[aymara] CIPCANotas Nº 433
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CIPCA Bolivia
May 2, 2012, 10:45:09 PM5/2/12
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CIPCANotas
Boletín Virtual No 433, Año 11. Mayo de 2012.
RED de comunicación del personal de CIPCA-Bolivia
www.cipca.org.bo ( http://www.cipca.org.bo ) ( http://www.cipca.org.bo )
Las Estratégias Previas a la Novena Marcha Indígena
Ismael Guzmán*
Entre la octava y la novena marcha indígena, apenas transcurrieron seis meses y si bien el movimiento indígena no protagonizó ningún tipo de
movilización en este periodo inter-marcha, su dirigencia se mantuvo muy activa tanto en las dinámicas orgánicas al interior del movimiento, como en
las acciones enfocadas a contrarrestar la arremetida del poder gubernamental que busca materializar la construcción de la carretera Villa Tunari-San
Ignacio de Mojos atravesando el TIPNIS.
La renuencia de parte del gobierno a emitir el Reglamento de la Ley 180 de protección al TIPNIS, reanimó las tensiones post octava marcha indígena.
Pero el antecedente que motivó una nueva movilización de los pueblos indígenas a través de la novena marcha, fue la promulgación de la Ley 222 de
consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS, como decisión unilateral del gobierno en una fase extemporánea del proyecto carretero.
Desde entonces y hasta el inicio de la novena marcha, tanto para el gobierno como para la dirigencia indígena, fue un periodo de intenso despliegue
de estrategias dirigidas a posicionar sus argumentos ante la opinión pública.
Además, el gobierno buscó por varios medios evitar esta marcha, mientras que la organización indígena se esforzó en mantener el estado de alerta
entre el movimiento indígena.
La estrategia del gobierno
La VIII Marcha Indígena fue una acción colectiva que pese a las vicisitudes sufridas en el trayecto de su recorrido, tuvo una culminación
contundente, logro este que dejó al gobierno en una condición política incómoda. Ante esta situación, una primera contraofensiva del gobierno
dirigida a despojar al movimiento indígena de su victoria, fue la de utilizar la marcha del CONISUR para intentar retroceder el conflicto a su punto
inicial, manejando para ello una elaboración discursiva en sentido que una parte de los indígenas del TIPNIS piden carretera y otros se oponen a la
misma, haciendo ver por consiguiente, que la (post) consulta es la única salida del conflicto.
Recordemos que la demanda de la marcha del CONISUR (comunidades indígenas en proceso de asimilación por el sistema sindical del sector cocalero),
fue la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos a través del TIPNIS y para ello plantearon como condición previa la
anulación de la Ley 180 de protección al TIPNIS. La postura de esta marcha en ningún momento planteó la consulta a los pueblos indígenas del
TIPNIS y por ello su disconformidad ante los resultados plasmados en la Ley 222. No obstante, el gobierno fue muy hábil en mostrar la (post) consulta
como una propuesta de la marcha del CONISUR y por tanto como el argumento central para la implementación de la misma.
En base a esos antecedentes es que el gobierno ha iniciado su estrategia de consulta “previa” en las comunidades del TIPNIS, con todo un
despliegue prebendal dirigido a lograr un resultado favorable a la construcción de la carretera a través de este territorio indígena. Sin lugar a
duda, la presencia del Estado en las comunidades del TIPNIS, pese a que el gobierno señala que se trata únicamente de una reparación histórica de
su ausencia en esta zona, está directamente vinculada a los resultados pretendidos por el gobierno en la implementación de la post consulta.
Pero además, este emprendimiento de prebendalización de las comunidades del TIPNIS, el Estado lo está encarando de manera articulada entre los tres
niveles de gobierno formal, es decir, el gobierno nacional, el gobierno departamental del Beni y el gobierno municipal de San Ignacio de Mojos
(municipio este donde se encuentra el TIPNIS), gobiernos estos que coincidentemente en la actualidad están controlados por el partido de gobierno
(MAS). Tres niveles del Estado que suman recursos económicos y aúnan esfuerzos logísticos y humanos para incursionar en el TIPNIS por agua y aire,
sin el menor intento de coordinación previa con las organizaciones indígenas matrices.
