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DEFENSORÍA DEL PUEBLO PRESENTA PROYECTO DE LEY MARCO DEL DERECHO A LA CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

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Nota de prensa y Proyecto de Ley de Consulta

•  Propuesta busca sentar las bases para institucionalizar un diálogo intercultural e inclusivo en el desarrollo de las políticas públicas.

•  Institución exhorta al Congreso  a que se consulte a los pueblos indígenas la regulación del referido derecho.

Lima, 06 de julio de 2009

FRENTE NACIONAL POR LA VIDA Y LA SOBERANIA NACIONAL

AIDESEP, CGTP, CUT PERÚ, CONACAMI, CAOI, UFREP, CCP, CNA, CPS,  CONAFREP, SUTEP, SITENTEL, FEP, UNCA, CONQA, CONAEM, Rondas Campesinas, Movimiento Cumbre de los Pueblos, partidos políticos de izquierda, socialista y nacionalista

Jornada Nacional de Lucha: 8 de Julio

Paro Andino-Amazónico: 7, 8 y 9 de Julio

Luego de la histórica huelga amazónica y solidarios con los pueblos, comunidades, frentes regionales, organizaciones sindicales, sociales y de productores o trabajadores de servicios, en lucha a lo largo y ancho del país;

Rechazando la gestión autoritaria y corrupta del Gobierno de Alan García, el incumplimiento de sus compromisos electorales, el continuismo y profundización de la política económica neoliberal y primario-exportadora en beneficio de las transnacionales y los grupos de poder y en contra de las mayorías nacionales, cuya protesta social persigue y criminaliza;

Repudiando la continuidad impune del Gabinete Simon-Cabanillas-Araoz, responsable de los sangrientos sucesos de Bagua y de imponer la intransigencia del Presidente García frente a las justas demandas de los pueblos amazónicos en defensa de la consulta previa,  sus territorios y derechos; así como el asesinato de un campesino en Chumbivilcas,

Indignados con un Congreso que da impunidad política al gabinete actual pero se desentiende del fracaso del “Plan Anticrisis”, el alza del costo de vida y las demandas populares; que renuncia a nuestra soberanía y quiere dejar  exportar el gas de Camisea sin importarle la necesidad energética del país; que, corroído por su propia corruptela, se calla ante la inaceptable liberación de Oscar Medelius y los responsables del fraude las firmas fujimoristas o la “detención domiciliaria” de lujo a León Alegría;

Hartos de la falsa democracia de un gobierno y un régimen político ilegítimos, que deciden las cosas de espaldas al pueblo, sin consulta, incumpliendo sus promesas electorales y la rendición de cuentas a la que los peruanos y peruanas tenemos derecho;

Cansados de una política económica que profundiza la crisis, aumenta el costo de vida y el desempleo que sufrimos, impide el aumento de los salarios, sueldos y pensiones a pesar del aumento precios y de la pobreza, que privilegia a los ricos y las transnacionales,  abandona al agro y la industria nacional, impide una Reforma tributaria para que paguen más los que ganan más y entrega el control del manejo y la renta que producen nuestros recursos naturales a capitales extranjeros;

Hastiados del racismo y la histórica marginación de nuestros pueblos y comunidades originarias, amazónicas y andinas, del atropello que sufren en sus mismos territorios;

Uniendo fuerzas por el cambio del régimen político y económico y por la conquista de un gobierno que responda a los intereses del país y de las mayorías,  garantizando más justicia, democracia y libertad, más solidaridad y respeto a la pluriculturalidad;

EL FRENTE NACIONAL POR LA VIDA Y LA SOBERANÍA REAFIRMA LA JORNADA NACIONAL DE LUCHA DEL 8 DE JULIO Y EL PARO ANDINO-AMAZONICO DEL PROXIMO 7, 8 Y 9 DE JULIO exigiendo:

1.- Retorno al Perú de Alberto Pizango, líder amazónico y del Frente Nacional, con garantías y libertad, a encabezar la negociación con el Gobierno. No a la criminalización de la protesta social y persecución de los dirigentes sociales, populares y políticos que batallan por el cambio. Corte de juicio contra los dirigentes amazónicos, de AIDESEP, de los Frentes Regionales y gremios perseguidos y presos. Derogar los DL 982, 983, 988 y 989. Restitución de los 7 congresistas suspendidos. Fuerza de Ley al Convenio 169 de OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas.

