
popular, varias conductas que revisten, como mínimo y a nuestro
entender, indicios claros de criminalidad. Es decir, de instar a la
justicia para que depure y castigue en su caso, conductas que cruzan
los límites que la comunidad internacional y los estados
democráticos, respectivamente, se han autoimpuesto en las relaciones
entre los pueblos y para garantizar el respeto a los derechos
fundamentales y las libertades públicas y el normal funcionamiento de
las instituciones en el orden interno.
Entendemos que existen razones de orden estrictamente jurídico-penal
que fundamentan la iniciativa de intentar enjuiciar las
responsabilidades de José Mª Aznar y otros posibles responsables por
la participación en la guerra de Iraq y por hechos conexos con la
misma. En principio, se trata de delitos graves que llevan aparejadas
importantes penas de privación de libertad y de otros derechos. La
posible comisión de los delitos tipificados en los artículos 588, 590
y 608 a 614 bis del CP, no es cuestión ante la que un estado social y
democrático de derecho como el que instaura la Constitución de 1978 y
que propugna, entre otros, como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la justicia y la igualdad, pueda permanecer impasible. Una
sociedad democrática no puede permitir, sin grave riesgo para su
propio futuro como tal, que tales hechos no se investiguen y, en su
caso, se castiguen.
Por otra parte, el desempeño de funciones, cargos y
responsabilidades, en un estado que se pretenda democrático, no puede
constituir excusa para no responder ante la justicia en los supuestos
de vulneración de la ley, en especial, de la ley penal. Los numerosos
casos de requisitos procesales que se enumeran en la propia CE y en
distintas normas que afectan al proceso penal como requisitos de
procedibilidad o aforamientos- deben interpretarse y aplicarse con
carácter restrictivo, como garantía de un correcto funcionamiento de
las instituciones y de equilibrio entre los tres poderes del estado,
pero nunca como un privilegio que dificulte o impida la rendición de
cuentas por aquellas personas que, ostentando aquellos cargos, hayan
delinquido y pretendan blindarse frente a la justicia. Una
interpretación de tal sesgo entendemos que constituiría una
desviación respecto al sentido y finalidad de aquellas garantías
incompatible con la letra y el espíritu de la Constitución, en
especial, con los antedichos principios de justicia e igualdad.
A mayor abundamiento, se trata de aplicar, evitando que queden en
letra muerta, en mero formalismo, normas contenidas en el CP y que
responden a una política criminal que ha optado por tipificar y
castigar algunas conductas que atentan de forma especialmente grave a
bienes jurídicos decisivos para la supervivencia de la sociedad
democrática y para la paz entre los pueblos, así como para la
protección de los derechos humanos.
Estas normas contenidas en el CP suponen, en parte y a otro nivel, la
recepción en nuestro derecho interno de normas de derecho
internacional desde la Carta fundacional de las NN.UU., los
Convenios de Ginebra de 1948 o la Carta de la Corte Penal
Internacional- que suponen la plasmación, ciertamente todavía
insuficiente y a menudo vulnerada, de normas de las cuáles se ha
dotado la humanidad para intentar limitar los trágicos efectos de la
guerra y conseguir unas relaciones pacíficas entre los pueblos. Estas
normas forman parte de nuestro ordenamiento, obligan en consecuencia a
todos los ciudadanos y a los poderes públicos como instituye el
artículo 9.1 de la CE- y, además, informan la interpretación y la
aplicación de los preceptos relativos a los derechos fundamentales y
a las libertades públicas, con un efecto extensivo, en determinadas
ocasiones, respecto del sentido literal de las normas internas.
Madrid, noviembre de 2007
Plataforma Juicio a Aznar
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Arg - El caso Pérez Blanco en la UNR es sólo una muestra de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia que se llevaron a cabo en todas las Universidades Nacionales. |
ii) La inteligencia en la universidad: El caso Pérez Blanco.
