*[JM] Pedro García-Hierro: PERÚ: EN RESPUESTA AL SR. ALTHAUS.

[CGTP.Red.Juvenil.Perú]

From: juventud...@hotmail.com
Subject: Perú: En respuesta al Sr. Althaus
Date: Thu, 21 May 2009 06:59:40 +0000

El destacado abogado, ex asesor de AIDESEP, presenta este texto de
respuesta al periodista de El Comercio y Canal N. Un valioso
documento, de lectura definitiva, en donde se señalan y desarrollan
los roles e intereses de un sector del Gobierno peruano que agrupa a
grandes intereses económicos frente a los pueblos indígenas, una
relación histórica de conquista, conflicto y lucha permanente.
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PERÚ: EN RESPUESTA AL SR. ALTHAUS
Por Pedro García-Hierro*

Por segunda vez un editorialista de El Comercio, el señor Althaus,
toma mi nombre para introducir el relato, francamente alucinado, de
una intriga que intenta ubicar la problemática indígena nacional en el
contexto de una maquinación internacional perversa orientada a
terminar con el capitalismo internacional. O algo así.

Se trata con ello, al igual que la primera vez, de desorientar a la
opinión pública del verdadero problema de las comunidades y pueblos
indígenas del Perú. Pero a decir verdad, el señor Althaus practica un
periodismo tan predecible y evidencia tanta sujeción a intereses
económicos específicos que realmente siempre se puede adelantar por
dónde irán sus opiniones, se trate de indígenas, de la sentencia a
Fujimori, del TLC o de cualquier otro tema de interés nacional.

Su desinformación, fruto de su desmesurado fundamentalismo, sería
preocupante en el seno de un diario serio como El Comercio si no fuera
porque, a mi parecer, genera en amplios sectores de la intelectualidad
nacional sentimientos de rechazo para las causas que defiende,
generando benéficas suspicacias en relación a su información.

Jaime de Althaus es director y conductor del programa de televisión
“La Hora N” y columnista semanal en el diario “El Comercio“

Comienzo por refutar sus afirmaciones sobre mi persona para salirnos
de lo anecdótico: dice que hice un pronunciamiento ideológico radical
que fue plasmado en un documento solicitado por Ibis en 1992: Ibis en
ese tiempo no existía en el Perú; dice que soy asesor de AIDESEP, lo
fui y con mucho orgullo hasta 1994, hace mas de 13 años; dice que se
trata de una intriga internacional puesto que yo soy un abogado
español: soy además abogado peruano y he viajado a España en los
últimos 37 años solo para conocer a mis nietas.

Digo que fui asesor de AIDESEP con mucho orgullo. Porque, entre otras
cosas, ha sido una institución capaz de promover permanentemente los
derechos indígenas a nivel nacional e internacional y porque se debe
al impulso de AIDESEP la titulación de la mayor parte de las tierras y
territorios indígenas del Perú; por ello cuenta con un amplio
historial de reconocimientos internacionales.

AIDESEP o alguno de sus programas o filiales ganaron premios como el
AntiSlavery (por combatir la esclavitud generada por los madereros en
Atalaya), el Bartolomé de Las Casas y el Andrés Bello (por haber
instituido FORMABIAP un programa de formación de profesorado bilingüe
e intercultural modélico para América) y otra vez el Bartolomé de Las
Casas (para la FENAMAD de Madre de Dios por su defensa del medio
ambiente frente a la extracción petrolera irregular).

Sus representantes, tildados por Althaus como personajes secuestrados
por ideologías perversas, han sido reconocidos con premios como el
Goldman, en dos ocasiones (por defensa del medio ambiente) o el Right
Livelihood Award - “Premio Nobel Alternativo” (del Parlamento sueco
por su contribución al desarrollo y defensa de los derechos humanos).
Como puede entenderse, las alucinaciones del Sr. Althaus son tan solo
lo que parecen ser.

Se dice que AIDESEP, y su estrategia internacionalista, está
ampliamente financiada por instituciones radicales extranjeras. No sé
a cuáles se refiere pero en mi tiempo AIDESEP fue financiada, por
poner un ejemplo, por agencias o programas vinculados a AECI (oficina
de cooperación española), DANIDA (sistema de cooperación del gobierno
danés) HIVOS y otras pertenecientes al sistema de cooperación
holandés, Terra Nova, del sistema de cooperación italiano, GTZ y otras
del sistema de cooperación alemán, NORDECO del sistema de cooperación
nacional de Noruega, etc.

