Hay financiación ilegal del PSOE en el "CASO ASTAPA EN ESTEPONA" ¿no es posible con el codigo del buen Gobierno de ZP?
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denunciaron la trama?
Meses después de que tiraran de la manta en el caso Astapa y
denunciaran ante la Policía y la Fiscalía Anticorrupción las
irregularidades en el Ayuntamiento de Estepona, los concejales
socialistas David Valadez y Cristina Alarcón fueron llamados a
capítulo a Sevilla por dirigentes del partido. Así lo cuenta este
martes El Mundo. "Allí, les dijeron que sabían lo que habían hecho y,
a continuación, los convencieron para que se presentaran a las
elecciones municipales de mayo de 2007, a pesar de que ellos no
querían hacerlo en compañía de Antonio Barrientos, el alcalde y
candidato, ahora encarcelado", informa el diario.
El asunto se ha enturbiado este lunes al asegurar Luis Pizarro, mano
derecha de Chaves, que él no tenía ni ha tenido "constancia
documental" sobre los hechos acontecidos en Estepona y protagonizados
por el alcalde socialista Antonio Barrientos.
¿Con quién hablaron entonces los dos socialistas de Estepona que
denunciaron los hechos? Si la dirección socialista de Andalucía
conocía los hechos antes de 2007, ¿cómo es que propusieron de nuevo a
Barrientos como candidato, nuevamente, a la alcaldía de Estepona? ¿Qué
hacía con el dinero recaudado el alcalde Barrientos y quiénes eran sus
destinatarios, ya que la jueza encargada del caso considera que hay
financiación ilegal del PSOE en los hechos conocidos?
La denuncia de estos militantes fue casi el inicio de una operación
que ya está entrando en la segunda fase, después de que hayan
declarado los principales implicados. La juez Isabel Conejo ha dado
orden de intervenir las cuentas y propiedades a nivel nacional de los
imputados, y los agentes de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica
y Financiera) tienen vía libre para rastrear las propiedades del
alcalde y los demás concejales que están implicados en la trama de
corrupción urbanística de Estepona. En total, hay 26 imputados: cinco
en la cárcel y el resto, en libertad bajo fianza.
Antes, en 2004, el presidente local del PP de Estepona, Ignacio Mena
había denunciado en un pleno municipal público la existencia de cajas
fuertes depositadas en bancos con el dinero de las "mordidas",
denuncia que no fue tenida en cuenta por la Fiscalía.
Las escuchas
Ahora van a tener relevancia las escuchas policiales por orden
judicial. El Mundo ha podido saber que hay dos niveles de escuchas,
las directas y las de referencia. En las primeras, los políticos
municipales aparecen hablando en primera persona con los empresarios o
sus intermediarios. Ahí se concreta, con cierta claridad, los
porcentajes o prebendas a recibir por los concejales, el alcalde y
altos cargos del Ayuntamiento de Estepona a cambio de los favores
realizados a los promotores inmobiliarios.
En las segundas, las escuchas de referencia, aparecen nombres y cargos
tanto a nivel autonómico como de ámbito nacional. Las personas que
intervienen directamente en las conversaciones hablan de terceros y
los califican de amigos con los que se puede contar para superar
dificultades administrativas a nivel autonómico y obtener
rentabilidades muy interesantes.
Entre estos nombres de referencia hay cargos y profesiones de toda
índole. Un obispo, un alto dirigente del PSOE a nivel nacional,
empresarios de altos vuelos y representantes de una importante caja de
ahorro.
También hay conversaciones del ya ex alcalde de Estepona -presentó la
dimisión el día 20- Antonio Barrientos, donde se jacta de tener varios
pisos y cuentas corrientes, así como amigos muy importantes en la
prensa y, en especial, en un determinado grupo mediático de ámbito
nacional e internacional. La locuacidad del ex primer edil al teléfono
era de tal calibre que incluso indica a sus interlocutores la gran
amistad que le unía con altos cargos del PSOE de Sevilla y de Madrid.
Patricia Rojo, la hija del presidente del Senado
A esto hay que añadir que los dos militantes socialistas ya
mencionados aportaron al fiscal López Caballero exhaustiva
documentación sobre cada una de las irregularidades que se venían
cometiendo en el Ayuntamiento y, en especial, en la Concejalía de
Urbanismo. Se da la circunstancia de que la coordinadora de este área
municipal es la abogada Patricia Rojo, hija del presidente del Senado,
Javier Rojo, de la que se espera sea llamada a declarar en breve.
Sacred
del caso astapa no es mas que una anécdota, lo de la financiación ilegal es
la practica común.