2.- Inmediata renuncia del Gabinete Simon-Cabanillas-Araóz. Condenar el abuso, el autoritarismo, la violación a los derechos humanos y la corrupción del gobierno de Alan García y del régimen político, cada vez más ilegítimo y más repudiado. ¡Respeto a la dignidad y los derechos de los pueblos y a los hombres y mujeres del pueblo peruano!

3.- ¡Fin a la política económica neoliberal y primario exportadora, de sello antipopular y antinacional, que echa la crisis sobre los hombros de las mayorías empobrecidas, los trabajadores del campo y la ciudad, los pueblos originarios y sobre el agro y la industria nacional! Derogación de los DL para implementar el TLC con EEUU lesivos al país, de la Ley de Carrera Publica Magisterial que agrede los derechos del magisterio nacional, y las medidas contra los trabajadores de salud. Atender las justas demandas de los transportistas.

4.- Una política económica al servicio de la gente, un Estado que proteja los intereses e ingresos de las mayorías y de la producción nacional. ¡Basta de privatizaciones y entrega de nuestros recursos naturales, servicios y empresas publicas al negocio extranjero! ¡Protección al agro, las MYPES y la industria nacional en lugar de regalar el mercado interno a países extranjeros a través de los TLC! Suspender la aplicación de los TLC y la negociación de nuevos TLC, como el de la Unión Europea, por ser lesivos al país.

5.- Rebaja del costo de vida: Control de precios de los servicios públicos. Rebaja de la luz. No a la exportación del gas de Camisea. Ejecutar la inversión pública descentralizada comprometida. Programas de empleo de emergencia y reposición de despedidos. Aumento de sueldos, salarios y pensiones. Aumento del presupuesto de programas sociales, de salud y educación. Crédito y apoyo al agro. ¡Reforma Tributaria para que los ricos paguen más! Solución y atención a las demandas de las poblaciones y sectores sociales en lucha en todo el país. Declaración del agua como Derecho Humano.

7.- Cambio de régimen político, económico y social: Nueva Constitución y una Asamblea Constituyente de elección popular para construir un Estado Democrático y participativo, Descentralizado, Plurinacional y de Unidad en la Diversidad,  con un nuevo pacto social por la justicia social y una economía al servicio de la gente, sobre el equilibrio entre naturaleza, sociedad y cultura y el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos; servicios públicos y derechos laborales y sociales.

Lima, julio de 2009

¡ABAJO EL GOBIERNO DE GARCIA Y SU POLITICA VENDEPATRIA!

CONFEDERACIÓN GENERAL

DE TRABAJADORES DEL PERÚ

CGTP

Web: www.cgtp.org.pe / E-mail: cgtp@cgtp.org.pe

Plaza 2 de Mayo Nº 4 Lima 1 - Telefax: 4242357

98º CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA O.I.T.

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INTERVENCIÓN DE LA COMPAÑERA CARMELA SIFUENTES INOSTROZA, PRESIDENTA DE LA CGTP

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Gracias señor Presidente,

Señor Presidente, señoras y señores delegados de la Comisión de Aplicación de Normas de la 98 Conferencia Internacional del Trabajo:

El desconocimiento del Convenio 169 por parte del Gobierno de Perú ha producido graves consecuencias para los pueblos indígenas y Tribales en mi país. Quiero señalarles a ustedes los hechos que están ocurriendo y que dejan un desolador panorama de violencia. El viernes 5 de junio, la Policía inició una acción violenta contra la protesta que desde hace dos meses llevan a cabo las comunidades ubicadas en la localidad de Bagua, departamento de Amazonas.