Sin embargo el gobierno no sólo concentró esfuerzos en aplicar la post consulta, direccionando los resultados a través de una costosa campaña al
estilo electoral, sino que además desplegó una estrategia de carácter también prebendal, dirigida a neutralizar a las organizaciones indígenas,
especialmente las de carácter regional. Con ese fin logró firmar los llamados “acuerdos programáticos” con varias de las regionales que
conforman la CIDOB, los cuales consisten en acordar vía compromiso firmado, la implementación de políticas públicas específicas como si estas no
fuesen responsabilidad permanente del Estado. Pero acordado así, el gobierno logra la abstención tácita de estas organizaciones a participar en la
IX Marcha Indígena, como un plus a su favor. De ahí que muchos de los dirigentes indígenas de nivel regional que encaminaron con firmeza la octava
marcha, ahora se muestran escépticos y algunos incluso críticos a esta nueva movilización, pese a que los objetivos de ambas marchas son
prácticamente los mismos.
Con estas acciones el gobierno inaugura un nuevo episodio histórico, basado en la prebendalización de las relaciones Estado organizaciones
indígenas, paradójicamente encarado por un gobierno que sabe mucho de las dinámicas orgánicas, puesto que fue precisamente a través de estos
espacios organizativos que se erigieron políticamente. La finalidad inmediata de esta estrategia es sin duda debilitar el movimiento indígena y por
esa vía deslegitimar la IX Marcha Indígena.
Es probable que la fracasada campaña mediática del gobierno dirigida a desprestigiar a la dirigencia indígena durante la VIII Marcha Indígena,
ahora haya sido sustituida por la estrategia de cooptación velada de dirigentes a través de los señalados “acuerdos programáticos”, al
parecer, en vista que no pudo destruirlos, ahora busca ponerlos de su lado. Pero también es claramente perceptible que el gobierno abandonó su
discurso de hostigamiento a la octava marcha indígena, pues ahora exhibe un discurso de aparente tolerancia, enfatizando garantías a la marcha y
reconociendo el derecho a la movilización, aunque este discurso se contradice con su actitud asumida con otras movilizaciones sectoriales que se dan
en el país, donde no escatima la represión y la penalización de dichas movilizaciones.
Finalmente, el anuncio de la anulación del contrato con la constructora OAS y la modificación de la Ley 222 en sentido de ampliar el plazo de
implementación de la post consulta en el TIPNIS, fue también un intento por frenar la IX Marcha Indígena, ante la evidencia que si bien logró
neutralizar a dirigentes de organizaciones de nivel regional, algunas de las bases de estas organizaciones tomaron una decisión distinta.
La estrategia indígena
La dirigencia indígena continuó privilegiando en su agenda orgánica la defensa del TIPNIS y lo hizo enfocando acciones dirigidas tanto al interior
del movimiento indígena como al relacionamiento con la opinión pública a través de los medios de comunicación y otros espacios de debate sobre la
temática.
El contacto con las comunidades del TIPNIS fue priorizado por la dirigencia tanto de nivel territorial, regional y nacional, es decir la Subcentral
Indígena del TIPNIS, la CPEM-B y la CIDOB. En ese sentido, la mayor parte de la dirigencia de estos tres niveles orgánicos, organizó un recorrido
por las comunidades del TIPNIS con el fin de evaluar la VIII Marcha Indígena, socializar el alcance de la Ley 180 y recoger el punto de vista y la
postura de la población de base respecto al conflicto de este territorio indígena.
Este desplazamiento por las comunidades del TIPNIS demandó a la dirigencia indígena un tiempo de dedicación ininterrumpida de cerca de un mes. Un
primer resultado de este recorrido en favor de la organización indígena, fue la recuperación de su rol de vocería de estas comunidades, la cual
había sido prácticamente arrebatada por el gobierno, recordemos que éste reiteraba que el conflicto del TIPNIS era un invento de la dirigencia,
puesto que las comunidades estaban a favor de la construcción de la carretera y la población de este territorio más bien demandaba el paso de la
carretera por sus respectivas comunidades, hecho que luego fue desmentido de manera contundente en el XXX Encuentro de Corregidores del TIPNIS.
Pero mientras la dirigencia de la CIDOB volcaba su esfuerzo al contacto con las comunidades del TIPNIS, el gobierno, valiéndose de su enorme
capacidad logística y disponibilidad presupuestaria, no sólo contrarrestaba en este mismo escenario territorial a través de las acciones
prebendales ya señaladas, sino que también intensificaba el contacto con organizaciones indígenas en otras regiones del país con el fin de
hacerlas desistir de su participación en la IX Marcha Indígena, vía los “acuerdos programáticos”.