Entre la 1.30 y las 4 del 8 de octubre de 1984 un grupo de aproximadamente quince personas tomó por asalto los Tribunales de Rosario y vació el Juzgado de Instrucción de la 10ª Nominación. Unos 150 sumarios, registros que acreditaban el seguimiento y la persecución de militantes políticos, estudiantes, obreros y profesionales, ficheros y archivos de la represión durante la dictadura militar en Rosario se perdieron entonces sin que existiera una investigación judicial acorde con la magnitud del suceso. El material había sido secuestrado días antes en los domicilios de tres agentes civiles de los servicios de inteligencia del Ejército. Uno de ellos era Jorge Walter Pérez Blanco, el mismo al que las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario podrían indemnizar en 30 mil pesos, por el tiempo que lleva fuera de su cátedra, en la Facultad de Medicina.
Pérez Blanco ingresó en Medicina en 1978, como auxiliar en Medicina Legal. Era la época de mayor actividad de los servicios de inteligencia del Ejército, de acuerdo al extenso relato de Gustavo Francisco Bueno, alias Germán Benegas, ex agente que declaró ante la Conadep. Una tarea minuciosa y persistente, que tuvo como blanco principal las aulas de las distintas facultades de la Universidad Nacional de Rosario, Allí también se encontraba Ana Christeler, "miembro con trabajo real en el departamento de extensión universitaria de la UNR y la obra social de la universidad", que "empieza a reclutar otras mujeres y las va pasando a consideración de (el teniente coronel) Guerrieri".
Bueno definió a Pérez Blanco como "el súper espía, él espiaba a todo el mundo", aclaró que servía al Ejército y que fue el hombre de confianza de Oscar Pascual Guerrieri, el militar que habría planificado el centro de exterminio que funcionó en La Calamita. Alrededor de cien militantes fueron llevados a esa quinta de Granadero Baigorria; y hasta el momento se conocen sólo dos sobrevivientes.
Estudiante del Colegio Militar de la Nación, donde dijo haber conocido a Andrés Rebecchi, hermano de Eduardo Rebecchi, otro agente civil del Ejército que ya en 1974 pasaba por estudiante de abogacía en la UNR, Pérez Blanco desarrolló otras actividades. Fue pastor de una iglesia de la zona sur de Rosario, tuvo un programa de radio, integró la Asociación Internacional de Policía y creó organizaciones ligadas a la colectividad rumana. "Tenía unos archivos terribles con gente de Rumania", dijo Bueno.
Denuncias
Los organismos de derechos humanos denunciaron desde el primer momento a Pérez Blanco ante las autoridades universitarias. El 28 de noviembre de 1984 el presidente de la Delegación Santa Fe de la Conadep, Manuel Blando, informó al rector Artemio Luis Melo sobre los antecedentes del ex agente y las "denuncias recibidas incluso desde la comisión central de la Conadep" que lo involucraban, junto a Eduardo Rebecchi, "con grupos paramilitares y/o parapoliciales que habían tenido intervención en actividades represivas en esta ciudad".
Pero el agente de inteligencia continuó en funciones en la cátedra de Medicina Legal. También dio clases de posgrado en Criminología. Recién fue suspendido en 1998, cuando los organismos de derechos humanos volvieron a exhumar sus antecedentes. Pérez Blanco no pudo ser investigado por su actuación en la represión, ya que su nombre apareció entre los beneficiados por la aplicación de la ley del Punto Final. Pero pudo recurrir a la justicia para accionar contra la universidad. La Corte Suprema de Justicia resolvió el pleito en su favor.
El 1º de noviembre las autoridades de la UNR firmaron el decreto que dispone la indemnización y alegaron que no tenían otra alternativa que acatar el fallo de la justicia. Pero veinte días después el Consejo Superior aprobó por unanimidad la medida de no innovar. Dirigentes de Coad dijeron que el año pasado la entonces fiscal Griselda Tessio pidió la indagatoria de Pérez Blanco. De concretarse, no sería la primera declaración en esa situación del ex agente, ya que el 9 de noviembre de 1984 prestó declaración indagatoria ante el Juzgado de Instrucción de la 10ª Nominación, en la causa donde se investigaba el hallazgo de los archivos de la represión y donde contaba con pedido de captura, junto a Rebecchi y a Teresa Gaona de Cobe.