Las protestas de las comunidades nativas están dirigidas a exigir la derogatoria de los decretos legislativos dictados por el Gobierno, sin consulta previa, que despojan a las comunidades de sus derechos legítimos sobre el agua y el territorio, normas que violan flagrantemente el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Perú.

La intervención armada para solucionar la huelga indígena, dejó como resultado la matanza de por lo menos 30 nativos, según las informaciones con las que contamos, aunque pueden ser muchos más; así como la muerte de 23 miembros de la policía. Al día de hoy, hay por lo menos 56 indígenas desaparecidos.

Adicionalmente, se vienen ejecutando redadas y detenciones indiscriminadas contra la población. Hay 89 indígenas detenidos, y se han emitido órdenes de arresto contra los dirigentes. Llamamos la atención de esta Comisión debido a que las protestas de las comunidades de Yurimaguas, Andoas y Trompeteros, entre otras, siguen adelante y tememos por la vida e integridad de sus miembros. Igualmente, por la vida de los indígenas que se encuentran heridos y recluidos en cuarteles militares.

Señor Presidente, señoras y señores de esta Comisión, las trabajadoras y trabajadores del Perú lamentamos profundamente que la aplicación arbitraria de una política contra los derechos de los pueblos indígenas haya derivado en este clima de hostilidad y sangre. Por esta razón, y antes de continuar con mi exposición, quisiera pedir a ustedes un minuto de silencio por todas las víctimas: indígenas, campesinos, líderes sociales y policías que han muerto y desaparecido.

Con la aplicación del modelo económico neoliberal del presidente García, se entrega los territorios ancestrales de los indígenas, a cualquier precio, a las empresas multinacionales. Empresas como Río Blanco Cooper S.A., la Compañía Minera Pampamali S.A., la empresa argentina Pluspetrol, Perú Corporation S.A y Newman Corporation, entre otras muchas, han explotado y siguen explotando nuestros territorios dejando a las comunidades peruanas sin territorio, sin derechos y sin vida.

En la misma lógica de libre mercado, el Gobierno peruano emitió los decretos legislativos impuestos por la adopción del TLC con Estados Unidos. El Congreso dio facultades al Presidente para reglamentar el tratado comercial. Sin embargo, este no sólo emitió decretos para regular el TLC sino que usurpó competencias del Congreso, y en más de 100 decretos modificó los derechos de las comunidades indígenas. También aprovechó para criminalizar la protesta social, entre otras medidas arbitrarias.

El conjunto de leyes y decretos, que no fueron consultados, modifican y anulan el régimen jurídico de la propiedad colectiva de las tierras, en abierta contradicción al Convenio 169. Ésta evidente vulneración dio lugar a que la Defensora del Pueblo, presentara ante el Tribunal Constitucional demandas contra algunos de esos decretos alegando que vulneran los derechos a la identidad cultural, a la propiedad de la tierra y a la consulta previa de los pueblos indígenas.

La critica situación que vive el Perú ocurre en el contexto de la implementación de una política del Gobierno del presidente Alan García, dirigida a establecer un marco jurídico y unas prácticas que permiten la explotación abusiva e indiscriminada de los recursos y territorios. Esta política solo puede ser desarrollada asegurando el despojo de los territorios ancestrales a los pueblos nativos.

La amazonía tiene concesionada 49 millones de hectáreas de 55 millones, es decir, el 72% de su territorio ha sido entregado por el actual Gobierno para la exploración y explotación de hidrocarburos, a diferencia de Brasil que sólo tiene concesionada el 13%, o Ecuador el 11%.