Para la CIDOB, esta última situación quedó prácticamente fuera de control.
Una segunda acción emprendida por la organización indígena como resultado del recorrido por las comunidades del TIPNIS, fue la realización del XXX
Encuentro de Corregidores del TIPNIS, este Encuentro prácticamente invalidó la agresiva campaña de desinformación realizada por el gobierno, en
sentido que la (post)consulta establecida en la Ley 222, respondía a la demanda de las comunidades de este territorio. Pues el Encuentro de
Corregidores del TIPNIS emitió su rechazo a la realización de dicha consulta por su carácter extemporáneo y en vista del empeño del gobierno por
aplicarla con el fin de materializar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos atravesando el TIPNIS, este evento orgánico
determinó la realización de la IX Marcha Indígena.
Otra de las estrategias asumidas por la organización indígena durante este periodo comprendido entre la octava y novena marcha, fue el
fortalecimiento de sus alianzas con otros sectores orgánicos del país, como el CONAMAQ, la COB y otros, quienes comprometieron su participación en
la IX Marcha Indígena. Esta acción sin duda fortalecerá la proyección nacional de la defensa del TIPNIS.
Un acierto de la dirigencia indígena en su contacto con la opinión pública, es que supo proyectar la dimensión medioambiental de la defensa del
TIPNIS.
Pues ahora más que antes, para la percepción de la población en general no sólo se trata de la lucha de los pueblos indígenas en defensa de su
hábitat, sino que es también una lucha por el medio ambiente en bien de todos. Por tanto el respeto del TIPNIS es cada vez más una demanda
nacional.
Finalmente, la defensa del TIPNIS, tanto en su dimensión académica como ideológica y política, ya ha transcendido las fronteras del país y es por
ello que en las reflexiones académicas y los debates medioambientales en distintos escenarios del planeta, tal como en su momento lo fue la guerra
del agua, esta lucha se ha constituido en el caso TIPNIS, un ícono referencial de resistencia, de dignidad en la defensa de los derechos, de coraje
por ponerse al frente del modelo de desarrollo que nos impone el sistema capitalista.
(*) Ismael Guzmán, sociólogo de CIPCA Beni.
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Las Estratégias Previas a la Novena Marcha Indígena
Ismael Guzmán*
Entre la octava y la novena marcha indígena, apenas transcurrieron seis meses y si bien el movimiento indígena no protagonizó ningún tipo de
movilización en este periodo inter-marcha, su dirigencia se mantuvo muy activa tanto en las dinámicas orgánicas al interior del movimiento, como en
las acciones enfocadas a contrarrestar la arremetida del poder gubernamental que busca materializar la construcción de la carretera Villa Tunari-San
Ignacio de Mojos atravesando el TIPNIS.
La renuencia de parte del gobierno a emitir el Reglamento de la Ley 180 de protección al TIPNIS, reanimó las tensiones post octava marcha indígena.
Pero el antecedente que motivó una nueva movilización de los pueblos indígenas a través de la novena marcha, fue la promulgación de la Ley 222 de
consulta a los pueblos indígenas del TIPNIS, como decisión unilateral del gobierno en una fase extemporánea del proyecto carretero.
Desde entonces y hasta el inicio de la novena marcha, tanto para el gobierno como para la dirigencia indígena, fue un periodo de intenso despliegue
de estrategias dirigidas a posicionar sus argumentos ante la opinión pública.
Además, el gobierno buscó por varios medios evitar esta marcha, mientras que la organización indígena se esforzó en mantener el estado de alerta
entre el movimiento indígena.
La estrategia del gobierno
La VIII Marcha Indígena fue una acción colectiva que pese a las vicisitudes sufridas en el trayecto de su recorrido, tuvo una culminación
contundente, logro este que dejó al gobierno en una condición política incómoda. Ante esta situación, una primera contraofensiva del gobierno
dirigida a despojar al movimiento indígena de su victoria, fue la de utilizar la marcha del CONISUR para intentar retroceder el conflicto a su punto
inicial, manejando para ello una elaboración discursiva en sentido que una parte de los indígenas del TIPNIS piden carretera y otros se oponen a la
misma, haciendo ver por consiguiente, que la (post) consulta es la única salida del conflicto.