Del mismo palo
Gustavo Francisco Bueno fue un oficial de la policía provincial que integró el destacamento 121 de Inteligencia del Ejército. Participó en operativos de la represión: familiares de María Sol Pérez, militante de la Juventud Peronista desaparecida en 1977 en la Jefatura de Policía, lo reconocieron como miembro de un grupo de tareas que intentó intimidarlos para que desistieran de la búsqueda. Pero posteriormente abandonó sus funciones y terminó por declarar ante la Conadep.
En su relato, Bueno describió en detalle personalidades y acciones de los agentes de inteligencia del Ejército. Así, señaló que Francisco Scilabra —también integrante de la policía provincial— y "un señor que se llama Pérez Blanco" eran los principales responsables de lo que denominaban "operaciones psicológicas". Apodado W, Walter West o Jorge West, el segundo "pertenecía al Ejército, o sea, estaba en actividad, era un personal civil de inteligencia".
Las "operaciones psicológicas" consistían en "la atribución de determinados hechos, (los cuales) se los achacaban a la subversión". Bueno dio como ejemplo el caso de dos jóvenes militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo que aparecieron acribilladas en San Juan y España, en 1975. "La acción se la cargan como que era un ajuste de cuentas entre dos organizaciones políticas", dijo.
El vínculo de Guerrieri y Pérez Blanco apareció en varios tramos del relato de Bueno. "Era la quinta columna que tenía Guerrieri entre los AEI, la Agrupación Actividad Especial de Inteligencia o reclutamiento de información; le llamaban «el hombre de las intrigas palaciegas»: es una persona inteligente, pero lamentablemente la inteligencia la utilizaba para todo tipo de cosas extrañas".
Esas "cosas extrañas" consistían en la "inclusión de fichas falsas en Jefatura (de Policía), creación de prontuarios, creación de antecedentes: ese tipo de actividades a las que llamaban desinformación".
Pérez Blanco estaba preocupado por la formación de los agentes de inteligencia y por la eficacia con que cumplían sus tareas. "Había sido en una época instructor en la escuela de preparación de agentes de inteligencia en Buenos Aires y lo echaron. Entonces él le propuso a Guerrieri dar formación teórica, todas las veces que se pudiera durante la semana, sobre la metodología a utilizar para determinar fehacientemente la actividad informativa", dijo Bueno.
El agente impartía esos cursos en las oficinas que por entonces tenía en el pasaje Pan. "Creó un compendio, cuestionarios, preguntas y técnicas para llegar a la determinación más o menos aproximada sobre la vida de una persona —recordó Bueno—. Los cursos eran muy mediocres, lo que él quería realmente era medir la capacidad de cada uno, porque un prurito de él era que estaba en mejor nivel que cualquiera de nosotros, entonces hacía sus calificaciones y realmente era un sondeo, ya que después se encerraba horas con Guerrieri".
Pérez Blanco "era el súper espía, espiaba a todo el mundo, y le hace al bocho a Guerrieri diciéndole que nosotros no dábamos pelota a nada, que lo único que nos interesaba era cobrar el sueldo". El conflicto se desató cuando un agente desoyó la orden de hacer una vigilancia en la Facultad de Medicina. "Nunca pisé la universidad, me van a decir botón", argumentó el espía.
Cuando se descubrió el incidente, "Guerrieri dice: «aquí se acaban los intelectuales» (llamaba así a los que recopilaban información)". Bueno fue asignado a la custodia de la casa de Pérez Blanco. "Teníamos que hacer turnos de ocho horas de guardia, sentados dentro de un auto, porque él decía que los subversivos lo querían matar. Estaba súper perseguido", relató.
El fin de la dictadura no interrumpió el trabajo de Pérez Blanco. Al allanar su casa en 1984, el juez Francisco Martínez Fermoselle descubrió un recibo de sueldo a su nombre, firmado por el entonces ministro del Interior Antonio Tróccoli.
Historia presente
En 1999 se descubrió en la Facultad de Medicina una placa que conmemoraba a veinte estudiantes de esa casa de estudios desaparecidos durante la dictadura. Uno de ellos, Ariel Morandi, trabajaba como enfermero en el sanatorio Plaza. Fue secuestrado por la patota del Servicio de Informaciones, que luego lo entregó al Ejército.
Ariel Morandi fue visto con vida por última vez en el centro clandestino de la Fábrica de Armas, que administraron los organismos de inteligencia del Ejército. Precisamente cuando Jorge Walter Pérez Blanco ingresaba como docente en la Universidad Nacional de Rosario.