En la práctica, no se ha tomado en cuenta la firme convicción de las poblaciones indígenas peruanas que señalan la necesidad de un desarrollo integral. La deforestación de inmensas extensiones de bosques primarios, la contaminación de los ríos con plomo y otros metales pesados producto de la actividad minera y la extracción de petróleo de manera irresponsable, son consecuencias que no afectan sólo al Perú, sino que van en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad. Por ejemplo, sólo entre 2006 y 2009 se han producido 48 derrames de petróleo entre los lotes 8 y 1AB de Pluspetrol, contaminando los Ríos Tigres y Corrientes y sus afluentes, perjudicando a 34 comunidades nativas, y según los informes del Ministerio de Salud, el 98% de las niñas y niños de esas comunidades sobrepasan los límites de metales tóxicos, ejemplo cadmio en la sangre.

Mientras hoy en la OIT el Gobierno es llamado a explicar su incumplimiento al Convenio 169, en el Perú hay una gran jornada nacional de lucha para protestar por los sucesos ocurridos, y para exigir al Gobierno que garantice todos los derechos de las comunidades indígenas. Hemos conformado un Frente de Solidaridad compuesto por organizaciones indígenas, sindicales y populares, para exigir respeto por las 1400 comunidades indígenas de la amazonía peruana y sus 65 grupos étnicos.

La Comisión de Expertos ha realizado ocho informes relativos al Convenio 169 en los que le ha exhortado al Estado peruano a adecuar la legislación y la práctica a las obligaciones derivadas de ese Convenio. La CGTP, organizaciones indígenas, campesinas y de derechos humanos presentamos un informe alternativo en el 2008 sobre el cumplimiento del convenio a esa Comisión. Sin embargo, el Gobierno no ha cumplido con ninguna de esas observaciones.

La violación al derecho a la consulta previa, ha merecido que los Expertos en su último informe muestren preocupación porque diez años después de la emisión de diversos informes de la OIT sobre la consulta previa en las medidas que afectan a los pueblos indígenas, se sigan presentando quejas relativas al incumplimiento de esa norma.

El convenio 169 contiene una serie de derechos que en su conjunto garantizan la vida y el desarrollo de las comunidades indígenas. Uno de estos derechos, es la consulta previa sobre las decisiones que los afecten. Se trata de un derecho fundamental de la mayor relevancia histórica y política. Desde su reconocimiento, los Estados están obligados a respetar la facultad de los pueblos indígenas de determinar su forma y ritmo de desarrollo cultural, político, social y económico.

La crisis social y política que vive Perú en este momento es de la mayor preocupación. Ayer, el Relator de Pueblos indígenas de las Naciones Unidas se pronunció llamando a las autoridades del Estado a “ (…) adoptar todas las medidas adicionales necesarias, de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas”.

El Gobierno peruano en sus intervenciones públicas ridiculiza la lucha indígena, su defensa del territorio y la explotación sostenible de los recursos, desconociendo la discusión mundial sobre las medidas para hacer del planeta un lugar posible para las futuras generaciones. Los países del mundo, en el marco de las Naciones Unidas, han considerado que este es un tema fundamental.

Entre las medidas más importantes tomadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas está la designación del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Además, se estableció el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Posteriormente se aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. El Perú fue uno de los países que apoyó activamente la aprobación de ese instrumento.

Señores y señoras, a pesar de los discursos del Gobierno del Perú en el ámbito internacional sobre la adopción y apoyo a esos mecanismos, sus políticas defienden y promueven el enriquecimiento de unos pocos a costa de los derechos de los pobladores ancestrales y desarrolla sus actividades temerariamente, sin precaver las consecuencias lesivas que producen al medio ambiente.