Recordemos que la demanda de la marcha del CONISUR (comunidades indígenas en proceso de asimilación por el sistema sindical del sector cocalero),
fue la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos a través del TIPNIS y para ello plantearon como condición previa la
anulación de la Ley 180 de protección al TIPNIS. La postura de esta marcha en ningún momento planteó la consulta a los pueblos indígenas del
TIPNIS y por ello su disconformidad ante los resultados plasmados en la Ley 222. No obstante, el gobierno fue muy hábil en mostrar la (post) consulta
como una propuesta de la marcha del CONISUR y por tanto como el argumento central para la implementación de la misma.
En base a esos antecedentes es que el gobierno ha iniciado su estrategia de consulta “previa” en las comunidades del TIPNIS, con todo un
despliegue prebendal dirigido a lograr un resultado favorable a la construcción de la carretera a través de este territorio indígena. Sin lugar a
duda, la presencia del Estado en las comunidades del TIPNIS, pese a que el gobierno señala que se trata únicamente de una reparación histórica de
su ausencia en esta zona, está directamente vinculada a los resultados pretendidos por el gobierno en la implementación de la post consulta.
Pero además, este emprendimiento de prebendalización de las comunidades del TIPNIS, el Estado lo está encarando de manera articulada entre los tres
niveles de gobierno formal, es decir, el gobierno nacional, el gobierno departamental del Beni y el gobierno municipal de San Ignacio de Mojos
(municipio este donde se encuentra el TIPNIS), gobiernos estos que coincidentemente en la actualidad están controlados por el partido de gobierno
(MAS). Tres niveles del Estado que suman recursos económicos y aúnan esfuerzos logísticos y humanos para incursionar en el TIPNIS por agua y aire,
sin el menor intento de coordinación previa con las organizaciones indígenas matrices.
Sin embargo el gobierno no sólo concentró esfuerzos en aplicar la post consulta, direccionando los resultados a través de una costosa campaña al
estilo electoral, sino que además desplegó una estrategia de carácter también prebendal, dirigida a neutralizar a las organizaciones indígenas,
especialmente las de carácter regional. Con ese fin logró firmar los llamados “acuerdos programáticos” con varias de las regionales que
conforman la CIDOB, los cuales consisten en acordar vía compromiso firmado, la implementación de políticas públicas específicas como si estas no
fuesen responsabilidad permanente del Estado. Pero acordado así, el gobierno logra la abstención tácita de estas organizaciones a participar en la
IX Marcha Indígena, como un plus a su favor. De ahí que muchos de los dirigentes indígenas de nivel regional que encaminaron con firmeza la octava
marcha, ahora se muestran escépticos y algunos incluso críticos a esta nueva movilización, pese a que los objetivos de ambas marchas son
prácticamente los mismos.
Con estas acciones el gobierno inaugura un nuevo episodio histórico, basado en la prebendalización de las relaciones Estado organizaciones
indígenas, paradójicamente encarado por un gobierno que sabe mucho de las dinámicas orgánicas, puesto que fue precisamente a través de estos
espacios organizativos que se erigieron políticamente. La finalidad inmediata de esta estrategia es sin duda debilitar el movimiento indígena y por
esa vía deslegitimar la IX Marcha Indígena.
Es probable que la fracasada campaña mediática del gobierno dirigida a desprestigiar a la dirigencia indígena durante la VIII Marcha Indígena,
ahora haya sido sustituida por la estrategia de cooptación velada de dirigentes a través de los señalados “acuerdos programáticos”, al
parecer, en vista que no pudo destruirlos, ahora busca ponerlos de su lado. Pero también es claramente perceptible que el gobierno abandonó su
discurso de hostigamiento a la octava marcha indígena, pues ahora exhibe un discurso de aparente tolerancia, enfatizando garantías a la marcha y
reconociendo el derecho a la movilización, aunque este discurso se contradice con su actitud asumida con otras movilizaciones sectoriales que se dan
en el país, donde no escatima la represión y la penalización de dichas movilizaciones.
Finalmente, el anuncio de la anulación del contrato con la constructora OAS y la modificación de la Ley 222 en sentido de ampliar el plazo de
implementación de la post consulta en el TIPNIS, fue también un intento por frenar la IX Marcha Indígena, ante la evidencia que si bien logró
neutralizar a dirigentes de organizaciones de nivel regional, algunas de las bases de estas organizaciones tomaron una decisión distinta.
