Las compañías petroleras, no obstante la actitud de serenidad del
Gobierno y las consideraciones que les ha venido guardando, se han
obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil
que el Ejecutivo Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los
gerentes de las propias compañías, y que ese no negó, y que han dado
el resultado que las mismas compañías buscaron: lesionar seriamente
los intereses económicos de la nación, pretendiendo por este medio
hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las autoridades
mexicanas.
Se trata de un caso evidente y claro que obliga al Gobierno a aplicar
la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para someter a las empresas
petroleras a la obediencia y a la sumisión, sino porque habiendo
quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus
trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de
no ocupar el Gobierno las instituciones de las compañías, vendría la
paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto
males incalculables al resto de la industria y a la economía general
del país.
Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su
existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de
franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas
innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa
potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó,
muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público,
significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla.
Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la
nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a
cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan
indispensable.
Y como pudiera ser que los intereses que se debaten en forma acalorada
en el ambiente internacional, pudieran tener de este acto de exclusiva
soberanía y dignidad nacional que consumamos, una desviación de
materia primas, primordiales para la lucha en que están empeñadas las
más poderosas naciones, queremos decir que nuestra explotación
petrolífera no se apartará un sólo ápice de la solidaridad moral que
nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a
quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada sólo se dirige
a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la necesidad
evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos quienes
entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta
las consecuencias que tienen que reportar las masa populares y las
naciones en conflicto.

Fracciones del texto leído por el Presidente de la República, General
Lázaro Cárdenas, en Palacio Nacional el 18 de marzo de 1938,
decretando la Nacionalización de la Industria Petrolera en México