Si todas estas instancias son de corte radical y fueran por ello
estigmatizadas, Perú debería salir definitivamente fuera del circuito
internacional de la cooperación solidaria. Por lo que hace a la
amplitud de ese financiamiento, el Sr. Althaus, como suele ocurrir con
personas mucho menos formadas, insinúa perversamente cifras
faraónicas. Es fácil concretar esa información que personalmente
desconozco. La tiene el Estado, la supervisan las instituciones
competentes, la auditan los donantes. Dudo mucho que la mayor parte de
los empresarios y políticos que defienden los intereses que AIDESEP
combate puedan mostrar la misma apertura y disponibilidad para el
control. El Sr. Althaus demuestra muy poca seriedad periodística en
sus afirmaciones.

Por lo que hace a los siempre mencionados sueldos fabulosos de los
asesores de AIDESEP, o mucho han cambiado las cosas últimamente o le
puedo asegurar que cualquiera de ellos cambiaría a ojos cerrados su
cuenta bancaria por la del señor Althaus.

Con respecto al fondo del asunto: el Sr. Althaus habla de una supuesta
estratagema subversiva orientada a generar territorios étnicos
autónomos.

El editorialista se quedó en el siglo pasado al respecto del derecho
internacional de los derechos humanos. Si observa textos como el
Convenio 169 o la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas y otros que no son del caso, verá que la tesis
que él replica como inaceptable fue hace ya muchos años superada por
el derecho internacional. Los pueblos indígenas no sólo tienen derecho
a gobernar con autonomía sus territorios, eso ya era muy claro en los
textos de la década del 90, sino que tienen reconocido por Naciones
Unidas su derecho de libre determinación.

“En cualquier caso sí es importante aclarar que por mucho que se
recurra al pataleo y le parezca inaceptable al Sr. Althaus, la libre
determinación de los pueblos indígenas es irreversible y más bien lo
que resta es una progresiva concreción de ese derecho en las
Constituciones de cada país americano.
Por eso corre tanta prisa a determinados sectores económicos de Perú y
Colombia para hacerse con los recursos y tierras indígenas antes de
que ese derecho, ya establecido, se precise en su verdadero
significado por sentencias de jurisdicción internacional”

Puede el editorialista consultar en los manuales qué es lo que eso
significa. La libre determinación de los pueblos, que Perú ha suscrito
al firmar la Declaración, supone que estos pueblos determinan
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo
económico, social y cultural pudiendo disponer, libremente para el
logro de sus fines de sus riquezas y recursos naturales. En este
contexto la consulta previa, a la hora, por ejemplo, de declarar un
lote petrolero o minero o de dictar una ley que les afecte, no es una
cortesía o un trámite. Es una consecuencia obvia del derecho de libre
determinación que tienen todos los pueblos y naciones del mundo sobre
sus propios recursos.

En estados plurinacionales como los americanos(1) , esto no es un más
que un reto a la creatividad jurídica, al diálogo entre iguales, a la
modernización y puesta al día de Estados fraguados por la mentalidad
colonial y que necesitan entrar con una dignidad recuperada a los
nuevos tiempos. El gritar que todo esto es inaceptable tiene un rancio
sabor inquisitorial y pareceres como el expresado por el Sr. Althaus
están destinados a ser condenados eternamente por la historia de este
país, como ya lo dijera Haya de la Torre al dirigirse a aquellos que
negaran a los indígenas sus derechos.

En cualquier caso sí es importante aclarar que por mucho que se
recurra al pataleo y le parezca inaceptable al Sr. Althaus, la libre
determinación de los pueblos indígenas es irreversible y más bien lo
que resta es una progresiva concreción de ese derecho en las
Constituciones de cada país americano. Por eso corre tanta prisa a
determinados sectores económicos de Perú y Colombia para hacerse con
los recursos y tierras indígenas antes de que ese derecho, ya
establecido, se precise en su verdadero significado por sentencias de
jurisdicción internacional.

El planteamiento de que con la autonomía territorial se atenta contra
la soberanía nacional o se propicia el separatismo es ya muy antiguo y
las organizaciones indígenas ya lo han escuchado en infinidad de
ocasiones. Pero habitualmente fue esgrimido por gobiernos militares y
no por un periodista civil de un diario decente.

