Pedro Ugarte
Diario El Pais 19/04/2008

La propensión de los grupos de presión a reglamentar la vida de los
demás resulta inagotable, pero eso no es lo peor. Lo peor es que hemos
llegado a tal estado de castración política que obran habitualmente
sin resistencia civil. Se atribuyen el ejercicio de ciertas
actividades y exigen que les sean prohibidas a los demás: eso, en
castellano, se denomina corso y quienes lo practican son unos
corsarios.
Los grupos de presión disfrazan de interés general la defensa de sus
intereses económicos

Los medios de comunicación se han hecho eco estos días de una vasta
coalición en contra de los grandes centros comerciales. "Sindicatos,
comerciantes, ecologistas y consumidores", recitaba la prensa. Pero la
composición del frente de corsarios resulta discutible. ¿Quién
representa a los consumidores? ¿Quién goza de legitimidad para hablar
en su nombre? Yo soy consumidor; nadie me ha preguntado nada y tengo
la sospecha de que las miles, decenas de miles y centenares de miles
de personas que acuden con regularidad a los centros comerciales
tampoco han sido consultadas. Pero ese es otro problema que la
escuálida democracia contemporánea no hace sino agravar: pequeños
grupos de presión se arrogan la representación de enormes colectivos,
con el fin de condicionar la actuación de unos legisladores sensibles
a cualquier reclamación gremial.

La alianza sindical y mercantil en contra de las grandes superficies
no se para en barras. Critican el proyecto de Ley de Comercio del
Gobierno vasco bajo toda clase de argumentos: desertiza las ciudades,
genera competencia desleal, provoca contaminación y promociona un
modelo de desarrollo insostenible. La solución radica en proponer toda
clase de limitaciones, prohibiciones y reglamentos con el fin de
impedir el libre ejercicio de elección de la ciudadanía. El colmo
llega cuando entre sus propuestas asoma la siguiente: establecer
listas de "productos cotidianos", que deberán comprarse
obligatoriamente en las ciudades, y "productos de lujo", que sí podrán
comprarse en el extrarradio. ¿Qué soberbia alimenta esa ferocidad
reglamentista? ¿Cómo tienen el cuajo de decirnos qué, dónde, cómo y
cuándo hay que comprar?

Los grupos de presión, las corporaciones profesionales, los sindicatos
mercantiles y laborales disfrazan de interés general la defensa de sus
intereses económicos o la difusión de sus prejuicios ideológicos. Todo
el mundo tiene derecho a defender su interés privado, siempre que no
perjudique el interés de los demás, del mismo modo que todo el mundo
tiene derecho a difundir sus prejuicios, sobre todo cuando sabe que en
las urnas jamás tendría una oportunidad. Insisten una y otra vez en
que los consumidores saldrán beneficiados con tantas prohibiciones.
Pero ¿por qué no dejan a sus protegidos elegir lo que más les
convenga? ¿No tienen derecho a decidir qué modelo de consumo
consideran mejor?

A la tradicional obsesión de los políticos por resolvernos la vida, se
une el interés corporativo de los sindicatos, el fanatismo ideológico
de los ecologistas y la avaricia de los comerciantes. Claro que en
este país es suficiente manifestar un grosero descontento sectorial
para que los políticos corran a legislar a favor del demandante. Y la
opinión que nadie tiene en cuenta es la de esa mayoría silenciosa que
trabaja y paga impuestos, una mayoría que se ha ganado el derecho, a
través de su esfuerzo diario, de su ciudadanía democrática y de su
dignidad moral, a comprar lo que quiera en donde quiera y cuando
quiera, sin que ningún gremio, corporación, cofradía, hermandad,
germanía o sindicato tenga derecho a reclamar patentes de corso ni a
impedir la libre elección de los demás.

Pedro Ugarte
Diario El Pais 19/04/2008