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Boletín Virtual No 436 , Año 11. Mayo de 2012.
RED de comunicación del personal de CIPCA-Bolivia
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Posibles efectos del Código forestal Brasilero, si se aprueba
Ricardo Rojas
A fines de abril el Congreso brasilero aprobó con una sólida mayoría la reforma al Código Forestal de ese país, la misma fue remitida a la Jefa
del Estado, Dilma Rousseff, para que sea sancionada (aprobación o rechazo). Esta reforma es polémica ya que revive la vieja discusión en Brasil
sobre la necesidad de regularizar la tenencia y uso de la tierra y, por otro lado el debate entre la protección de los bosques y/o la expansión de
la frontera agrícola para usos productivos, todo esto con un mayor énfasis en la Amazonía. Según varios grupos detractores de la norma -entre
éstos los pueblos indígenas e instituciones ambientalistas- la reforma busca atender las demandas del sector agroindustrial e ignora a los sectores
más vulnerables como los pueblos indígenas y los pequeños productores, además de la comunidad científica la cual considera que la misma permite
la tala de enormes extensiones de bosque y otorga amnistía a quienes talaron grandes superficies en la Amazonía dejando a la región y otras áreas
protegidas de importancia nacional sin protección ambiental y en favor de una mayor actividad agropecuaria basada en la ampliación de la frontera
agrícola.
Según la comunidad científica y grupos ambientalistas, la reforma al Código Forestal dará lugar a una eminente flexibilización de la legislación
ambiental, al proponer una serie de cambios controversiales, siendo los siguientes los más importantes: la reducción en áreas especiales de
protección; la moratoria para la eliminación de la cobertura boscosa y; el establecimiento de un periodo de amnistía a productores que deforestaron
ilegalmente hasta julio de 2008. La primera iniciativa propone reducir de 30 a 15 metros en áreas ubicadas cerca de cuerpos de agua y zonas de
interés para la protección de afluentes y así impedir que éstos se desborden; la segunda propuesta plantea una moratoria de cinco años para la
eliminación de la cobertura boscosa con fines agrícolas; la última concede a los productores que deforestaron ilegalmente un plazo de 20 años para
recuperar lo destruido.
Según el Instituto Brasilero para la Investigación Económica Aplicada (IPEA), esta reforma dejaría vulnerables entre 400 mil y 700 mil kilómetros
de bosque dando lugar a una pérdida de más de 76,5 millones de hectáreas forestales, generando emisiones a la atmósfera de 28 mil millones de
toneladas de CO2 y llevando a la extinción de por lo menos 100 mil especies. Por otro lado, el Instituto de Estudios de Comercio y Negocios
Internacionales (ICONE) sostiene que en general la reforma significaría un retroceso para Brasil, pues al debilitarse las normas existentes de
protección de bosques se abriría la puerta a una mayor destrucción en la Amazonía y otros ecosistemas brasileros ya que permitirá que más áreas
forestales sean destinadas a la producción agrícola.
Ante este panorama, es innegable que la reforma del Código Forestal es una señal contradictoria sobre los compromisos que internacionalmente asumió
Brasil como parte de su estrategia para mitigar el Cambio Climático, a través de la cual se comprometió a reducir su ritmo de deforestación en un
80% para el año 2020. En este sentido, la reforma del Código Forestal debería apuntar, más bien, a generar mecanismos que fomenten la protección
ambiental, la recuperación de las áreas de bosque devastadas y un uso eficiente del suelo. Finalmente la reforma al Código Forestal debería
fomentar el aprovechamiento de tierras cultivables disponibles, las cuales aún existen en Brasil, siendo esta una opción.
Sin duda los impactos de este modelo de aprovechamiento forestal que Brasil pretende impulsar a través de la aplicación de las reformas del Código
Forestal también repercutirán eminentemente en el resto de la Amazonía, siendo Bolivia uno de los más vulnerables, por un lado, debido a la
situación fronteriza extensa que tiene con esta potencia y por el otro a la facilidad con que los modelos de producción brasileros son adoptados por
las poblaciones fronterizas y otros actores presentes en la Amazonía.
La Ley de Bosque y la Ley de Amazonía están en agenda para ser promulgadas por la Asamblea Plurinacional Boliviana, por lo que deberá haber una
reacción oportuna y propositiva de las organizaciones campesinas e indígenas, así como desde otros actores de la sociedad civil con el objetivo de
precautelar que no se afecten los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, que la legislación ambiental no se vea flexibilizada, pero
sobre todo lograr un desarrollo integral y sustentable en beneficio de la población sin afectar la biodiversidad del País.
* Miembro de la UAP de CIPCA.
Lunes, 21 Mayo 2012
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