Las trabajadoras y trabajadores peruanos exigimos al Gobierno que mantenga un diálogo social real y con soluciones, para superar esta profunda crisis. Rechazamos las acusaciones, que el Presidente ha lanzado contra los indígenas, sindicalistas y líderes populares señalándonos como terroristas que se oponen al progreso del país, siendo nuestro objetivo la defensa los justos derechos del pueblo peruano. Estamos convencidos de que, el postulado fundamental de la Constitución de la OIT, al que se comprometió también el Estado peruano, es hoy una necesidad inaplazable: “la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”.

Quiero terminar con la frase de un poblador de Bagua que se pregunta: “ por qué se afanan en hacernos ver como salvajes por defender nuestros derechos?”. Y señala él mismo: “no debemos olvidar que la violencia genera más violencia”.

Señor Presidente, el movimiento sindical peruano atendiendo a la particular gravedad actual de la situación de los indígenas, solicita a esta Comisión que envíe lo más pronto posible, una Misión de Alto Nivel que evalúe la grave situación de incumplimiento al Convenio 169 en el Perú, y que urja al Gobierno del Perú a:

1.   Proteger la vida de los miembros de las comunidades indígenas.

2.   Garantizar el ejercicio integral de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente al respeto de sus territorios, y a ser consultados de las decisiones que les afecten.

3.   Derogar los controvertidos decretos legislativos.

4.   Levantar el estado de emergencia y toque de queda en la selva amazónica, zona de inversión minera y petrolera, por ser medidas extremas y desproporcionadas frente a la legítima protesta.

5.   Aplicar medidas urgentes para salvaguardar las instituciones, personas, bienes, cultura, trabajo y medio ambiente de los pueblos indígenas.

Finalmente, consideramos necesario que la oficina de la OIT en Lima sea reforzada en sus capacidades para atender las necesidades de seguimiento y acompañamiento técnico a los interlocutores sociales para la implementación del convenio 169.

Gracias, señor Presidente.

Ginebra, junio 2009

FRENTE NACIONAL POR LA VIDA Y LA SOBERANIA NACIONAL

AIDESEP, CGTP, CUT PERÚ, CONACAMI, CAOI, UFREP, CCP, CNA, CPS,  CONAFREP, SUTEP, SITENTEL, FEP, UNCA, CONQA, CONAEM, Rondas Campesinas, Movimiento Cumbre de los Pueblos, partidos políticos de izquierda, socialista y nacionalista

JUEVES 11 DE JUNIO

JORNADA NACIONAL DE LUCHA

En Lima: marcha al Palacio de Gobierno

Concentración: Plaza Dos de Mayo, 2.00 p.m.

Ante la urgencia de conjugar esfuerzos unitarios en defensa de los pueblos amazónicos y su heroica lucha, las organizaciones que luchamos por la vida, la soberanía nacional, el progreso, por una democracia al servicio del pueblo, la justicia y la transformación social hemos decidido: conformar el FRENTE NACIONAL POR LA VIDA Y LA SOBERANIA, integrado por AIDESEP, CGTP, CUT PERÚ, CONACAMI, CAOI, UFREP, CCP, CNA, CPS,  CONAFREP, SUTEP, SITENTEL, UNCA, CONQA, CONAEM PERU, Rondas Campesinas, Movimiento Cumbre de los Pueblos, partidos políticos de izquierda socialista y nacionalista, y mantenerlo abierto para la incorporación de todas las organizaciones de nuestro pueblo.

Exigimos el levantamiento inmediato del Estado de Emergencia en Bagua, la desmilitarización de la zona, el cese de los asesinatos contra los pueblos nativos,  dejar sin efecto la orden de captura, se garantice la vida y cese la persecución política de los dirigentes de AIDESEP y su Presidente Alberto Pisando. Demandamos al Congreso la convocatoria inmediata de una Sesión extraordinaria para la derogatoria de los Decretos Legislativos que atentan contra los derechos indígenas, los tratados internacionales y entregan nuestros recursos a las multinacionales y grandes monopolios.

