4. Penal incendiado en Honduras excedía capacidad en 213 por ciento

Telesur
Miércoles 15 de Febrero de 2012 El Penal de Comayagua, en el centro de Honduras, en el que al menos 370 personas fallecieron este miércoles a causa de un incendio, albergaba a más de 850 reos, superando en 212,5 por ciento la capacidad del recinto carcelario, informó el colaborador de teleSUR en Honduras, Dassaev Aguilar, quien recordó que hace un año en Consejo de Ministros, el director de Centros Penales en ese país, Danilo Orellana hizo un llamado al presidente Porfirio Lobo para que abocara a solventar la situación de casi una decena de penales se encuentran con sobrepoblación.
"Danilo Orealla dijo el año pasado en Consejo de Ministros al Presidente sobre la alerta roja que existe en los centros penales y le instó a hacer una inversión para crear nuevos centros que cumplan con requisitos de seguridad y de reformar a los reos" señaló el colaborador de la multiestatal.
Se transmitió al Ejecutivo la necesidad de "crear nuevos centros o anexos pero eso se quedó en papel y con este (Comayagua) ya es el tercer hecho trágico en Honduras".
El periodista subrayó que hasta el momento no se ha efectuado un pronunciamiento en torno al siniestro de la Granja Penal de Comayagua, ubicada a unos 90 km de Tegucigalpa, la capital.
Entre otras medidas que involucraba la alerta roja emitida por Danilo Orellana, figura brindar lugares físicos para construir nuevos centros penales, duplicar los elementos de seguridad dentro de las cárceles y la creación de módulos de máxima seguridad.
Orellana indicó que "los reos están dispersos o reunidos en celdas por asalto, múltiples asesinatos y otros delitos" por lo que evidenció la necesidad de separarlos de acuerdo a sus crímenes.
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5. Hoja de Prensa - 15 de Febrero de 2012
Comisión de Verdad
Miércoles 15 de Febrero de 2012 Considerando el penoso incendio
donde han perdido la vida 358 privados de libertad y han resultado
heridos 22 personas, en el Centro Penitenciario de Comayagua, la
Comisión de Verdad(CDV) lamenta esta tragedia que enluta a la población
hondureña, especialmente a los familiares.
Recordamos al Estado hondureño la responsabilidad que tiene de
salvaguardar la vida como derecho humano fundamental y por consiguiente
garantizar la integridad física y mental de todas las personas y en este
caso particular las privadas de libertad que se encuentran en tutela
completa del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad.
Asimismo recordamos, que no se trata de un evento aislado, y el mismo se
suma a los incendios del Centro Penal de San Pedro Sula en el año 2004 y
la Granja de El Porvenir en el 2003, donde perecieron 107 y 69
respectivamente.
Reprobamos la ineficiencia y falta de voluntad de mejorar las
condiciones de vida de las personas privadas de libertad, ya que en este
centro penitenciario contaba con una sobrepoblación de más del cien por
ciento de su capacidad, lo que no permite brindar condiciones dignas a
estas personas.
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6. CIDH deplora muertes en incendio en cárcel de Honduras

CIDH
Miércoles 15 de Febrero de 2012 Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deplora la muerte de internos en un incendio en la cárcel de Comayagua, en Honduras. La CIDH hace un llamado urgente al Estado para que adopte las medidas necesarias a fin de investigar debidamente esta tragedia y evitar su repetición.
Las autoridades de Honduras informaron que se presume que 365 personas habrían muerto. La Comisión Interamericana se solidariza con las familias de los internos fallecidos y con las personas que resultaron heridas. La CIDH insta al Estado a tomar las medidas adecuadas para identificar a las personas fallecidas en la tragedia y a informar en forma pronta y precisa la identidad de los internos que perdieron la vida en el incendio, así como las circunstancias y causas específicas de su fallecimiento. Asimismo, la CIDH insta al Estado a informar a los familiares de los internos heridos sobre su condición médica actual, y a proveer información oportuna sobre el traslado de personas heridas a centros hospitalarios, así como de internos a otras cárceles.
La CIDH recuerda que el Estado se encuentra en una posición especial de garante frente a los derechos de las personas privadas de libertad. Esto hace que el acto de reclusión implique un compromiso específico y material del Estado de garantizar las condiciones requeridas bajo los estándares internacionales con el fin de salvaguardar la vida e integridad personal de los reclusos. El deber de garantizar implica que éste debe tomar todas las medidas necesarias para prevenir situaciones de riesgo que, como la presente, amenacen gravemente los derechos fundamentales de los detenidos.
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