Salvo algunos casos que se amparan en derechos históricos especiales
(como pudiera ser el caso de la Mosquitia) no he escuchado a ningún
pueblo indígena americano hablar de separaciones o cosas similares. No
es ese el punto. Y por supuesto que los indígenas no aspiran, como
insinúa el editorialista, a que no se cumpla la ley nacional en sus
territorios. Muy por el contrario, sus luchas se orientan a que los
Estados cumplan las normas y los compromisos jurídicos, que las
empresas se sometan a los derechos constitucionales, que las reglas
del juego no sean el arreglo furtivo y la exclusión.

En diversas ocasiones, el Sr. Althaus se ha mostrado preocupado por el
carácter vinculante o no de los pactos y acuerdos internacionales que
defienden los derechos indígenas (y que a él tanto le sorprenden por
cuanto traslucen rebeldía internacional al sistema monopólico de
concentración de poder económico y político en el que tan cómodamente
se maneja).

En definitiva pone en duda si deben ser de obligatorio cumplimiento, o
no, compromisos que Perú ha asumido en el seno de la comunidad
internacional. Es una duda que podría aducir una banda de mafiosos, no
el gobierno legítimo de un país democrático. Pacta sunt servanda, los
romanos ya lo sabían. Los pactos son para cumplirlos y, en el caso de
la Declaración, está obligación, se precisa de manera tajante con
fórmula inusual en los textos internacionales: … los Estados
promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la
presente Declaración (artículo 42º).

Así lo ha entendido la Corte Interamericana que ya recoge la
Declaración como fuente de derechos de manera reiterada en sus
sentencias. Por cierto: la Declaración se alcanzó después de varias
décadas de debates, no en una noche de serenata, y Perú fue,
curiosamente, uno de sus impulsores más fervientes durante muchos años
y hasta el propio día de su firma.

Al Sr. Althaus debe preocuparle que instituciones como la Defensoría
del Pueblo o los obispos amazónicos o las diversas instancias
especializadas de derechos humanos y los gremios del país o la
comisión multipartidaria del Congreso de la República vean con ojos
solidarios y comprensivos las pretensiones de los pueblos indígenas.
¿Es una trama? ¿Son todos contra el Sr. Althaus?

El Sr. Althaus reclama que el único problema de los decretos es que
violaron el derecho a la consulta. Supongamos que fuera así, lo que
dista mucho de la realidad, entonces, si las normas se han generado
violando un derecho del más alto rango, deben ser derogados. Y se
supera el problema. Punto, tranquilidad para todos. El poder judicial
y el Tribunal Constitucional colombianos ya lo han hecho, por esa
misma carencia de consulta, en repetidas ocasiones y con normas tan
importantes como el régimen agrario y el forestal de aquel país.

“hace falta diálogo honesto, voluntad política democrática,
comprensión intercultural, respeto a las instituciones
representativas, sumisión a los compromisos internacionales sobre
derechos humanos y atención a las prioridades constitucionales”

Y no son solo los famosos decretos, hay mucha legislación anterior
inconsulta y perjudicial, como todas las que diseñan el nuevo régimen
de titulación de tierras, las servidumbres mineras y tantos otros. Así
como diversidad de actos administrativos y concesiones realmente
impactantes para la vida y los bienes de los pueblos indígenas que
debieran ser revisados para ajustarse a ley.

El Sr. Althaus pide un diálogo extremo y hasta las últimas
consecuencias, todos lo piden. Pero, los pactos internacionales
reclaman una condición al diálogo: que sea de buena fe y que se busque
obtener acuerdos o el consentimiento. La Mesa de Diálogo que se
instaló por Decreto Supremo Nº 002-2009-MIMDES (por supuesto de manera
inconsulta) es un complot entre amigotes, no una Mesa de Diálogo
orientada por la buena fe: los acuerdos ya se habían establecido antes
de constituir esa Mesa con determinadas contrapartes indígenas que,
por supuesto, se prestaron al consentimiento ya hace algunos lustros.
No hacen falta Decretos, hace falta diálogo honesto, voluntad política
democrática, comprensión intercultural, respeto a las instituciones
representativas, sumisión a los compromisos internacionales sobre
derechos humanos y atención a las prioridades constitucionales.