La justa lucha de los pueblos amazónicos liderada por AIDESEP pretende ser ahogada en sangre. La masacre de Bagua desnuda por completo la naturaleza del gobierno aprista de Alan García como defensor de las transnacionales. Ahora que la crisis internacional impacta en la economía peruana, el gobierno para resguardar las ganancias de las petroleras y multinacionales saqueadoras de nuestra selva ha optado por enfrentar con violencia las luchas populares, convirtiendo el escenario de lucha nativa en un espacio de lucha militar, ejerciendo indiscriminada violencia con la finalidad de mantener intacta la política neoliberal y el sometimiento a los intereses del imperialismo, Paralelamente ha dispuesto la captura de la dirigencia de AIDESEP y de su presidente el compañero y hermano Alberto Pisango, además de declarar el estado de emergencia en Bagua y militarizar  la zona.

Por su parte, en el Congreso, los aliados de García al burlándose de las demandas del pueblo y de la amazonia, postergado premeditadamente el debate sobre la derogatoria de los Decretos Legislativos entreguistas, han contribuido a  que se desate una masacre genocida en Corral Quemado y Curva del Diablo, en Bagua. Los resultados son catastróficos, más de veinte hermanos nativos y una decena de policías muertos. Paralelamente el gobierno ha dispuesto la captura de la dirigencia de AIDESEP y de su presidente el compañero y hermano Alberto Pisango, además de declarar el estado de emergencia en Bagua y militarizar  la zona.

El FRENTE NACIONAL POR LA VIDA Y LA SOBERANIA convoca a todo el pueblo, a las organizaciones populares, a las fuerzas democráticas, progresistas y sociales a participar en la jornada de lucha en defensa de la vida y la soberanía  para impedir que el gobierno aprista de Alan García y su política neoliberal al servicio de las transnacionales sigan masacrando a nuestros hermanos nativos de la amazonia y  exigir al parlamento la inmediata derogaría de los Decretos Legislativos entreguistas  que atentan contra la democracia y el estado de derecho.

Lima, 06 de junio del 2009

¡RECHAZO Y REPUDIO A LA MASACRE DE LOS HERMANOS NATIVOS!

¡ABAJO EL GOBIERNO DE GARCIA Y SU POLITICA VENDEPATRIA!

¡GLORIA A LOS HEROES NATIVOS ASESINADOS POR GARCIA!

¡VIVA EL FRENTE NACIONAL POR LA VIDA Y LA SOBERANIA NACIONAL!

¡ABAJO EL MODELO NEOLIBERAL!

ALBERTO PIZANGO RESPONSABILIZA AL GOBIERNO Y CONGRESO POR "GENOCIDIO"

Dirigente de AIDESEP responsabiliza al gobierno del gencidio cometido contra los pobladores de la amazonia. Vea sus declaraciones haciendo click en los siguientes enlaces:

Conf.Prensa_05-06-2009_AIDESEP(1)

http://www.youtube.com/watch?v=d3xwr1_97dM&feature=related

Conf.Prensa_05-06-2009_AIDESEP(2)

http://www.youtube.com/watch?v=30HQyIT_Rgo&NR=1

Conf.Prensa_05-06-2009_AIDESEP(3)

http://www.youtube.com/watch?v=ic8_CJAHP3s&feature=related

Conf.Prensa_05-06-2009_AIDESEP(4)

http://www.youtube.com/watch?v=2ZtJDF-yk78&feature=related

Fuente: Peru.com y Canal N

PRONUNCIAMIENTO

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EL GOBIERNO CRIMINALIZA LA PROTESTA SOCIAL Y RESPONDE AUTORITARIAMENTE FRENTE A LAS DEMANDAS SOCIALES

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“La Red contra la Criminalización de la Protesta Social", integrada por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), Confederación Campesina del Perú (CCP), Central Única de Trabajadores (CUT); Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINA), y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), ante los últimos acontecimientos que vienen sucediendo en el país, expresa a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1.- En las últimas semanas han sucedido hechos que solo ratifican el creciente proceso de criminalización de la protesta social y la respuesta autoritaria por parte del Estado ante las acciones legítimas de protesta de los diferentes sectores organizados del país.