La estrategia indígena
La dirigencia indígena continuó privilegiando en su agenda orgánica la defensa del TIPNIS y lo hizo enfocando acciones dirigidas tanto al interior
del movimiento indígena como al relacionamiento con la opinión pública a través de los medios de comunicación y otros espacios de debate sobre la
temática.
El contacto con las comunidades del TIPNIS fue priorizado por la dirigencia tanto de nivel territorial, regional y nacional, es decir la Subcentral
Indígena del TIPNIS, la CPEM-B y la CIDOB. En ese sentido, la mayor parte de la dirigencia de estos tres niveles orgánicos, organizó un recorrido
por las comunidades del TIPNIS con el fin de evaluar la VIII Marcha Indígena, socializar el alcance de la Ley 180 y recoger el punto de vista y la
postura de la población de base respecto al conflicto de este territorio indígena.
Este desplazamiento por las comunidades del TIPNIS demandó a la dirigencia indígena un tiempo de dedicación ininterrumpida de cerca de un mes. Un
primer resultado de este recorrido en favor de la organización indígena, fue la recuperación de su rol de vocería de estas comunidades, la cual
había sido prácticamente arrebatada por el gobierno, recordemos que éste reiteraba que el conflicto del TIPNIS era un invento de la dirigencia,
puesto que las comunidades estaban a favor de la construcción de la carretera y la población de este territorio más bien demandaba el paso de la
carretera por sus respectivas comunidades, hecho que luego fue desmentido de manera contundente en el XXX Encuentro de Corregidores del TIPNIS.
Pero mientras la dirigencia de la CIDOB volcaba su esfuerzo al contacto con las comunidades del TIPNIS, el gobierno, valiéndose de su enorme
capacidad logística y disponibilidad presupuestaria, no sólo contrarrestaba en este mismo escenario territorial a través de las acciones
prebendales ya señaladas, sino que también intensificaba el contacto con organizaciones indígenas en otras regiones del país con el fin de
hacerlas desistir de su participación en la IX Marcha Indígena, vía los “acuerdos programáticos”.
Para la CIDOB, esta última situación quedó prácticamente fuera de control.
Una segunda acción emprendida por la organización indígena como resultado del recorrido por las comunidades del TIPNIS, fue la realización del XXX
Encuentro de Corregidores del TIPNIS, este Encuentro prácticamente invalidó la agresiva campaña de desinformación realizada por el gobierno, en
sentido que la (post)consulta establecida en la Ley 222, respondía a la demanda de las comunidades de este territorio. Pues el Encuentro de
Corregidores del TIPNIS emitió su rechazo a la realización de dicha consulta por su carácter extemporáneo y en vista del empeño del gobierno por
aplicarla con el fin de materializar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos atravesando el TIPNIS, este evento orgánico
determinó la realización de la IX Marcha Indígena.
Otra de las estrategias asumidas por la organización indígena durante este periodo comprendido entre la octava y novena marcha, fue el
fortalecimiento de sus alianzas con otros sectores orgánicos del país, como el CONAMAQ, la COB y otros, quienes comprometieron su participación en
la IX Marcha Indígena. Esta acción sin duda fortalecerá la proyección nacional de la defensa del TIPNIS.
Un acierto de la dirigencia indígena en su contacto con la opinión pública, es que supo proyectar la dimensión medioambiental de la defensa del
TIPNIS.
Pues ahora más que antes, para la percepción de la población en general no sólo se trata de la lucha de los pueblos indígenas en defensa de su
hábitat, sino que es también una lucha por el medio ambiente en bien de todos. Por tanto el respeto del TIPNIS es cada vez más una demanda
nacional.
Finalmente, la defensa del TIPNIS, tanto en su dimensión académica como ideológica y política, ya ha transcendido las fronteras del país y es por
ello que en las reflexiones académicas y los debates medioambientales en distintos escenarios del planeta, tal como en su momento lo fue la guerra
del agua, esta lucha se ha constituido en el caso TIPNIS, un ícono referencial de resistencia, de dignidad en la defensa de los derechos, de coraje
por ponerse al frente del modelo de desarrollo que nos impone el sistema capitalista.
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