“Los problemas indígenas están originados en una historia de despojos
y falta de respeto a las leyes y se mantienen hoy en base a una
alianza mafiosa entre lo peor de un empresariado internacional
extractivo y una maquinaria nacional corrupta de funcionarios que
subordinan los intereses nacionales y que cuenta con impunidad y que,
además, se la aseguran a largo plazo (con algunas inesperadas fallas
del sistema como la sentencia a Fujimori)”
A pesar de lo que quiere hacer creer el Sr. Althaus, y que ha sido
repetido por políticos y demás interesados, los problemas indígenas no
son problemas creados por ideólogos. Algunos, como el padre Bartolomé
de Las Casas, los obispos de la selva o el actual Relator de Naciones
Unidas, han generado discursos posiblemente mucho más “radicales” que
el que yo haya podido aportar al movimiento indígena (y que, lejos de
ser clandestino, está explícito en diversos textos accesibles en el
entorno universitario).

Los problemas indígenas están originados en una historia de despojos y
falta de respeto a las leyes y se mantienen hoy en base a una alianza
mafiosa entre lo peor de un empresariado internacional extractivo y
una maquinaria nacional corrupta de funcionarios que subordinan los
intereses nacionales y que cuenta con impunidad y que, además, se la
aseguran a largo plazo (con algunas inesperadas fallas del sistema
como la sentencia a Fujimori).

Los efectos de esta conexión delictiva son nefastos para la economía
nacional, muy contrariamente a lo que se propugna; es también letal
para la democracia, la transparencia y la gobernanza del país.

Pero sobre todo está siendo criminal para la supervivencia de los
pueblos que formaron el Perú, hoy inmersos en un marco territorial de
concesiones viciadas en donde no se les quiere otorgar otro rol que el
de víctimas, al margen de los discursos y fantasías con que se trata
de ocultar una realidad que, para quienes conocen la selva, se
evidencia a cada momento. Una realidad que la prensa citadina oculta
apretando los dientes y muchos intelectuales olvidan oprimiendo su
nariz.

¿Quiere saber el Sr. Althaus lo que yo creo que enerva a los
comuneros?

- El saber que mientras que la titulación de sus territorios (ocupados
durante cientos de años) está obstaculizada por toda una serie de
requisitos burocráticos, colonos y grandes empresarios obtienen todas
las facilidades para hacerse dueños de unas tierras que ni siquiera
conocen.

- El saber que, aún las tierras tituladas no cuentan con las más
mínimas garantías de parte de las instituciones del Estado de tal
manera que, cada día, junto con sus esposas y sus hijos, los comuneros
indígenas están sometidos a tensiones, riesgos y provocaciones que les
impiden emprender su desarrollo familiar con tranquilidad. Y que este
permanente menosprecio de la propiedad privada es avalado e impulsado
por el propio gobierno.

- El ver que mientras que las empresas extranjeras disfrutan de todas
las reglas de juego necesarias para explotar las materias primas del
país (incluyendo la impunidad ecológica y laboral) el Estado no ofrece
la más mínima atención al desarrollo de las comunidades ni a su
conocimiento sobre la biodiversidad ni a sus tecnologías ni le ofreció
nunca otro apoyo que la represión, la limosna y el olvido.

- El saber cómo se dictan diariamente normas tendientes a recortar más
y más sus derechos y a fortalecer el derecho de sus agresores. El
escuchar del señor presidente de la República sus afecto hacia el
capital extranjero y su insulto reiterado a los pueblos originarios
del Perú.

- El ver cómo el Estado intenta acabar con las propias instituciones
educativas de los pueblos indígenas que, como FORMABIAP, fueron
diseñadas para afrontar lo que el propio Estado no hace, educar
profesorado bilingüe e intercultural, a fin de que los niños y jóvenes
puedan estudiar no en un idioma desconocido sino en su propio idioma.

- El ver cómo se mantiene instituciones cercanas a la esclavitud en
los escenarios locales del proceso de extractivo de la madera,
mientras que ministros y especialistas amigos dan alabanzas al sistema
y proclaman la necesidad de seguir extrayendo lo que ya prácticamente
no existe gracias a la actitud depredadora de sus socios.