2.- En este sentido, condenamos el atentado criminal contra la integridad física del Presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Moquegua, Zenón Cueva ocurrida el 7 de mayo en su domicilio, cuando una persona a rostro descubierto le disparo al cuerpo. Zenón Cueva ha venido conduciendo las protestas regionales ante los actos de corrupción que se dan en el gobierno municipal y regional en la administración de fondos del canon minero. Exigimos la pronta investigación y sanción a los responsables directos e indirectos.

3.- Exigimos, garantías para la vida de Zenón Cueva y los demás dirigentes sociales de las diferentes organizaciones de Moquegua que vienen sufriendo amenazas e intimidaciones.

4.- Respaldamos el legítimo derecho a la discrepancia democrática y a la protesta social que vienen realizando los pueblos indígenas amazónicos en defensa de sus derechos al territorio, recursos naturales y exigimos al gobierno que abra espacios de' diálogo.

5.- Rechazamos la declaración del Estado de Emergencia en las regiones de la Amazonía pues no es el camino para solucionar los conflictos sociales, los mismos que son generados por una política estatal que promueve un modelo de desarrollo que privilegia la excluyente y agresiva presencia de las empresas extractivas, sin regulación estatal ni la obligatoria consulta y consentimiento previo e informado con las comunidades, lo cual produciría el despojo de sus territorios y pondría en peligro su integridad como pueblos.

6.- Condenamos la violenta represión contra los nativos de Awajun y Wampis en el Puente Corral Quemado que ha provocado la detención del dirigente Zebelio Kayak y varios manifestantes heridos con bombas lacrimógenas. Exigimos al gobierno que abandone las medidas represivas y abra espacios de diálogo para solucionar las demandas indígenas.

7.- Respaldamos las demandas de la comunidad estudiantil universitaria sanmarquina quienes vienen exigiendo diversas reivindicaciones una mejora en el comedor estudiantil, carnet gratuito y mejores condiciones de estudios en las universidades públicas.

8.- Como producto de esta protesta, rechazamos y condenamos, la detención de 23 estudiantes por parte de la policía nacional, el 6 de mayo en la madrugada. La mayoría de los estudiantes no estuvieron participando de la protesta estudiantil y se encontraban en la residencia universitaria. Los estudiantes sufrieron maltratos físicos que condenamos.

9.- En estos hechos se aprecia que las personas que se organizan para defender sus derechos sufren la represión de las autoridades, sea por medidas como el Estado de Emergencia o mediante hechos arbitrarios de violencia. En el caso de Zenón Cueva, además, podemos presumir que existen grupos de poder locales involucrados.

10.- Participaremos en la jornada nacional de protesta del 27 de mayo del presente, convocado por la CGTP, CUT y demás gremios sociales y políticos para lo cual la Red contra la Criminalización tendrá que prepararse a fin de articular la defensa a nivel nacional, en caso de producirse detenciones durante dicha jornada.

11.- Esperamos que la sentencia que emita el Tribunal Constitucional sobre la Acción de Inconstitucionalidad presentada contra los decretos legislativos 982, 983, 988 y 989, y que criminalizan las protestas sociales protejan los derechos humanos que estos decretos vulneran.

12.- Finalmente, defendemos el derecho legítimo de los pueblos a la protesta social pacífica, derecho amparado en los derechos a la reunión y el derecho a la libertad de expresión, reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

Lima, 11 de mayo de 2009

¡LA PROTESTA ES UN DERECHO Y NO UN DELITO!

  FEMUCARINA   

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PRONUNCIAMIENTO DE LOS OBISPOS DE LA AMAZONÍA ANTE EL PARO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS

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Como Pastores de las comunidades católicas en la Amazonía queremos dirigirnos a la opinión pública para expresar nuestra posición ante el paro de las comunidades nativas.

