No es fácil respetar esta democracia, sobre todo con bacilos tan perniciosos
como los de esa casta que la emprenden contra Alerta Digital sólo porque no
bailamos al son de su misma música. Una auténtica democracia sólo puede ser
posible sobre la base del compromiso a la tradición de un país y de una
recta concepción de las personas, reducidas en España al mero papel de
figurantes en los fraudulentos procesos electorales.
La democracia no es una concepción de la vida ajena a los valores, que son
fundamentales y globales, incluidos el de la cultura y la identidad de los
habitantes de un Estado. Cuando esos valores se desintegran, la propia
democracia entra en una profunda crisis de identidad. La Constitución de
1.978, a diferencia de la norteamericana, se edificó sobre valores que
fueron negociados y otros aún más genuinos que simplemente han sido desde
entonces ignorados o relegados.
Una auténtica democracia, como la que el PP no quiere defender, es sobre
todo el fruto de una aceptación convencida de valores tan innegociables como
la dignidad de los naturales del país, el respeto de los derechos de cada
español a proclamar y defender su identidad, la asunción del “bien común”
como fin y criterio regulador de la vida política. Al faltar el consenso
general de estos valores entre la casta dirigente, España ha perdido el
significado de la democracia y se llega incluso a comprometer su
estabilidad.
También es hora de que unos y otros, en estas horas de derrota nacional,
reflexionen sobre algunas lecturas que nos deja el fracaso de este modelo
político instaurado con engaños, deslealtades y traiciones en 1978. Se pone
cada día más de manifiesto la creciente distancia entre administrados y
administradores. Entre las deformaciones del sistema democrático español, la
corrupción política es una de las más graves porque traiciona al mismo
tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia, compromete el
correcto funcionamiento del Estado, influye negativamente en la relación
entre gobernantes y gobernados e introduce una creciente desconfianza
respecto a las instituciones públicas. La corrupción, por desgracia, se ha
generalizado sin freno en prácticamente todos los estamentos dependientes
del poder político, a tal fin que la política ha sido concebida como un
medio de vida y no como un instrumento eficaz de gestión.
Tampoco nuestra democracia ha hallado ni tenido voluntad de encontrar
fórmulas que permitan la participación real y efectiva de la sociedad civil
en los asuntos que le conciernen. Relegada al papel de mera comparsa, la
sociedad civil española ha tenido prácticamente imposible sacar adelante
cualquier propuesta o idea si no era a través de los férreos cauces de los
partidos tradicionales. Ser todos activos, en la democracia, significa dar
un cauce de expresión a las propias facultades y talentos, a la
multiplicidad de dones que posee cada ser humano, en grados diversos, sin
que la adhesión a un partido o a una consigna termine siendo lo único
importante. La democracia no concuerda ni con la tiranía de los partidos ni
con la falta de atención de éstos a otras ideas y otros intereses que no
sean los que sus líderes y las entidades supranacionales defienden.
Pero de todas las carencias y limitaciones de nuestra democracia, ninguna
como la provocada por esa criatura monstruosa, contraria a natura, que está
introduciendo en España todos los gérmenes de la fragmentación y el
tribalismo. No lo digo yo, el recientemente fallecido Peces-Barbas, padre de
la Constitución, también lo reconoció en uno de sus extrañísimos arrebatos
de sinceridad: De las autonomías de 1.978 hemos pasado a unas reformas
estatutarias caracterizadas por tres principios: improvisación, debilidad
del Estado y deseo de unas comunidades de ser más iguales que otras.
La presencia ahora de Bildu en las instituciones avala nuestras dudas. Nunca
se debió negociar la apertura para España de un régimen autonómico sin antes
haber definido y afirmado del modo más contundente la esfera de las
competencias que un Estado soberano no puede negar o compartir sin renegar
de su propia esencia. El principio de las autonomías ha sido siempre un
poderoso factor de debilitación de los Estados unitarios –unitarismo no
quiere decir uniformismo- a base de forzar particularismos internos o
limítrofes, aspirantes a una soberanía propia. La Historia lo ha demostrado
con ejemplos concluyentes, del que tal vez, el de la antigua Yugoslavia sea
el más reciente.
Con la complicidad por acción u omisión de casi todos, incluida la
representación de la más alta magistratura de la nación, los ardides
independentistas y el enfrentamiento con el Estado no se encubren,
llegándose a extremos tan grotescos como el de los virreyes autonómicos
desafiando a ese mismo Estado del que emana toda su legimitidad política.
Ante la puesta en cuestión del sistema partitocrático, las voces más
dispares en su ideología claman estérilmente. Uno de las razones principales
del fracaso democrático en España ha sido el apoyo hipotecado que los
nacionalistas han prestado a los distintos gobiernos nacionales para que el
interés nacional quedase supeditado al de unos pocos. Sembrar la semilla de
la desunión entre las regiones y los hombres de España, despertando en ellos
dormidas apetencias o fomentando las nuevas, es una de las más grandes
responsabilidades que la casta española asume frente a la Historia.
La consumación de esta gran farsa histórica se encuentra privada de
cualquier derecho, ya que la responsabilidad rechazada es solo la otra cara
de la libertad.

Fuente: http://www.alertadigital.com