- El ver cómo cientos de niños y niñas indígenas se ven obligados a
abandonar sus hogares y son explotados de manera abominable y
desprotegida en las zonas mineras o de “expansión del desarrollo
extractivo”, como Madre de Dios y Chanchamayo. El escucharle al Sr.
Presidente que “las malas prácticas mineras” son cosa del pasado
cuando vemos los desastres de Ananea, Inambari, Guacamayo, Carabaya,
Huancabamba, o tantos otros, algunos propiciados por empresarios del
entorno palaciego.

- El ver cómo después de 30 años de explotación petrolera en sus
territorios, los achuar del Río Corrientes cuentan sus distritos entre
los últimos de la lista de extrema pobreza del Perú y sus hijos sufren
con enfermedades irreversibles y un altísimo porcentaje de plomo y
otros metales en su sangre; el ver que el alimento que comían, los
lugares donde se bañaban, el agua que bebían, el aire que respiraban
ya no existe o se ha podrido a vista y paciencia de un Estado
permisivo.

- El salir cada mañana a buscar comida a un monte o a un río que ya
perdió su vitalidad y el regresar a ver a su familia enfermándose sin
ninguna atención de los servicios de salud del Estado.

- El que miles de asháninkas dieran su vida por la pacificación del
país mientras madereros y otros colonos azuzados por el aparato
estatal invadían y usurpaban los territorios comunales que debieron
abandonar para enfrentarse al terrorismo. Y que esos territorios hasta
hoy no hayan podido recuperarse.

- El haber sido burlados una y mil veces en los trabajos concertados
con el Estado, como el caso del Parque de Ichigkat Muja, componente
sagrado del territorio awajum y lugar de extrema vulnerabilidad
ecológica, que fuera acordado proteger como Parque Nacional para
luego, por presión política ser recortado y entregado a empresarios
mineros.

- El saber que esa frontera, para cuya defensa los awajum y wampis
ofrecieron la vida de sus jóvenes durante el conflicto, estaba en esos
mismos momentos siendo objeto de negociaciones con empresas mineras
extranjeras, algunas vinculadas con el entorno castrense ecuatoriano y
ver cómo hoy se va a instalar minería a cielo abierto allí donde están
todas las nacientes de sus ríos.

- El ver cómo se silencia con el mayor celo la realidad de las
comunidades indígenas amazónicas y andinas y cómo se confunde
diariamente a la opinión pública a través de medios de comunicación
bajo control de un círculo muy pequeño de la élite económica nacional;
el observar cómo son insultados sus dirigentes y sus políticos; el
sentir que para el país no son más que un recurso folklórico y para el
gobierno el más molestoso obstáculo para el libre juego del despojo de
las riquezas nacionales.

- El ver cómo se empobrecen en sus propias tierras y cómo se les acusa
de empobrecerse y cómo se les aconseja salir de la pobreza practicando
un poco más de lo mismo que les empobrece.
Podría seguir infinitamente porque he vivido a diario estas
injusticias durante 39 años de mi vida. Lo que pasa a los pueblos
indígenas es que ya no pueden más. Que se les ha cercado y que saben
que no pueden sobrevivir como pueblos en las actuales circunstancias.
Sienten que después de 500 años de resistir agresiones, el actual
gobierno se ha empeñado en escribir el capítulo final a la Conquista y
se rebelan por consideración a sus abuelos y a sus hijos.

Se dice que no quieren el desarrollo. Yo trabajé en las comunidades
del Cenepa y Marañón durante 16 años, y allí se había logrado un
desarrollo muy propicio, a pesar de que el Estado no tenía en aquel
entonces la más mínima presencia. La Central del Cenepa contaba con un
sistema de bazares bien organizado, vendía regularmente cacao,
artesanía y otros productos agrícolas, molía y distribuía piensos,
promovía gallineros, piscigranjas, había logrado un cierto desarrollo
de la salud en base a servicios propios y capacitaba a sus sanitarios
y laboratoristas, promocionaba talleres de costura y artesanía y
vendía sus productos, realizaba capacitación técnica en muchos
aspectos, habían incursionado en empresas tan modernas como el
Serpentario o un incipiente tratamiento del oro extraído
artesanalmente.

El gobierno del señor Alan García acabó con todo eso hundiendo en la
hiperinflación los pequeños negocios que habían surgido. Como ocurrió
con tantos a los que hoy el gobierno califica (¿o acusa?) de pobres y
“apoya” con las limosnas humillantes de programas como Juntos o
Crecer.