1. La región amazónica es rica en culturas milenarias y en biodiversidad. Ella es fuente de vida y esperanza para la humanidad. Por eso la consideramos uno de los mejores regalos de Dios porque el Perú es uno de los ocho países mega-diversos del planeta. La Amazonía tiene 31 de las 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95 % de los bosques del País y un importante potencial de recurso hídrico e hidroenergético. Este hecho nos exige a todos los peruanos y peruanas la responsabilidad de “cultivar la tierra y cuidarla” (Gen. 2) para bien nuestro y de las generaciones futuras.

2. Por eso como anunciadores “de la vida, queremos insistir que, en las intervenciones sobre los recursos naturales, no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida, en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad” (DA 471).

3. Desde esta perspectiva constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros.

4. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control.

5. Podemos afirmar que no se atiende el clamor de las poblaciones indígenas y ribereñas que desean un desarrollo integral, desconociendo el Estado el uso y ocupación de esas tierras por generaciones. En la práctica no se ha tomado en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados, como lo indica la Constitución Política del Estado y el Informe de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios de la OIT, publicado en febrero del 2009. En dicho Informe se insta al Gobierno Peruano a avanzar de inmediato en el diseño de mecanismos apropiados de participación de los pueblos indígenas y lo exhorta a consultarles antes de la adopción de medidas que los afecten directa o indirectamente.

6. Debemos expresar que “la Iglesia… valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano” (DA 472).

7. Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos. De esta manera se les condena al desarraigo de sus tierras y a ser asalariados en la siembra de la caña de azúcar, la palma aceitera y en las explotaciones mineras y de hidrocarburos.

8. Las normas legales que el Estado ha promulgado en el 2008 (especialmente dos Leyes y siete Decretos Legislativos) no aportan al desarrollo integral de la población amazónica. Por el contrario surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región.

9. No queremos violencia. Nos gustaría no apoyar el paro actual. Pero nos da la impresión de que el gobierno y el Congreso no muestran la intención de dialogar y buscar soluciones. Y así comprendemos la desesperación de las poblaciones indígenas y la creencia cada vez más extendida de que se compra a algunos de sus líderes para provocar la desunión y hacer ineficaces sus justos reclamos.

Esta desesperación y desunión hace que en su necesidad de ser escuchados acepten el apoyo de algunas asociaciones y grupos politizados que aprovechan la oportunidad para presentar otras peticiones o reclamos que de ninguna manera nosotros apoyamos.

10. Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional de la República, la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuya a la reformulación de su contenido con la participación de las poblaciones indígenas. Así mismo invocamos a estas poblaciones amazónicas y a sus líderes a unirse para buscar juntos el Bien Común. Consideramos necesaria una Mesa de auténtico Diálogo conformada por todos los actores sociales para la solución pacífica y armoniosa del conflicto creado.

A manera de conclusión, reafirmamos con los Obispos de América Latina, la necesidad de “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (DA 474c).

5 de mayo del 2009

Mons. José Luis Astigarraga, C.P.         

Obispo del Vicariato de Yurimaguas     

Mons. Alberto Campos, O.F.M.

Obispo del Vicariato de San José de Amazonas

Mons. Santiago García de la Rasilla, S..J.   

Obispo del Vicariato de Jaén

Mons. Gerardo Zerdin, O.F.M.

Obispo del Vicariato de San Ramón

Mons. Gaetano Galbusera, S.D.B.

Obispo del  Vicariato de Pucallpa

Mons.  Francisco González, O.P.

Obispo del Vicariato de Puerto Maldonado

Mons. Julián García, O.S.A.

Obispo del  Vicariato de Iquitos

Mons. Juan Tomás Oliver, O.F.M.

Obispo del Vicariato de Requena

(Válido sin firmas)