[Fuente: Por Osvaldo Aguirre, La Capital, Rosario, 02dic07]
Frente a las declaraciones de público conocimiento efectuadas por el Sr. Rector de la Universidad de Rosario, Prof. Darío Maiorana, en torno al pago de 30.000 pesos al represor Jorge Walter Perez Blanco, y según las cuales expresa: "Nunca negué que se hubiera pagado el cheque, nadie lo preguntó. Dije que tenía la orden del juez para pagar, que lo íbamos a hacer, y el Consejo Superior no ordenó ninguna suspensión del pago, sino no innovar a futuro" (Diario La Capital, 3/12/07); en el día de la fecha, y desde nuestra Asociación Gremial COAD, convocamos con carácter de urgencia a Conferencia de Prensa junto a Organismos de Derechos Humanos, Sindicatos, organizaciones estudiantiles y compañeros docentes e investigadores testigos y querellantes en la causas contra el terrorismo de estado, decidiendo enviar además a los señores Consejeros Superiores de la UNR, la siguiente comunicación:
Sres. Consejeros Superiores de la UNR
S / D
El día 20 de Noviembre próximo pasado, en circunstancias del reclamo presentado por el caso Perez Blanco ante el Consejo Superior reunido en la localidad de Casilda, y por el que se denunciara un acuerdo extrajudicial sustanciado a través de la resolución rectoral Nº3625/07 que ordena el 5 de Noviembre pagar indemnización sin que existiera resolución de la Corte en tal sentido; la Consejera por la Facultad de Derecho, Dra. Noemí Nicolau preguntó expresamente en que situación administrativa se encontraba tal resolución, a lo que la Asesoría Jurídica de la Universidad a través del Dr. Baravalle y en presencia del Sr. Vice Rector Eduardo Seminara y del Sr. Rector Darío Maiorana expresó claramente que se había comunicado y *no efectivizado* tal resolución.
Desde COAD hemos cursado en el día de la fecha reclamo de copia del audio de dicha reunión -no la desgrabación-, ante lo que entendemos una situación doblemente grave: el pago y la falta a la verdad que mina la credibilidad y la confianza institucional atentando contra los mínimos valores éticos que la Universidad Pública debe sostener.
El martes 27 de Noviembre debía reunirse la Comisión que tenía a su cargo la redacción final de lo resuelto por unanimidad en CS, a la que concurre el Sr. Decano de la Facultad de Arquitectura con un escrito distinto a lo acordado en cuanto a que se suspenda el pago y la desvinculación de Perez Blanco para garantizárse el Juicio Académico.
Ante lo hehos planteados invitamos a los señores Consejeros Superiores de la UNR a agotar los máximos esfuerzos por que se convoque de urgencia a una nueva reunión de CS antes de fin de año. Caso contrario, se puedan autoconvocar para denunciar publicamente la gravedad de la situación frente a una institución como la UNR que debe dar señales claras a la sociedad respecto nuestro compromiso con las causas que se tramitan en la Justicia Federal contra la represión, y que han tenido como víctima al pueblo argentino y en particular, entre otros, a miembros de la comunidad universitaria.
Invitamos a participar de la reunión de Comisión de Interpretación y Reglamento del CS que deberá llevarse a cabo este Martes 4 de Diciembre a las 9 Hs en Sede de Gobierno de la UNR para analizar las acciones y el curso que deberá seguir el expediente en cuestión.