Y ahora este mismo Presidente, les acusa de perros del hortelano. Eso
es lo que a mi juicio les enerva. Y a la ciudadanía debiera enervarle
también.

En estos últimos días la impotencia, la rabia y la exclusión han
llevado a los dirigentes de AIDESEP a expresar su hartazgo con medidas
y proclamas que a todos nos han sumido en preocupación. No es otro
cosa que furia ante el menosprecio. En términos prácticos significa
muy poco más que eso.
Mucho más preocupante, y posiblemente mucho más amenazante en términos
prácticos, es la nueva provocación del Sr. Presidente. En su expresión
“las tierras de la Amazonía son de ustedes, son de todos los peruanos”
hay un llamado explícito al Far-West, a la limpieza étnica, a la
invasión. Porque no habló metafóricamente. Si así fuera, hubiera
continuado diciendo que, en ese mismo sentido, son de todos los
peruanos las fincas de Ica, los palmerales de Cainarachi, las
haciendas azucareras, los terrenos del club de Golf o los solares y
patios de cada vecino de Lima. Pero no dijo así, dijo “las tierras
amazónicas”, buena parte de ellas propiedad privada o posesión
legítima de las comunidades y pueblos indígenas. Lo que dijo es que
una es la propiedad de los ciudadanos nacionales y otra cosa es la
propiedad de los indígenas: esa es de todos. Es el retorno del General
Custer. Una proclama tan imprudente e irresponsable como esta es un
verdadero llamado al genocidio.

Ojalá la ciudadanía se de cuenta de ello.

En fin Sr. Althaus, no son los pueblos indígenas los que violan la
soberanía nacional ni nunca lo pretendieron. Sí la violan aquellos que
negocian los recursos mineros fronterizos, los que generan “los
faenones” petroleros, los que negocian por debajo de las mesas la vida
de los pueblos y la salud del ambiente, los que traicionan a sus
ciudadanos originarios vendiéndoles dentro de lotes petroleros sin la
más mínima consideración por su vida y su salud.

Si el Sr. Althaus, como dice, está dispuesto a “desnudar la verdadera
naturaleza de ese movimiento” empiece por investigar los negociados
del chuponeo telefónico y los entretelones de cada concesión minera o
petrolera en este país, los nombres y las firmas detrás de cada
habilitador forestal ilegal, las cesiones de tierras de San Martín a
los grupos bancarios, las concesiones mineras fronterizas del Cenepa,
…. Hay mucho por descubrir se lo aseguro. Y ahí obtendrá una
explicación, mucho más sencilla que la que usted propone, de la
intriga internacional que subyace a esta problemática.

Termino diciendo que estuve pensando en reaccionar judicialmente
frente a las difamaciones del editorialista del Comercio, pero creo
que ser difamado es un asunto más serio.

El que se ponga mi nombre al lado de los indígenas es normal, eso ha
sido mi vida y no me queda ya mucho para cambiarla. Siempre me
enorgullecerá el ubicarme de ese lado.

Pero sí quiero pedir disculpas a las organizaciones indígenas por la
insolencia del Sr. Althaus de despojarles a ustedes de su
protagonismo. Saben que siempre trabajé en una segunda fila y así me
gustaría poder seguir colaborando.

Ocurre que los hay que todavía dudan de que ustedes tengan alma, de
que piensen por sí mismos y de que no haya una mano negra que mueve
sus inocentes designios. Ellos saben de eso: si no, ahí están los
otros indígenas, los “indígenas buenos” que ofrecen al Estado sus
servicios para doblegar a sus paisanos, como ha ocurrido desde
siempre, por desgracia, en toda la historia de la conquista del Perú.

Notas:

(1) ¡Sí, ya veo al Sr. Althaus, retorcerse!: el derecho internacional
me permite decir que los awajum o los asháninkas son una nación, y en
caso de dudas lea el Artículo 9º de la Declaración.
—
* Pedro García-Hierro es abogado por la Universidad Complutense de
Madrid y la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado
durante los últimos 35 años con diversas organizaciones indígenas
tanto peruanas como internacionales en temas referidos a los derechos
colectivos de los pueblos indígenas y el impulso de reformas
democráticas interculturales.