Rosario, 03 de diciembre de 2007
COAD - Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR
Adhieren:
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; MEDH; APDH; LADH Rosario; Familiares de Detenidos y Desaparecidos; Casa de la Memoria; Sec. DD.HH. CTA Rosario; CEPRODH; ETUN; ATE; COAD; Jóvenes Científicos Precarizados (Investigadores en Formación); Centros de Estudiantes de Cs. Médicas, Arquitectura y Humanidades y Artes; Secretarías de
DD.HH. de los Centros de Psicología y C. Política; Agrupaciones Estudiantiles: LA UNIDAD de Ingeniería, ALDE, Santiago Pampillón, En Clave Roja.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario aprobó ayer por unanimidad una medida de "no innovar" con respecto a la polémica indemnización al represor Jorge Walter Pérez Blanco. Los consejeros tomaron esta determinación luego de escuchar las intervenciones del rector, Darío Maiorana, y del asesor jurídico de la UNR, Aldo Baravalle, que no lograron aclarar por qué hay que resarcir con 30 mil pesos a Pérez Blanco. Los consejeros solicitaron que el tema sea tratado por una Comisión de Interpretación y Reglamento, y que además se acompañe con la causa que llevan adelante los querellantes de la causa Feced, donde está implicado Pérez Blanco. Liliana Gómez, secretaria adjunta de Coad, indicó que el Consejo Superior aprobó que la Universidad "pida saber qué pasó con un pedido de situación indagatoria, solicitado en el 2006 por Griselda Tessio, a cargo de la Fiscalía en ese momento, y que el juez Sutter Schneider todavía no ha hecho lugar".
Durante más de una hora, la mayoría de los consejeros que intervinieron en la sesión realizada en la Facultad de Veterinarias (Casilda) sostuvieron que la Universidad debía tomar otra posición en relación al pago de 30 mil pesos a Pérez Blanco, que no se trata como un mero trámite administrativo, y accionar en la justicia para pedir que se aceleren los tiempos sobre la investigación al represor. Los consejeros hicieron saber además su preocupación por la forma en la que tomó el tema el Rector Maiorana, quien decidió resarcir a Pérez Blanco, amparado en un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que lo obligaba a pagarle los 30 mil pesos y que nunca pudo ser aclarado.
El Consejo Superior terminó resolviendo, luego de escuchar las explicaciones del asesor jurídico de la UNR y del Rector y de atender las disculpas de un consejero de Humanidades que intentó llevar la discusión a otro plano, resumiendo la cuestión a un enfrentamiento entre los sectores que denunciaron el pago a Pérez Blanco, señalando que buscaban sacar algún tipo de rédito político, no innovar y suspender la resolución.
Ante la consulta de Rosario/12, Guillermo Grigioni, consejero estudiantil, señaló que como "había muchas dudas sobre lo actuado, y como no quedó claro con las explicaciones del Rector y del asesor jurídico, el Consejo Superior decidió no resolver ahora si se derogaba o no la resolución del Rector; si no armar una sesión especial de la comisión de Interpretación y Reglamento, ampliada a las organismos de derechos humanos que quieran participar para investigar todo lo actuado, tanto en la Universidad, con el juicio académico, como en la justicia durante todo el juicio".
"Mientras tanto -continuó Grigioni- se votó no innovar en la resolución, para que no se le paguen los 30 mil pesos a Pérez Blanco y que tampoco se lo desvincule de la Universidad. Una vez que el Consejo Superior se expida sobre la cuestión de fondo, recién ahí definir si se deroga o no la resolución del Rector".
Para el dirigente estudiantil "lo que quedó claro es que el Consejo Superior, en nombre de la Universidad, tomará otra postura respecto a este tema. Pasar a investigar todo lo que pueda hacer para que Pérez Blanco no cobre la indemnización y no se tenga que desvincular".
En tanto, Liliana Gómez, secretaria adjunta de Coad, indicó que ayer el Consejo Superior aprobó también que "la Universidad pida el estado de la situación de Pérez Blanco en la justicia federal, y saber qué pasó con un pedido de situación indagatoria, solicitado en el 2006 por Tessio, a cargo de la Fiscalía en ese momento, y que Sutter Schneider todavía no ha hecho lugar".
Gómez, ex detenida durante la dictadura, dijo que "esta es una continuidad de una serie de irregularidades que empiezan en 1984. Tenemos una nota con fecha del 28 de noviembre de ese año, del ex presidente de la Conadep, Oscar Blando, informando al Rector normalizador quién es Pérez Blanco, a pocos días del robo a Tribunales. Muchos años después todavía tenemos el problema de Pérez Blanco dentro de la Universidad".
[Fuente: Pagina 12, Rosario, 21nov07]
v) Suspenden el pago a Pérez Blanco.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) suspendió la resolución del rector Darío Maiorana de pagar 30 mil pesos al ex docente Carlos Walter Pérez Blanco, acusado de participar de la represión ilegal de la última dictadura. Los 36 consejeros decidieron que ahora sea la Comisión de Interpretación la que investigue todo lo actuado y proponga los pasos a seguir.
La sesión fue en la Facultad de Veterinaria de Casilda donde el rector tuvo que explicar por qué argumentó el pago a Pérez Blanco en un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora la comisión del Consejo evaluará lo actuado por la Universidad, pero además el órgano de la UNR elevó un pedido de informe a la Justicia Federal para que detalle si se ha convocado a Pérez Blanco a prestar declaración tal como se había solicitado desde la Fiscalía de Estado.
[Fuente: La Capital, Rosario, 21nov07]
vi) El historial criminal de Doble V o Walter West.
Doble V o Walter West. Con esos apodos, Jorge Walter Pérez Blanco, señalado como miembro de Inteligencia del Ejército, actuó durante la última dictadura militar en Rosario. Una pieza clave de ese otro complejo rompecabezas conformado por los civiles devenidos en colaboradores del gobierno de facto.
Hasta hace casi diez años, Pérez Blanco también se desempeñó como personal ayudante de 2ª categoría docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Recién fue suspendido de su cargo el 3 de noviembre de 1998, aunque su juicio académico quedó en el olvido.
Si bien testimonios de víctimas y del represor arrepentido Gustavo Bueno lo incriminaron ante la Justicia, su expediente es uno de los que desaparecieron en el robo a los Tribunales provinciales perpetrado el 8 de octubre de 1984.
Por entonces, el magistrado Francisco Martínez Fermoselle había procesado a Pérez Blanco por asociación ilícita y otros delitos cometidos durante los años de plomo.
Del edificio ubicado en Balcarce 1651 se llevaron documentos secuestrados en los allanamientos realizados en varias viviendas, entre ellas la de Pérez Blanco (Santiago al 1400), donde —además— encontraron armas de guerra y cédulas y pasaportes emitidos por la Policía Federal.
El propio juez habló del robo de unos 150 expedientes, en su mayoría incautados durante procedimientos supervisados por Manuel Blando, ex titular de la Conadep Santa Fe.
Aunque hubo otras sustracciones, en especial en la casa de Walter West o Doble V, que ratificaron la existencia de grupos de tareas activos en plena primavera alfonsinista. Agendas con fotografías rotuladas y listas con nombres de desaparecidos y represores se esfumaron.
Junto a Ana Cristeler (o Anita), muerta años atrás y también sumariada en la UNR, Pérez Blanco conformó un equipo de inteligencia civil, papel que se reflejó en el inconcluso juicio académico.
Pese al impulso en la investigación que implicó la reapertura de la megacausa Feced, que engloba el accionar de la represión ilegal en el sur santafesino, en 2004, Pérez Blanco aún no fue citado a declarar en los Tribunales federales de bulevar Oroño al 900.
[Fuente: La Capital, Rosario, 08nov07]
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Los palestinos protestan contra ataques y expansión de asentamientos mientras comienzan las negociaciones
En Israel y los Territorios Ocupados, los negociadores israelíes y palestinos iniciaron negociaciones formales el miércoles para dar comienzo al proceso respaldado por Estados Unidos que se originó en Annapolis el mes pasado. Esta reunión tuvo lugar en medio de episodios de violencia en Gaza y planes israelíes de expandir un asentamiento exclusivamente judío en el territorio árabe de Jerusalén del Este. Más de dos docenas de palestinos han muerto recientemente en ataques militares israelíes contra Gaza, mientras los palestinos llevan a cabo ataques con cohetes en localidades israelíes cercanas. Por otra parte, topadoras israelíes destruyeron al menos 28 hectáreas de tierras de cultivo palestinas en Gaza esta semana. El alto colaborador palestino Nabil Abu Rdeineh indicó que exhortaría a Israel a que detenga la expansión de los asentamientos y las incursiones en estos territorios.
Nabil Abu Rdeineh dijo: "La situación es muy delicada. La delegación palestina se reunirá hoy con los israelíes y les exigiremos y les pediremos que detengan la construcción de asentamientos y que pongan fin a las incursiones y los asesinatos".
Democracy Now.
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